El estado de Texas y el Gobierno federal de EE.UU. se convirtieron en las partes de una escalada de tensiones en la frontera con México, por la diferente política migratoria aplicada por las autoridades estatales republicanas y federales demócratas.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, defendió este miércoles en un comunicado el derecho de su estado a defender sus fronteras de la «invasión», que supone la inmigración ilegal, mediante la Guardia Nacional de Texas y el personal del Departamento de Seguridad Pública del estado. «El Gobierno federal ha roto el pacto entre EE.UU. y los estados», señaló. «El presidente [Joe] Biden se ha negado a hacer cumplir esas leyes e incluso las ha violado. El resultado es que ha pulverizado récords de inmigración ilegal», agregó el gobernador.
Además, Abbott acusó a Biden de que «en lugar de procesar a los inmigrantes por el delito federal de entrada ilegal, ha enviado a sus abogados a los tribunales federales para demandar a Texas por tomar medidas para asegurar la frontera». Según el gobernador, «la negativa ilegal [de Biden] de proteger a los estados ha infligido un daño sin precedentes al pueblo en todo EE.UU.». «Texas simplemente está asegurando la frontera» porque «la administración de Biden realmente abdicó» de su responsabilidad de hacerlo, sostuvo Abbott en declaraciones a FOX News.
La posición de Texas ha sido apoyada, de momento, por los gobernadores de 25 estados: Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Indiana, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.
Enfrentamiento legal
El comunicado de Abbott fue publicado luego que la Corte Suprema de EE.UU. fallara este lunes a favor del Gobierno federal para que pueda retirar el alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron a lo largo de la orilla del río Bravo, cerca de la ciudad fronteriza de Eagle Pass, para frenar la inmigración.
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— Chuck Callesto (@ChuckCallesto) January 23, 2024
Texas no está de acuerdo con el fallo y los militares del estado declararon que seguirán controlando la frontera con México y no permitirán que el alambre sea retirado por los agentes fronterizos, que dependen de la autoridad federal. El teniente Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, comunicó este miércoles que el estado estaba instalando más barreras de alambre.
Las discrepancias entre la administración Biden y el gobierno de Abbott se agudizaron este enero, cuando la Guardia Nacional de Texas cercó un tramo de alrededor de 4 kilómetros, que rodea al parque Shelby en Eagle Pass, de la frontera entre EE.UU. y México, lo que impidió que la Patrulla Fronteriza accediera a un parque municipal donde se encuentra una rampa para botes que utilizan sus agentes para navegar hacia el río Bravo.
NEW VIDEO: Here is TX National Guard attempting solo to manage migrants crossing in large groups in Eagle Pass, TX in Dec @FoxNews pic.twitter.com/ZRTOUAELsc
— Griff Jenkins (@GriffJenkins) January 13, 2024
Tras el incidente, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó un expediente ante la Corte Suprema, argumentando que la capacidad de la Patrulla Fronteriza para monitorear esa sección en la frontera está «limitada a una pequeña franja de una única cámara de vigilancia ubicada fuera del área recién cercada» y pidiendo a la institución jurídica «restablecer el acceso a la Patrulla Fronteriza».
Al mismo tiempo, este mes, el Departamento de Justicia estadounidense presentó otra demanda contra Texas para impugnar la Ley SB4, aprobada recientemente en dicho estado, que otorga a los funcionarios estatales amplios poderes para detener, procesar y deportar a las personas que cruzan ilegalmente la frontera desde México.
Según el Departamento de Justicia, la ley, que fue duramente criticada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es «inconstitucional». Por su parte, el gobernador de Texas subrayó que su estado es «el único Gobierno de EE.UU. que intenta frenar la inmigración ilegal».
Un país, dos políticas migratorias
El enfrentamiento comenzó cuando Joe Biden llegó al poder, quien empezó a suavizar su postura sobre los migrantes irregulares que se amontonan en la frontera entre EE.UU. y México y paralizó la construcción de una valla fronteriza, promovida por el expresidente Donald Trump. Entonces, las autoridades estatales, encabezadas por el republicano Abbott, empezaron a tomar medidas unilateralmente para frenar el flujo de miles de inmigrantes.
El gobernador inició su política migratoria independiente en marzo del 2021, cuando puso en marcha la Operación Estrella Solitaria. En este contexto, policías estatales y miembros de la Guardia Nacional fueron apostados a lo largo de los 1.931 kilómetros de frontera entre Texas y México. Además, las autoridades estatales siguieron construyendo el muro fronterizo y levantaron unos 19 kilómetros de barreras, valorados de 1.500 millones de dólares, y reforzaron otras partes de la frontera, desplegando 70.000 rollos de alambre de espino a lo largo de más de 46 kilómetros de río en el condado de Maverick. El estado ha gastado más de 10.000 millones de dólares en 3 años para aplicar todas estas medidas en su lucha contra la inmigración irregular.
Sin embargo, según la legislación federal, confirmada por una decisión del Tribunal Supremo de EE.UU., solo el Gobierno federal tiene autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración, por lo que Texas no tiene derecho a decidir si permite o no la entrada de inmigrantes.
Trump insta a todos los estados a detener la «invasión»
Por su parte, el expresidente Trump defendió la posición de gobernador Abbott y arremetió contra Biden, acusándolo de «entregar la frontera» e «instigar una invasión masiva de millones de inmigrantes ilegales». Según el republicano, Texas ha invocado, «con razón», la Cláusula de Invasión de la Constitución, y «debe recibir pleno apoyo para repeler la invasión».
Asimismo, Trump instó a otros estados a enviar a Texas a la Guardia Nacional para detener dicha «invasión». «Animamos a todos los estados dispuestos a desplegar sus efectivos en Texas para impedir la entrada de ilegales, y expulsarlos de vuelta a través de la frontera».
De igual forma, el exmandatario afirmó que, si es elegido presidente este año, trabajará mano a mano con Abbott y otros estados fronterizos para «detener la invasión, sellar la frontera y comenzar rápidamente la mayor operación de deportación nacional de la historia».
Situación única
Los analistas señalan que la disputa entre el estado y el Gobierno federal es una situación única, ya que las partes están en abierta disputa no solo en los tribunales, lo que tenía lugar antes, sino también de facto en la frontera. «Se ha vuelto común que el Gobierno federal tenga un enfrentamiento político con los estados sobre la política migratoria, pero lo que estamos viendo en Eagle Pass es fuera de lo común. No conozco ningún caso en el que agentes federales se hayan enfrentado a policías o tropas estatales por un desacuerdo sobre política migratoria», comentó César Cuauhtémoc García Hernández, un abogado experto en inmigración y profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Ohio.
«Texas tiene toda la razón»
El magnate Elon Musk apoyó a Abbott en su disputa contra el Gobierno federal estadounidense por la situación de los inmigrantes irregulares en la frontera con México, acusando a la Casa Blanca de violar la ley.
«Texas tiene toda la razón. ¡Esta Administración está violando deliberadamente la ley al ayudar e instigar la inmigración ilegal a una escala sin precedentes!», respondió Musk en X a una publicación del gobernador sobre el derecho constitucional de Texas a la autodefensa.
Además, Robert F. Kennedy Jr., candidato independiente en las elecciones presidenciales de EE.UU., también expresó su apoyo a Texas y criticó a Biden. En su opinión, el «fracaso» del mandatario en asegurar la frontera sur del país «no le deja nada más a los estados que tomar los asuntos en sus propias manos», según escribió en su cuenta de X.