La junta de administración de la petrolera PDVSA nombrada por el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, pidió este sábado al gobierno de Jamaica que no tome control de la participación accionaria del 49% que tiene la estatal venezolana en una refinería de la isla.
En febrero de este año, el Parlamento de Jamaica aprobó una legislación que allana el camino para que el gobierno de ese país adquiera la participación en Petrojam que tiene PDVSA desde 2006, un ejemplo de la diplomacia energética en el Caribe del fallecido expresidente Hugo Chávez.
Guaidó, quien en enero invocó artículos de la Constitución para declararse presidente encargado de Venezuela y que ha sido reconocido por decenas países que objetan al mandatario Nicolás Maduro por creer que fue reelecto en comicios irregulares, ha dicho que busca proteger activos de
Venezuela en el exterior.
La junta administradora opositora de PDVSA dijo en un comunicado que el gobierno de Jamaica “no puede mantener trato alguno” con Maduro, por lo que solicitó “suspender ese proceso de expropiación”. El gobierno de la nación caribeña ya cuenta con el otro 51% de las acciones de la refinería.
El gobierno de Jamaica busca adquirir la participación después de que los planes de modernización de la refinería no se ejecutaran y en medio de la inquietud por las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela. PDVSA no se ha pronunciado al respecto.
Ni la oficina del primer ministro de Jamaica ni la cancillería jamaicana respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
En el primer trimestre del año, Guaidó nombró juntas administradoras ad hoc en PDVSA y Citgo para evitar la incautación de activos por parte de acreedores. Pero Maduro, que considera a Guaidó un “títere” de Washington que busca derrocarlo, tiene el control y de las operaciones diarias de PDVSA en Venezuela.
Washington redobló en enero las sanciones sobre PDVSA como parte de la presión a Maduro, y esas acciones han incidido en la caída de la producción de crudo de la petrolera, tras años de disminución constante por la desinversión y la mala gestión. REUTERS