El Gobierno ecuatoriano descalifica las tres movilizaciones convocadas para este jueves
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, enfrenta la cuarta semana de movilizaciones. A las marchas ciudadanas que se han convocado desde el inicio de junio, en rechazo a los proyectos de ley para gravar las herencias y la plusvalía extraordinaria de la venta de propiedades, se han unido políticos de oposición como Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, o el excandidato presidencial Guillermo Lasso. Para calmar los ánimos, no ha sido suficiente la retirada temporal de los proyectos de ley de Correa, ni la llamada al diálogo nacional que se promueve desde Carondelet. La oposición quiere ahora la renuncia del mandatario.
Para este jueves se prevén tres marchas en contra del Gobierno. El asambleísta del partido conservador CREO, Andrés Páez, ha convocado a la ciudadanía para caminar desde los alrededores de la Asamblea Nacional hasta la sede del Gobierno. Al mismo tiempo los sindicatos, indígenas y campesinos, que reivindican sobre todo derechos laborales, iniciarán su marcha con el mismo destino, pero desde el Instituto de Seguridad Social. A ellos se unirán por primera vez los sanitarios, que se oponen a la creación de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de la Salud, que se hizo el pasado 25 de junio por decreto presidencial. El temor de los médicos es que se impongan techos a las tarifas de la salud privada. Alberto Narváez, de la Federación Médica Ecuatoriana, critica la actitud unilateral del presidente y pide más diálogo.
Desde el Gobierno se han calificado estas movilizaciones como “un golpe de Estado blando”. La tarde de este miércoles, en la víspera de las concentraciones, las carteras de Interior y Exteriores convocaron a los medios de comunicación para hablar de lo que denominaron intentos de desestabilización de la democracia. José Serrano, ministro de Interior, aseguró que hay una conspiración en marcha, cuyo objetivo es tomar Carondelet (sede del Gobierno). Según los datos de Inteligencia, habría directrices para animar a que los manifestantes usen palos con punta para destruir los escudos policiales, bombas con pintura para cegar a los policías y pimienta para incomodar a los perros y caballos que los acompañan.
El informe presentado por Interior asegura que si los «golpistas» (a lo que se señaló por su nombre y apellido) no logran tomar el poder, planean tomar los aeropuertos de Quito y Guayaquil y bloquear las salidas fronterizas para crear “al menos caos nacional” y conseguir que el Papa Francisco cancele su llegada al país, prevista para el 5 de julio. Entre los aludidos estuvo la asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán, quien rechazó las acusaciones. “No queremos una paz temporal solo porque viene el Papa, queremos un Ecuador de paz y libertades”, dijo.
El titular de Exteriores, Ricardo Patiño, también habló del peligro que corre la democracia y presentó a tres representantes del Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado en Venezuela, quienes hablaron de las semejanzas de la situación actual de Ecuador con lo que ocurre en Venezuela.
Al hilo de esto, el presidente Rafael Correa emitió un mensaje en redes sociales: “Quisimos que esta semana bajen las tensiones. Por ello incluso suspendimos un acto masivo que íbamos a tener en la Shyris. Lamentablemente tenemos claros indicios de que los golpistas intentarán tomarse Carondelet (…) Nosotros a repletar la Plaza Grande desde las 16h00, con música y alegría, pacíficos pero firmes. ¡Somos más, muchísimos más! (…) Intentan al menos mantenernos en enfrentamientos permanentes, como lo hicieron en Venezuela. No lo lograrán”.
En torno al Gobierno se ha formado el Frente Unidos, que reúne a varias organizaciones sociales afines al correísmo, junto a ellos saldrán a la calle los partidarios de Alianza País con su secretaria ejecutiva y exministra de Estado a la cabeza, Doris Soliz, quien justificó la marcha del oficialismo en la televisión pública: “Queremos decirle al pueblo que nos apena continuar en actividades de movilización, pero tenemos que hacerlo para parar a los golpistas”.
SORAYA CONSTANTE/El País