El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemora este martes 9 de agosto. 476 millones de indígenas viven a lo largo de 90 países y representan casi el 6% de la población mundial, pero se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables. En América Latina los indígenas viven entre el olvido estatal, la falta de oportunidades, la lucha por sus territorios ancestrales y los recursos naturales pero, sin duda, la violencia y la marginación toca a todas las comunidades.
Las poblaciones originarias siguen sometidas a la pobreza extrema, la marginación, o la explotación de sus tierras, además de otras violaciones de derechos humanos.
La ONU conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas cada 9 de agosto para dar a conocer las necesidades de estos grupos de población que hoy suman 476 millones en el mundo, el 6% de la población total, y ocupan el 22% del territorio planetario.
Justamente esas necesidades de los territorios ancestrales son los mayores desafíos sociales de América Latina y el Caribe, donde existen alrededor de 522 pueblos indígenas que van desde la Patagonia hasta el norte de México. Suman en la región 54,8 millones de indígenas, lo que equivale al 8,5% de la población total y representan la proporción más alta de todo el mundo.
Estas comunidades viven entre el olvido estatal, la violencia y la urgencia de que sus necesidades sean atendidas. La agencia de noticias EFE hizo un recorrido por varios países de la región para detallar las más graves situaciones por las que están pasando estas comunidades.
Colombia: los indígenas en el centro de una violencia que no mengua
Después de casi seis décadas de conflicto armado, estas comunidades siguen sufriendo día a día el embate de la violencia.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), durante el segundo trimestre de 2022, registró un total de 203 hechos victimizantes, con 422.866 indígenas afectados por acciones violatorias contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), pertenecientes a 29 pueblos indígenas, el periodo más violento en lo corrido del año.
El informe de la ONIC señala que este aumento en los hechos violatorios a los DD. HH. de los Pueblos Indígenas de Colombia obedeció principalmente a dos fenómenos:
“El primero, la agudización del conflicto armado interno, con la continuidad de las disputas entre grupos armados no estatales y organizaciones criminales, dado su propósito de control hegemónico sobre territorios estratégicos para su accionar. Y el segundo fenómeno, de tipo político, asociado con la dinámica de las elecciones presidenciales de 2022, referidas como el período electoral de mayor violencia de las últimas tres jornadas electorales (señala la MOE 2022)”, reseña el informe de la ONIC.
De hecho, miles de indígenas, protagonistas de las luchas sociales de los últimos años en Colombia, apoyaron la candidatura de Petro, a quien ven con esperanza para un cambio estructural y para que su situación humanitaria mejore.
El nuevo presidente colombiano se ha comprometido a implantar el Acuerdo de Paz. Sin embargo, el trabajo es arduo y no dará resultados inmediatos. Uno de los primeros hechos para constatar su compromiso fue el nombramiento de una indígena, Leonor Zalabata, al frente de la embajada colombiana ante la ONU.
Consultado por EFE, el vocero de la ONIC, Óscar Montero, explica que en el país andino se sigue produciendo un «genocidio físico y cultural», y añadió que en este 2022 han sido asesinados al menos 85 indígenas.
Ellos, señala Montero, son los que «le están poniendo el pecho y la frente a la violencia estructural que hay en los territorios, es decir, al narcotráfico, al rearme de las disidencias de las FARC y al paramilitarismo».
Esto ocurre cuando el conflicto armado está casi en los índices del peor año desde el acuerdo de paz en 2016.
Chile: inclusión indígena en la nueva Constitución, pero aún falta
A pesar de la crítica situación de violencia contra el pueblo Mapuche, que ha experimentado en el último año una escalada de violencia en medio de un conflicto que se arrastra desde décadas, los indígenas originarios han logrado conquistas históricas en Chile.
En 2021 fueron incluidos, por primera vez en la historia, en la redacción de la nueva Constitución con 17 escaños de los 155 repartidos entre 11 etnias.
La nueva Carta Magna, que será votada a través de un referendo el 4 de septiembre, establece que Chile sea «un Estado plurinacional» y que los pueblos originarios tengan derecho «a la autonomía y al autogobierno».
Un hecho ampliamente aplaudido entre las comunidades y organizaciones proindígenas, teniendo en cuenta que el texto constitucional vigente no menciona a los pueblos indígenas en ninguno de sus artículos.
«La nueva Carta Magna es una luz de esperanza y de reconocimiento de derechos estaban pendientes desde hacía décadas, demandas históricas que la élite política se había negado a materializar», expresó Rosa Catrileo, constituyente y mapuche.
Sin embargo, está aún sin resolver las históricas demandas de tierra. En medio de este contexto, los mapuches, la mayor etnia chilena con más de 1,7 millones de habitantes entre los 19 millones del país, siguen enfrentados con el Estado chileno y grandes empresas forestales pidiendo la restitución de terrenos en manos de actores privados.
En entrevista con EFE, Salvador Millaleo, uno de los más reconocidos abogados expertos en asuntos indígenas, comentó que esta es una disputa de larga data “que se ha avivado recientemente por el actuar del Gobierno del progresista Gabriel Boric, que, pese a que prometió que no lo haría, militarizó la zona el pasado mayo”.
Brasil: asesinatos, deforestaciones, incendios y agresiones a los indígenas
No es desconocido que desde que llegó el líder ultraderechista Jair Bolsonaro al poder en 2019, los indígenas no han parado de denunciar el incremento de la violencia.
La organización ‘Human Right Watch’ (HRW) denunció este martes que políticas y normas «perjudiciales» adoptadas por el Gobierno de Bolsonaro han avivado las actividades e invasiones ilegales en las comunidades indígenas brasileñas, amenazando «seriamente» los derechos de estas poblaciones.
La ONG señala que bajo la Administración de Bolsonaro se suspendió la demarcación de las tierras indígenas y se debilitaron los órganos que los resguardan, dejando a los pueblos originarios «aún más vulnerables».
«Desde la redemocratización nunca hemos vivido un escenario tan violento como el de ahora, sólo es comparable con los años de la dictadura militar (1964-1985)», afirmó a EFE Dinamam Tuxá, uno de los coordinadores ejecutivos de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
EFE recoge que los datos son preocupantes: “Los casos de invasiones, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio en tierras indígenas por parte de madereros, mineros, cazadores y pescadores ilegales se han disparado desde 2019, cuando ya aumentaron un 137% en relación con 2018”.
El Consejo Indigenista Misionario (CIMI), órgano vinculado al Episcopado brasileño, denunció el asesinato de 182 indígenas en 2020, un 61% más que en 2019, y en el primer año de la pandemia de Covid-19, en paralelo a los confinamientos.
En cuanto a los índices de deforestación e incendios en la Amazonía, creciente en los últimos tres años y medio, Tuxá sostiene que ese «retroceso» es un «reflejo directo del discurso de odio que promueve Bolsonaro», partidario de la minería en reservas indígenas y quien ha impulsado la flexibilización de las leyes ambientales y recortado el presupuesto de los órganos que fiscalizan la Amazonia.
El líder indígena cree que una eventual victoria del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de octubre «suavizará» la situación, pero no la «sanará» por completo.
Consultamos a Mirna Cunningham, vicrepresidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, quien explica que en América Latina hay más de 17 países que reconocen constitucionalmente a los pueblos indígenas y en muchos de estos también hay un reconocimiento al derecho colectivo sobre los territorios.
“Sin embargo, el modelo económico que se impone en nuestra región prioriza el extractivismo… que significa que se extrae de nuestros territorios los recursos sin participación de los pueblos indígenas…”, explica Cunningham en entrevista con France 24.
México: el crimen organizado por el control del territorio indígena
México tiene una de las cifras más altas de la región en número de indígenas: 23 millones se asumen como tal. Allí, los pueblos originarios afrontan la proliferación de grupos armados, en particular en el estado sureño de Chiapas, con la mayor población indígena.
“Los desplazamientos internos en Chiapas se triplicaron en 2021, derivado de la violencia por grupos armados, y los municipios donde se refleja este fenómeno son Aldama, Chalchihuitán, Venustiano Carranza, Chenalhó, Pantelhó y, últimamente, La Trinitaria y Frontera Comalapa”, relata EFE.
Según informes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), las disputas del crimen organizado por el control del territorio han incrementado los desplazamientos forzados de los indígenas.
La violencia también es en los estados del norte, como en Sonora, donde el crimen organizado y la amenaza a sus recursos naturales, principalmente el agua, son los ejes del conflicto de los pueblos originarios.
Alejandro Aguilar Zeleny, profesor e investigador del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Sonora, consultado por EFE, lamentó que en México prácticamente no existen pueblos indígenas que no hayan padecido la violencia de la delincuencia organizada.
“Se encuentran extrañas alianzas entre grupos de narcotraficantes, entre la explotación de los bosques, la explotación minera y la violencia hacia las propias comunidades”, aseguró el especialista.
Todo esto pese a que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reivindicado la «resistencia indígena», como le llama él al periodo que inició en 1521 con la conquista de España, y ha destinado casi 1.700 millones de dólares en programas sociales, pero hay habitantes originarios que aún no ven materializada esa asistencia gubernamental.
Las asignaturas pendientes en América Latina y el Caribe con los pueblos originarios seguirán siendo desde la lucha por la tierra hasta la justicia social, sin violencia. Pero ese reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas solo dependerá de esa voluntad política con la que llegan los mandatarios de turno al poder, una tarea difícil de prever y con alcances a largo plazo.
Con información de EFE y medios locales
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