La misión diplomática enviada por la Unión Europea (UE) a Caracas aguarda la respuesta de las autoridades venezolanas sobre la petición de retrasar seis meses los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre, que en las actuales condiciones no reconocerá el bloque comunitario.
«El objetivo era convencer a las autoridades de que se pospongan las elecciones seis meses, no por retrasarlas, sino para dar tiempo a que el Gobierno y la oposición negocien sobre las condiciones», indicó este miércoles 30-S un alto funcionario de la Unión.
La misión, enviada el pasado 24 de septiembre por el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, y encabezada por el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, y el director general en funciones para las Américas, Javier Niño, regresó este martes 29-S a Bruselas.
En la capital venezolana, tuvo un «70 %» de sus reuniones con grupos de la oposición o la sociedad civil, pero también con representantes del Gobierno del presidente, Nicolás Maduro: el vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez.
La misión no tenía entre sus objetivos encontrarse con Maduro por no ser considerado como su «interlocutor», al contrario que el canciller venezolano, Jorge Arreaza, con quien no obstante no se pudieron entrevistar, indicaron fuentes comunitarias.
«Nada que ofrecer» a Maduro
Ante el Gobierno venezolano, la UE dejó claro que no tiene «nada que ofrecer» a cambio de un retraso electoral y que no se trata de una negociación, pero advirtió de que tal y como están planteados los comicios el 6 de diciembre no podrá reconocerlos ni tampoco a la Asamblea Legislativa (Parlamento) resultante.
Además, apuntó que se prevén sanciones para las personas implicadas en el proceso electoral en ese caso.
«Dijeron que lo mirarían y seguimos esperando la respuesta» de las autoridades venezolanas, indicaron las fuentes, que agregaron que no dieron un plazo para que contesten aunque reconocieron que estiman unas dos semanas como máximo, ya que a mediados de octubre se considera la fecha límite para cambiar la fecha por razones técnicas.
«Al final, obtuvimos compromiso del Gobierno de responder si pospondrían las elecciones o no», concluyeron.
Las fuentes subrayaron que el aplazamiento de seis meses «no es arbitrario» sino que, además de dar margen para negociar con la oposición, permitiría a la UE preparar una misión de observación electoral.
Contactos con la oposición
A su llegada a Caracas, precisaron que la misión tuvo la primera reunión de su visita con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien les deseó «suerte» en su tarea porque se mostró convencido de que, si se celebran unas elecciones libres y justas, «la oposición iba a ganar», para lo que pide ciertas condiciones.
A continuación, se entrevistaron con los demás líderes de la oposición, como Leopoldo López, que encabeza el partido Voluntad Popular (VP), o Henrique Capriles, de Primero Justicia (PJ), quien ha estado negociando directamente con el Gobierno condiciones para celebrar unas elecciones democráticas.
Entre ellas, que el control de las principales formaciones políticas opositoras, intervenidas judicialmente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), vuelvan a manos de sus representantes.
Otro asunto que preocupa a la UE es la «difícil situación política y legal» en que quedarán Guaidó y otros miembros actuales de la Asamblea Nacional al terminar su mandato.
Por otra parte, la misión de la UE se reunió con diversas ONG, defensores de los derechos humanos, especialistas en procesos electorales y representantes de la Iglesia católica.
«El punto de partida para todo el mundo es que no haya un colapso violento del Gobierno por presión e insurrecciones, por ejemplo», comentaron las fuentes.
Recordaron que la UE «no media, no negocia en nombre de nadie», como sí lo han hecho países como Noruega, y dejaron claro que su interés es que Venezuela sea «estable, democrática y próspera».
Sobre la posición de Estados Unidos, lamentaron que presione con sanciones o una intervención militar, y consideraron que para ese país Venezuela es una «cuestión interna» con implicaciones en su política nacional.
En línea también con el último informe al respecto de Naciones Unidas, la misión recalcó al Gobierno venezolano que «el comportamiento sobre derechos humanos no puede continuar» y que las violaciones de libertades fundamentales de las que se le acusa solo lo aislan más de la comunidad internacional.