El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó por otro año la licencia que permite la exportación de gas licuado de petróleo a Venezuela.
La licencia general número 40B de la Oficina de Control de Activos Extranjeros reemplaza la medida anterior, emitida el 7 de julio del año pasado, y extiende así la vigencia de la concesión hasta el 10 de julio de 2024.
Esta licencia se emitió en julio de 2021 y es la segunda vez que se amplía el plazo.
El documento autoriza todas las transacciones relacionadas con la exportación o reexportación, directa o indirectamente, de gas licuado de petróleo a Venezuela; y que involucre al gobierno de Nicolás Maduro, Petróleos de Venezuela o cualquier entidad en la que Pdvsa posea, directa o indirectamente, 50% o más intereses.
Se aclaró asimismo que quedan exceptuadas las transacciones pagadas con petróleo o productos derivados del crudo. Tampoco están autorizadas las transacciones o actividades prohibidas por el gobierno estadounidense y que involucre a cualquier persona que esté sancionada.
«Nada en esta licencia general exime a ninguna persona del cumplimiento de los requisitos de otras agencias federales, incluido el Departamento de Oficina de Industria y Seguridad de Comercio», advirtió la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Desde su llegada al Gobierno, Biden ha llevado a cabo una serie de flexibilizaciones de las sanciones que Trump impuso a Maduro, reseñó la agencia Efe.
En mayo pasado, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos anunció la autorización temporal de algunas transacciones de cuatro firmas estadounidenses con Pdvsa, que estaban prohibidas desde noviembre de 2018.
La estatal Pdvsa enfrenta las sanciones impuestas por Estados Unidos desde hace más seis años.
De acuerdo con la administración del presidente de la República, Nicolás Maduro, las sanciones contra la petrolera le impiden cualquier transacción en el sistema financiero estadounidense, desde financiamiento hasta compra de repuestos o contratación de mantenimiento.
Sobre la nación sudamericana pesan más de 900 medidas coercitivas, lo que llevó a una reducción del 99% de sus ingresos, según el Gobierno.