Las alarmas sobre casos de explotación laboral se encendieron en el norte de Brasil con la llegada masiva de refugiados venezolanos al estado fronterizo de Roraima, en busca de trabajo, dinero y comida.
Las historias transcurren en silencio y en aparente normalidad, como la de E., una mujer de 27 años, periodista de formación. Junto a su marido, viajó en 2017 desde Caracas a Boa Vista, la capital de Roraima, huyendo de la crisis económica.
Con estudios universitarios, residencia temporal y documentación al día, E. consiguió en enero empleo en un restaurante. Contratada por un salario mínimo, fue informada de que sólo recibiría las propinas. Dos meses después ni eso ha cobrado. Trabaja apenas por comida.
“No quiero denunciarlos, por lo menos ahora estoy comiendo. Ojalá me pagaran también”, dice E. que vive con cuatro familiares en un anexo.
“Hay mucha vulnerabilidad en esa ola migratoria, especialmente por la inseguridad alimenticia”, explica Cleyton Abreu, coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados en Boa Vista.