Esta declaración corresponde a los ocho millones de euros en vuelos privados que el ex jefe de Estado recibió de una fundación dirigida por un primo suyo.
El rey emérito de España, Juan Carlos I de Borbón, ha abonado más de cuatro millones a la Agencia Tributaria para regularizar rentas no declaradas durante varios ejercicios fiscales (2009-2018), que en total suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, según ha adelantado este viernes el diario El País, que cita a fuentes conocedoras de la operación.
Los 4.395.901,96 euros recientemente entregados al fisco corresponden a las obligaciones tributarias derivadas de la recepción de ochos millones de euros en vuelos operados por una compañía de jets privados, pagados por la fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, un primo lejano de Juan Carlos I.
La Agencia Tributaria considera que el disfrute de estos vuelos constituye un pago en especie, por lo que el exmonarca debería haberlo declarado y haber abonado a Hacienda la parte correspondiente, en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El exjefe de Estado tendrá que aclarar también cuál es el origen del dinero con el que ha efectuado el pago de estos más de cuatro millones de euros.
Un comunicado difundido hoy por Javier Sánchez-Junco Mans, abogado de Juan Carlos I, da cuenta de esta última regularización fiscal y hace hincapié en que se ha presentado «sin requerimiento previo», que la cantidad abonada ya incluye «intereses de demora y recargos» y que efectivamente «se corresponde con las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios» disfrutados por el exmonarca.
Segunda regularización para eludir el delito fiscal
La anunciada este viernes es la segunda regularización fiscal acometida por el exjefe de Estado, que ya abonó el pasado mes de diciembre 678.393 euros, en pago de una deuda tributaria correspondiente al periodo 2016 – 2018, posterior a su abdicación, y en el que por lo tanto ya no gozaba de la inviolabilidad que la constitución Española otorga al rey del país.
El pago implicaba que Juan Carlos I admitía el fraude, pero le evitaba convertirse en autor de un delito fiscal, por reparar la cantidad debida antes de que le fuese comunicada la apertura de una investigación al respecto.
Investigaciones en curso
Juan Carlos I se encuentra aún, no obstante, bajo el escrutinio de varios fiscales, que estudian su implicación en tres causas diferentes.
La primera de ellas tiene que ver precisamente con la primera de las regularizaciones fiscales efectuadas por el rey emérito. La Fiscalía estudia en este caso qué hay detrás de los casi 700.000 millones abonados a Hacienda, ya que derivan de fondos procedentes del multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause, que el exjefe de Estado recibió mediante un testaferro y disfrutó, al igual que algunos de sus familiares, durante tres años, a través de tarjetas de crédito opacas.
Otra de las investigaciones es la relativa a unas supuestas comisiones cobradas de manera ilícita por Juan Carlos I, derivadas del proyecto de construcción del llamado ‘AVE del desierto’, el tren de alta velocidad que une las ciudades árabes de Medina y La Meca. En concreto, fiscales suizos estudian la posible creación, por parte del exmonarca español, de una «estructura» para recibir del rey de Arabia Saudita unos 100 millones de euros y evadir el pago de los impuestos correspondientes.
A estas dos líneas de investigación se suma una tercera, por presunto blanqueo de capitales a través de diversas sociedades radicadas en paraísos fiscales.
Esta acumulación de causas judiciales en las que aparece el nombre de Juan Carlos I de Borbón propició que el rey emérito abandonara España el pasado mes de agosto para instalarse en Abu Dabi (Emiratos Árabes). RT