Policías y manifestantes se enfrentaron violentamente este martes en la norteña provincia argentina de Jujuy durante una manifestación contra la jura de una reforma a la constitución local que penaliza algunas formas de protesta.
Una masiva movilización de organizaciones indígenas y sociales frente al parlamento provincial derivó en disturbios cuando activistas lanzaron piedras contra la guardia de infantería policial que reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos, según imágenes de los canales de noticias.
La televisión mostró a un manifestante postrado en la calle, en medio de un charco de sangre cerca de la cabeza, sin que haya información oficial aún sobre el saldo de los enfrentamientos.
La reforma prohíbe expresamente los «cortes de calles y de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia», lo que los manifestantes denuncian como una limitación al derecho a la protesta.
El texto también contemplaba modificaciones con respecto al derecho a las tierras de los pueblos indígenas, pero fueron suspendidas a último momento.
La provincia está gobernada por Gerardo Morales, precandidato a presidente para las elecciones del 22 de octubre, al frente de un sector del liberal Juntos por el Cambio, opositor al gobierno de Alberto Fernández (peronista de centro-izquierda).
Morales y Fernández se acusaron mutuamente por los desórdenes.
«Hago responsable al presidente @alferdez (Alberto Fernández) y a la vicepresidenta @CFKArgentina (Cristina Kirchner) de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy», escribió el gobernador en Twitter.
«Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional», replicó el mandatario nacional, al exigir el «cese inmediato de la represión».
Millares de representantes de las casi 300 comunidades indígenas con base en la precordillera de Los Andes se unieron a gremios de docentes y trabajadores estatales desde hace dos semanas para protestar con cortes de rutas y marchas por la capital provincial de San Salvador.
Morales calificó la reforma de «progresista» en una rueda de prensa este lunes, pero los líderes de las manifestaciones la rechazaron al señalar que «limita el derecho de protesta y de huelga y cuestiona la propiedad de las comunidades indígenas», según documentos distribuidos a la prensa.
«Están eliminando nuestros derechos sobre tierras ancestrales», dijo en rueda de prensa Verónica Chávez, presidenta de la Comunidad Tres Pozos del Pueblo Kolla, en una provincia de 800.000 habitantes, con una economía basada en la producción de azúcar y papel, exportaciones de litio y turismo en la alta montaña.
Morales dijo el lunes que las comunidades «tienen dudas, es legítimo». Al anunciar que daría marcha atrás con algunos artículos sobre la propiedad de la tierra dijo: «Los entiendo y por eso paramos la pelota y volvemos para atrás”.
El gobernador confirmó este martes la jura de la nueva constitución pero no se aclaró cuáles eran los textos modificados. AFP