Lo que inició el miércoles como marcha contra la reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, siguió este sábado en varias ciudades como prolongación del paro nacional. Y con violencia. Solo en Cali, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías informó haber recibido la denuncia de 14 personas asesinadas por disparos policiales, cuando el Ministerio de Defensa solo constató un fallecimiento. Otros abusos ya han sido reportados por otros grupos, mientras que 97 se unieron para señalar ante la CIDH posibles violaciones a los DD. HH. cometidos por agentes del Estado.
Un «tratamiento de guerra contra las manifestaciones”. Así denuncia la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías la represión por parte de las fuerzas colombianas contra los ciudadanos, que desde el miércoles 28 de abril rechazan en las calles la reforma tributaria del Gobierno. Una represión que, en apenas cuatro días, ha provocado ya decenas de heridos y detenidos, así como muertos y desaparecidos.
Según la Red de Derechos Humanos Francisco Isaias Cifuentes de Cali hay por lo menos 14 personas muertas. Agregaron también que una mujer habría sido abusada sexualmente por parte del ESMAD. https://t.co/bIzJul4uaj pic.twitter.com/oWoy85mGzE
— El Espectador (@elespectador) May 1, 2021
Cali, una de las tres principales ciudades del país, se encuentra sacudida por las protestas, en el marco de esta nueva jornada de paro nacional. Pero también aquí es donde se está viviendo una de las situaciones de inseguridad pública más preocupantes, con denuncias de asesinato de varios manifestantes, presuntamente por disparos policiales.
En rueda de prensa, la ONG aseguró haber recibido 14 reportes de personas que han fallecido en medio de las protestas. Siete ya han sido confirmadas por las organizaciones que conforman la red de DD. HH.; la mitad restante aún es materia de investigación.
Por su parte, la organización Temblores contabilizó al menos 10 muertes producto de la violencia policial, 68 víctimas de violencia física, 655 detenciones arbitrarias, 8 personas que recibieron agresión en sus ojos y 18 casos de disparos de armas de fuego perpetrados por la fuerza pública.
🔴#Atención:
En tres días de manifestaciones, nuestra plataforma #Grita ha registrado al menos 851 hechos de violencia policial. @CIDH @RELE_CIDH @CorteIDH Conozcan el reporte completo acá 👇 pic.twitter.com/pI4NK9u9ma— Temblores ONG 🐘 (@TembloresOng) May 1, 2021
Entre las víctimas señaladas por la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías se hallan dos menores, que fallecieron el pasado 28 de abril «producto de las balas que disparan la Policía y la fuerza pública».
Asimismo, los defensores de derechos humanos resaltaron que al menos tres personas se encuentran desaparecidas y que, a la represión con armas de fuego, se suman detenciones arbitrarias y golpizas en contra de los detenidos. Mujeres y hombres fueron golpeados en una estación de Policía de la ciudad caleña, donde además les fueron hurtados objetos personales como teléfonos móviles y maletines.
Miembros de la organización afirmaron que durante sus acompañamientos a las marchas ciudadanas han sido testigos de actuaciones en las que supuestos miembros de las fuerzas de seguridad conducen motocicletas con los números de matrícula tapados, para disparar y robar así a quienes se manifiestan.
Al menos 84 personas han sido llevadas a estaciones de Policía o al coliseo Las Américas, lugar que fue dispuesto como un centro de detención temporal, donde las personas también aseguraron haber sido sometidas a golpes.
Cortaron la luz en el oeste de Cali, la Policía y Ejército está disparando contra los manifestantes, hay ráfagas de fusil. Cali volvió a salir pacíficamente en la noche, Uribe y @IvanDuque están furiosos y vuelven a arremeter contra la gente a plomo. #CaliResiste #ParoNacional30A pic.twitter.com/wxuoIUtw8K
— Wilson Arias (@wilsonariasc) May 1, 2021
Mientras la violencia se agudiza en las movilizaciones de esta zona del país, la Alcaldía y la Gobernación guardan silencio, según reprochan desde la Red, ya que recalcan que las autoridades locales han asegurado que no se han presentado desenlaces fatales.
«Nos están negando la posibilidad de ejercer nuestro trabajo. Habíamos llegado a un supuesto acuerdo con la Alcaldía de que se nos iba a permitir nuestra legítima labor, pero eso no ha sucedido, no se nos entrega la información de a dónde están siendo conducidas las personas detenidas por la fuerza pública», explicó el conglomerado en defensa de los ciudadanos, que hasta este primero de mayo se han visto sin un Defensor del Pueblo presente.
Solo al final del día el Defensor Carlos Camargo –que hace parte de la entidad encargada de velar protestas con funciones constitucionales y legales– apareció rechazando el «vandalismo». Por su parte, el ministro de Defensa colombiano Diego Molano informó este viernes en una rueda de prensa, en la que sostuvo que las autoridades solo tienen conocimiento de un manifestante muerto.
Declaraciones que han avivado la indignación ciudadana, también muy movilizada en redes. Es ahí donde el senador de la oposición Wilson Arias hizo eco de las denuncias de la Red de Derechos Humanos, y donde varios testigos difundieron videos mostrando violencia por parte de las autoridades.
«Hacemos responsables directos al ministro, al presidente y al alcalde de Santiago de Cali por los actos que está cometiendo la fuerza pública contra la comunidad», enfatizó una vocera de la Red Francisco Isaías.
¿Por qué protestan en Colombia?
El hartazgo de los ciudadanos colombianos ha llegado al límite con la tercera reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque. El proyecto busca un recaudo de alrededor de 6.302 millones de dólares para tratar de llenar los agujeros en las arcas del Estado en medio de la pandemia de Covid-19.
Pero lo impulsa a partir de un significativo aumento de impuestos principalmente para la clase media y baja, cuyas finanzas ya agonizan ante el aumento del desempleo y los cierres de negocios causados a su vez por los cierres al comercio y las restricciones de las autoridades para tratar de frenar la expansión del virus.
Entre los puntos más controvertidos, el Ejecutivo de Duque propuso que a partir de 2022 deberían declarar renta quienes ganen más de un equivalente a 660 dólares mensuales.
A partir de 2023, ampliaría aún más el rango de colombianos que tendrían que pagar esa obligación, pues el impuesto del 10% aplicaría para quienes tengan ingresos por alrededor de 374 dólares al mes. Esto en un país donde el salario mínimo es de 248 dólares.
También planteó aumento del 19% a la tarifa de los servicios públicos, agregando un impuesto a productos básicos de la canasta familiar. Contrario a la activación a la generación de empleo y recuperación económica de los ciudadanos, la Administración Duque pretende recaudar fondos con un costo de vida más alto.
En medio del fuerte descontento social, el mandatario ordenó el viernes al Ministerio de Hacienda y al Congreso formular cambios al cuestionado texto. Entre ellos, aseguró que no habría aumentos en el IVA a los bienes y servicios públicos y que no se tocaría la canasta familiar.
Pero la mayoría de los colombianos exige el retiro de la iniciativa de ley en su totalidad. El propio partido oficialista, Centro Democrático, desaconseja aprobarla no precisamente por no estar de acuerdo sino porque la considera impopular de cara a las elecciones del próximo año 2022.
Mientras el mandatario insiste en su aprobación y los ciudadanos claman en las calles que el proyecto no sea avalado, el Gobierno aumenta las cuarentenas y cierres al comercio y continúa con un lento proceso de vacunación que pueda mitigar la crisis sanitaria y económica.
Sin demora son 97 las organizaciones sociales las que, ante las numerosas denuncias, decidieron unirse este sábado para señalar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) posibles violaciones cometidas por agentes del Estado.
Con información de EFE y medios locales