Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aseguró que los excombatientes esclarecerán la verdad sobre estos homicidios y también los del representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín y los exguerrilleros José Fedor Rey (“Javier Delgado”) y Hernando Pizarro León-Gómez.
En un inusual horario, Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunció que el antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las Farc asumirá tempranamente su responsabilidad por el magnicidio de expolítico conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995, cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda.
Patricia Linares reveló que los exjefes guerrilleros de las Farc también hablarán y asumirán los homicidios de Hernando Pizarro León-Gómez, hermano de Carlos Pizarro; el exguerrillero José Fedor Rey o Javier Delgado; el economista Jesús Antonio Bejarano; el general Fernando Landazábal Reyes, exministro de Defensa, y el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín.
“Después de una reunión celebrada el 25 de septiembre, hemos recibido una carta en representación del antiguo Secretariado de las Farc-EP, en la cual se ofrece aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad”, agregó Linares.
La misiva, recibida por la JEP el día 30 de septiembre de 2020, está firmada por Julián Gallo Cubillos conocido como Carlos Antonio Lozada, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Pablo Catatumbo Torres Victoria, y sus abogados.
El anuncio causó sorpresa y revuelo en un país que por muchos años creyó que detrás del ataque contra Gómez, uno de los principales dirigentes conservadores del siglo XX, estuvieron políticos rivales aliados con militares y narcotraficantes.
La justicia declaró el caso como “crimen de lesa humanidad” para evitar que prescribiera la investigación hasta encontrar a los responsables.
La explosiva carta de la exguerrilla fue recibida por la jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 30 de septiembre, y está firmada por los excomandantes rebeldes Julián Gallo, Pastor Alape y Pablo Catatumbo.
Gallo y Catatumbo representan a la antigua guerrilla en el Congreso colombiano, en escaños que asumieron como parte de los acuerdos de paz de 2016 que terminaron con un conflicto de casi seis décadas.
La que fuera la organización rebelde más poderosa de América dejó las armas y se convirtió en partido político, a cambio de someterse a la JEP.
Los comandantes que confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas recibirán penas alternativas a la prisión. Si incumplen con sus compromisos se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.