México ha dado un paso fundamental para legalizar la marihuana recreativa. Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia ha dado la razón a tres demandantes, que alegaban que la actual legislación antidrogas es inconstitucional. Concretamente, varios artículos de la Ley General de Salud, que prohíben la producción, transporte y consumo de cannabis. La decisión del tribunal, la quinta en el mismo sentido, elimina la prohibición para los solicitantes y abre la puerta a un cambio en la ley que borre, finalmente, el veto al consumo recreativo de marihuana en el país.
Una de las quejosas es la chef Josefina Cruz, gerente de un conocido restaurante en Ciudad de México. Cruz no fuma, pero dice que amigos suyos sí y que no tiene sentido la prohibición hoy en día. La chef explica: «Hace dos años o así estaba con mi sobrina en el parque y agarraron a un chavo que estaba fumando marihuana. Llegaron policías trataron de extorsionarle, él dijo que no, le pegaron… De repente eran nueve patrullas, 20 oficiales, deteniendo a un chavo que según los policías estaba dándose un toque. Y parecía el gran narcotraficante… Lo grabamos en el celular y lo subimos a Facebook…Yo les decía a los policías, ‘oye, ¿por qué cuándo me roban a mi no vienen ocho patrullas? Se usan recursos muy valiosos en esto de la prohibición que no tiene sentido. La prohibición además abre la puerta a la extorsión y la corrupción».
Con el fallo judicial de este miércoles, México le sigue la pista a Canadá y a un buen puñado de Estados de Estados Unidos, que ya permiten la venta y el consumo recreativo de marihuana. En el caso de México, expertos, académicos y políticos de diferente signo reclaman desde hace tiempo un cambio legislativo. Primero, para adecuarse a una demanda creciente de la sociedad. Segundo y más importante, para tratar de parar la sangría derivada, al menos en parte, de la guerra al narcotráfico, política imperante en la región desde hace décadas.
La pelota está ahora al tejado del Congreso. El órgano legislativo tiene en sus manos acelerar la regularización del cannabis. La decisión de la corte obliga al Senado y la Cámara de Diputados a modificar la ley. A convertir la excepción de los demandantes en norma. Desde septiembre, tanto una como otra están bajo el control de Morena, el partido del futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Desde hace meses, tanto López Obrador como los integrantes de su futuro gabinete se han pronunciado a favor de regularizar la producción y el consumo de marihuana recreativa. El abogado de los demandantes, Andrés Aguinaco, plantea que la decisión de la Corte «es un claro llamado a Martí Batres, presidente del Senado y Porfirio Muñoz, su par en la Cámara de Diputados, a regular el consumo».
Víctor Gutiérrez, abogado de México Unido Contra la Delincuencia, asociación que ha impulsado la batalla por la legalización de la marihuana, explica que «probablemente el Congreso modificará la ley antes de que la Corte les obligue». No es un proceso demasiado largo, pero el laberinto administrativo de la justicia en México podría demorar el asunto varios meses. De todas formas, esta decisión obliga a que cualquier juez del país decida a partir de ahora de acuerdo a la resolución del Alto Tribunal. Esto es, que cualquier persona que denuncie la inconstitucionalidad de los artículos antimarihuana de la ley de salud tendrá razón.
Es un paso importante en el camino a la legalización, porque es la quinta decisión en el mismo sentido de la Primera Sala de la Suprema Corte, en que los magistrados consideran inconstitucional los artículos de la ley de salud que prohíben consumir y producir marihuana. Cuando esto ocurre, cuando se alcanzan cinco resoluciones iguales, se genera jurisprudencia. Los jueces de todo el país están obligados a respetarla. Además, la Corte debe informar al Congreso de que la ley debe cambiarse.
La decisión de la Corte culmina un camino emprendido hace cinco años por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, SMART, que llegó por primera vez a los tribunales en 2013 y obutvo la primera sentencia favorable en 2015. Curiosamente, ninguno de los cuatro integrantes de SMART que llevaron su caso ante la Suprema Corte fuma marihuana. En una entrevista concedida a Reuters en 2005, Francisco Torres Landa, uno de los cuatro, explicaba: «Este es un litigio estratégico» para «socavar, erosionar el origen de la política prohibicionista en materia de drogas».