El Comité de Derechos Humanos de la ONU criticó la postura de Madrid respecto a la suspensión de los poderes de cuatro miembros del Gobierno de Cataluña sin sentencia. Esta resolución se refiere a una denuncia elevada en 2018, un año antes de que la administración española condenara por sedición a los funcionarios del movimiento independentista. No obstante, este fallo es únicamente simbólico, sin castigos ni sanciones al Estado o al sistema judicial de España.
Este miércoles 31 de agosto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó que España violó derechos políticos de cuatro integrantes independentistas del Gobierno regional catalán cuando congeló sus poderes públicos en 2018, antes de que se definieran sus condenas un año después.
Por el referendo de independencia celebrado en la región en 2017, el gobierno español suspendió de las funciones públicas al exvicepresidente Oriol Junqueras y los «exconsellers» –el equivalente catalán del cargo de ministro, en este caso regional– Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó que los cuatro fueron apartados tras ser acusados de alentar una rebelión violenta, aunque públicamente habían enfatizado en la importancia de que las manifestaciones fueran pacíficas, y fueron castigados luego por sedición.
El referendo de independencia celebrado en 2017 fue unilateral y no contaba con el apoyo del Gobierno español. Posteriormente, se convocaron masivas manifestaciones independentistas de carácter mayoritariamente pacífico, aunque hubo altercados en las principales ciudades catalanas, como Barcelona.
La suspensión de los denunciados se implementó en 2018 en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite paralizar las funciones de los políticos, pero solo cuando están acusados de rebelión y no de sedición como finalmente fueron sentenciados.
La jurista francesa Helene Tigroudja, integrante del panel, expresó que el organismo “dio un paso importante al afirmar que las salvaguardias contra las restricciones de los derechos políticos deben aplicarse con mayor rigor si estas ocurren antes de una condena, en lugar de después”.
«La decisión de suspender a oficiales electos debe basarse en leyes claras y previsibles que establezcan motivos razonables y objetivos para la restricción de los derechos políticos, y debe aplicarse sobre la base de un análisis individualizado», agregó.
👇👇 New Views of the #HRCttee on unforeseeable restriction of political rights (Art 25 of the ICCPR) incompatible w/ rule of law in a democratic society: #Spain violated former Catalan Parliament leaders’ political rights, UN Human Rights Committee finds https://t.co/wGQkGngAGT
— Hélène Tigroudja (@HeleneTigroudja) August 31, 2022
Esta determinación es contraria a la emitida por el Tribunal Constitucional de España, que en 2020 ratificó la resolución de 2018 del Tribunal Supremo para suspender provisionalmente a los funcionarios catalanes mientras se aguardaba la definición de sus situaciones.
En 2019, el Supremo español sancionó en total a nueve líderes separatistas con penas de prisión por sedición en relación al referendo desarrollado dos años antes. Algunos casos tuvieron un máximo de 13 años de encierro. Igualmente, en 2021 fueron beneficiados por un indulto del Gobierno de Pedro Sánchez.
Junqueras, Romeva, Rull y Turull habían elevado una denuncia conjunta por la suspensión de cargos públicos al Comité de la ONU alegando que se violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A pesar de que el fallo tiene un carácter simbólico no sancionable para España y los tribunales nacionales, es un espaldarazo para el movimiento de independencia de Cataluña, hoy con una actividad menor.
El actual gobierno regional catalán tildó la acción de la justicia española como “represión política” y remarcó que hay decenas de casos similares aún pendientes. Por su parte, la administración de España no se pronunció.
Con información de EFE y Reuters