La oposición nicaragüense espera completar lo antes posible la hoja de ruta de sus negociaciones con el gobierno de Nicaragua, en busca de una salida a la crisis política desatada por la represión a las protestas del año pasado contra el gobierno de Daniel Ortega.
«Ya tenemos tres días completos debatiendo la hoja de ruta (…) para que tengamos un buen diálogo, esperamos que hoy (lunes) se pueda definir», declaró a la prensa el exvicecanciller José Pallais, informó AFP.
Pallais, delegado de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), habló a la prensa al llegar a la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), donde se celebra el diálogo desde el pasado miércoles.
La llamada hoja de ruta establece las reglas de la negociación, incluyendo quién estará a cargo de la mediación y la posible presencia de organismos internacionales que certifiquen el cumplimiento de los acuerdos que se adopten.
Versiones de prensa atribuidas a fuentes próximas a la negociación indican que la negativa del presidente Daniel Ortega a aceptar la mediación de los obispos y la presencia de la OEA y la ONU como garantes, pedidos por la oposición, obstaculiza los avances.
«Tenemos que asegurar que estos acuerdos se puedan cumplir, que no solo contengan la voluntad de las partes, sino que tengan los mecanismos que garanticen el cumplimiento, eso es esencial en cualquier diálogo», señaló Pallais.
La ACJD, que aglutina a estudiantes, empresarios, campesinos y sociedad civil, propone para solución a la crisis una agenda con prioridad en la liberación de todos los «presos políticos», respeto de libertades ciudadanas, elecciones anticipadas, reforma electoral y justicia para las víctimas de la represión a las protestas.
La prolongación de las fase preparatoria para la negociación comienza a despertar suspicacias en sectores opositores que consideran «peligroso» ir a un diálogo sin garantes ni mediadores.
La exguerrillera e historiadora Mónica Baltodano consideró que la alianza no puede participar sin esos mediadores porque «sería como meterse un cuchillo, es absolutamente peligroso».
«Ortega concurre al dialogo porque lo necesita y quiere oxigenarse frente a la presión internacional que es la que más le cuesta, porque la presión local la tiene controlada por la represión», dijo Baltodano a la AFP.
Estados Unidos aprobó en diciembre una ley denominada NICA Act, que restringe el acceso a recursos internacionales, y sancionó a seis allegados al mandatario, entre ellos su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, mientras la Unión Europea amenazó con sanciones.
Ortega, de 73 años, gobierna desde 2007.
Las protestas estallaron el pasado abril contra una reforma del seguro social y se convirtieron en un clamor por la salida del poder de Ortega tras la represión a manifestantes, que dejó 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados.