La decisión del Senado de Alabama esta semana de establecer la prohibición absoluta del aborto en el estado e imponer penas de hasta 99 años a los médicos que lo practiquen ha sacudido la política estadounidense. Con el voto de 25 congresistas varones y ninguna mujer, se han convertido así en el octavo estado del país en restringir en lo que va del 2019 el derecho al aborto en los Estados Unidos.
No sólo porque la medida limitará en efecto la posibilidad de las mujeres de acceder a la práctica -muchas no tienen los recursos para trasladarse a otro estado-, ni porque apenas dos días después de Alabama llegó Missouri, que introdujo un nuevo límite prohibiendo el aborto después de las 8 semanas de embarazo.
Los llamados movimientos provida están pensando más allá de los congresos estatales y apuntan alto: la Corte Suprema de Justicia. Conscientes de que cuentan con el visto bueno del presidente Donald Trump y -tras la polémica designación de Brett Kavanaugh en el máximo tribunal- con una mayoría conservadora a su favor, su objetivo es revertir de forma definitiva Roe vs Wade, el fallo de 1973 que convirtió al aborto en un derecho constitucional.
Por eso, aún cuando muchas de estas nuevas legislaciones sean bloqueadas por cortes estatales, su apuesta es comenzar una batalla judicial que desemboque en una votación final entre los nueves magistrados del máximo órgano judicial del país, donde hay cinco conservadores (John G. Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh) y cuatro liberales (Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan).
Según la organización Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) “los políticos aprueban restricciones draconianas e inconstitucionales sabiendo que serán bloqueados en la corte, y mientras tanto apelan a todos los recursos legales disponibles para obligar a que intervenga el Supremo y anule la ley”.
La consejera legal del Centro de Derechos Reproductivos, Elisabeth Smith, dijo el viernes que “estas leyes son descaradamente inconstitucionales”. “Si permitimos que entren en vigencia, van a tener consecuencias devastadoras para las mujeres de todos esos estados”.
En la primera línea de la defensa de la continuidad del aborto se encuentra Planned Parenthood, una de las organizaciones más importantes en materia de atención a las mujeres y salud reproductiva, y que se ha convertido también en objeto de los ataques del presidente Trump, quien prometió que se ocuparía que quitarle su financiamiento. Pese a todo, después de dos años de Gobierno y de acuerdo con varios sondeos, su llegada e inserción social es tal que al menos una de cada 5 mujeres estadounidenses ha acudido a sus oficinas una vez en su vida, ya sea para recibir atención médica, para información o simplemente por consejos. Infobae dialogó sobre la situación actual con Johanny Adames, la vocera de las oficinas en Nueva York de Planned Parenthood Action Fund.
—Muchas de las restricciones que están introduciendo los estados son presentadas como “leyes del latido cardíaco fetal”. ¿De qué se tratan?
—Primero que nada, vale aclarar que se trata de una terminología incorrecta. Lo digo porque no es una coincidencia que estos proyectos de ley usen el lenguaje para evocar de manera inexacta imágenes que buscan borrar las verdaderas y dañinas intenciones de los políticos que están detrás de ellos. Consiste en que el aborto es legal hasta que supuestamente se pueda detectar el latido del corazón del feto -entre la sexta y la octava semana-, cuando “Roe vs. Wade” establece la legalidad hasta que el feto alcance la viabilidad, generalmente entre la semana 24 y la 28. Estas leyes en la práctica funcionan como mecanismos de prohibición del aborto. El nombre de “latidos cardíacos fetales” está diseñado para justificar la prohibición del aborto lo más temprano posible, a menudo antes de que una mujer siquiera sepa que está embarazada. Los políticos detrás de proyectos de este tipo tienen que apelar a la mentira porque saben que su verdadera agenda es profundamente impopular. En la actualidad, el respaldo al fallo “Roe vs. Wade” y al acceso al aborto se encuentran en niveles récord. Las estadísticas indican que aproximadamente una de cada cuatro mujeres en este país tendrá un aborto en su vida, y que el 73% de los estadounidenses no quieren que las mujeres pierdan su acceso a un aborto seguro y legal.
—¿Cómo impactó la introducción de esas regulaciones parciales?
—En lo que va del año, hemos visto dieciséis intentos de prohibir el aborto, aunque por el momento apenas ocho han resultado exitosos. En esos estados se apela a medidas y cláusulas que desde el punto de vista médico buscan avergonzar a las mujeres y evitar que accedan a los servicios para interrumpir sus embarazos. Lo importante es esto: en la actualidad, una de cada tres mujeres vive en un estado donde el aborto podría ser prohibido si el fallo Roe es anulado, y eso son más de 25 millones de personas.
—¿Cuáles fueron las primeras repercusiones después de la votación de la ley antiaborto en Alabama, el martes pasado?
—Se trata de la prohibición del aborto más extrema desde el fallo de “Roe vs. Wade”, cuarenta y seis años atrás. Veinticinco hombres votaron para restringir la salud y los derechos de las mujeres, y para encerrar de por vida a los médicos por simplemente hacer su trabajo. Si esta ley entra en efecto, la vida de las mujeres estará en peligro. Va más allá de la retórica; una legislación así tendría graves consecuencias para el futuro de las mujeres, y por eso nuestras líneas telefónicas de emergencia en los centros de salud han sido inundadas de llamados de preocupación por lo que podría ocurrir. No solo es ilegal y viola la Constitución, también es muy peligroso para todas las mujeres.
—¿Por qué cree que los grupos antiaborto están avanzando en este momento con el objetivo de anular “Roe vs. Wade”? ¿Es sólo por la nueva composición de la Corte de los Estados unidos?
—Si bien este ha sido su objetivo por varias décadas, Trump en el gobierno y y Kavanaugh en la Corte Suprema los han alentado.Tenemos un presidente que se ha dedicado a mentir en lo relativo al aborto, y eso ha tenido consecuencias. Los políticos ya no son tímidos a la hora de blanquear sus objetivos: abiertamente han declarado que intentarán que uno de sus casos llegue a la Corte Suprema y derogar allí el fallo del aborto.
—El Partido Republicano ha ido cambiando su posición con los años. Al principio apoyaba el aborto y ahora se oponen, en principio de manera orgánica. ¿Este viraje tiene su correlato entre sus votantes?
—Sabemos que la postura del partido republicano está alejada de la realidad, e incluso de la de los miembros de su propio partido: más de la mitad de los partidarios de Donald Trump creen que una mujer debería poder acceder al aborto, según sondeos. Por esto estamos empezando a ver a tantas personas alzando sus voces y diciendo que no están de acuerdo con las restricciones. La actual agenda del partido republicano para prohibir aborto en el país está totalmente fuera de la realidad y no tiene nada que ver con lo que quiere el pueblo estadounidense.
—¿Cuál será la estrategia de Planned Parenthood para evitar la anulación de “Roe vs Wade”?
—Nosotros vamos a pelear contra la anulación de Roe con todas nuestras fuerzas y toda nuestra capacidad. Ya hemos visto a políticos como Elizabeth Warren proponer una estrategia para defender el aborto, que incluye la creación derechos en paralelo a la decisión de la Suprema Corte, la aprobación de leyes federales que eviten los esfuerzos estatales de limitar la salud reproductiva y la anulación de la Enmienda Hyde, la cual excluye a los programas de salud financiados federalmente de ofrecer cobertura de los abortos. Por otra parte, estados como Nueva York y Vermont aprobaron una serie de proyectos de ley que protegerán allí el derecho al aborto, sin importar lo que suceda en la Corte Suprema.
—¿Cómo piensan sortear el problema de los fondos, si Donald Trump logra desfinanciar Planned Parenthood?
—Ese fue un compromiso de Donald Trump cuando asumió la presidencia, y buscó prohibir a los pacientes que dependían de Medicaid acudir a los centros de salud de nuestra organización. Sin embargo, esos intentos han sido derrotados en sus tres diferentes versiones legales, gracias al apoyo y a la acción de muchísima gente en todo el país.
—¿Cómo se modificaron las estadísticas en relación al aborto en los últimos casi 50 años, desde su legalización?
—Las estadísticas indican que alcanzamos la tasa más baja de embarazos no intencionales y de abortos en el país, debido a la legalización y a un mayor acceso a métodos anticonceptivos y a la educación sexual. Ahora, la administración de Trump ha dificultado el acceso a los métodos anticonceptivos y ha tratado de desmantelar el Programa de Prevención del Embarazo en Adolescentes.
—¿Cuál cree que será la actitud de la sociedad estadounidense ante esta embestida?
—Ya estamos viendo una oposición popular en todo el país. Ese 73% de los estadounidenses que quieren que la mujer pueda acceder al aborto si lo necesita está por encima de cualquier partidismo. No hay ningún estado en el país donde sea popular ni mayoritaria la opinión de prohibir la práctica. En 2018, vimos un número histórico de mujeres que se movilizaron en la Women March, se involucran políticamente por primera vez y se incorporaron a cargos públicos a nivel local y nacional en cantidades históricas. Ese enojo y ese activismo seguirán creciendo con las protestas Stop the Bans, que se llevarán a cabo en cada uno de los 50 estados de los EEUU el próximo martes 21 de mayo. El aborto es legal y seguro y sabemos que debe seguir siéndolo