La justicia inglesa escuchaba el lunes argumentos finales de representantes de Nicolás Maduro y Juan Guaidó, antes de decidir si considera legítima la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por este último, dándole acceso al oro depositado en Londres.
La jueza Sara Cockerill, de la división comercial de la Alta Corte de Londres, que desde el miércoles escuchó argumentos y testigos de ambas partes, abrió la última sesión afirmando que hará «todo lo posible» para decidir con relativa rapidez.
Las autoridades de Caracas, que en 2020 aseguraron necesitar los fondos urgentemente para hacer frente a la pandemia de coronavirus, defienden ahora que no deben precipitarse las conclusiones.
Sin embargo, Andrew Fulton, abogado de la junta directiva del BCV nombrada por Guaidó, pidió a la magistrada que se pronuncie lo antes posible para que los bienes «no permanezcan en el limbo más tiempo de lo necesario».
El gobierno de Maduro y la oposición liderada por Guaidó se enfrentan desde 2019 por el acceso a 32 toneladas de oro, valoradas en unos 1.500 millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra, que ofrece este servicio a múltiples países.
En julio de 2019, Guaidó, autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela y reconocido como tal por medio centenar de países –entre ellos el Reino Unido–, nombró una junta directiva ad hoc del BCV.
Esta ordenó al Banco de Inglaterra que no entregase los lingotes a la junta directiva oficialista del BCV, presidida por Calixto Ortega, afirmando que el gobierno utilizaría los fondos para reprimir a la población.
Guaidó hizo los nombramientos mediante la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015, que presidía, pero estos fueron inmediatamente invalidados por la sala constitucional el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano.
En el marco de un largo litigio en Londres, la Corte Suprema británica ordenó en diciembre analizar si esa decisión judicial venezolana invalida efectivamente dichos nombramientos.
Si la justicia británica considera que la junta del banco central designada por Guaidó es legítima, esta tendría el control del oro.
Sin embargo, la decisión de la juez Cockerill es susceptible de recurso, como lo han sido múltiples sentencias emitidas por la justicia británica en este caso desde hace más de dos años.
– «No es un juicio al régimen» –
El litigio se originó cuando la junta directiva oficialista del BCV presidida por Ortega demandó al Banco de Inglaterra para que le entregase el oro, que llevaba meses intentado recuperar sin éxito.
Y aunque la justicia británica la reconociese como la representante legítima de la entidad, esa parte inicial del juicio podría seguir adelante prolongando un ya muy largo proceso.
El abogado inglés de la junta presidida por Ortega, Richard Lissack, reiteró el lunes que «la junta de Guaidó no es una junta funcional del banco central» y argumentó que sus miembros, todos en el exilio, no viven en Venezuela ni participan de las acciones de la institución.
Por su lado, Fulton intentó durante el juicio demostrar la total «falta de imparcialidad» del TSJ, con jueces favorables al poder o presionados por él, denunció, convirtiendo el caso en un proceso a la legitimidad del sistema judicial venezolano y del régimen de Maduro en general.
La parte oficialista llamó como testigos a Francisco Carrasquero López, exvicepresidente de la sala constitucional del TSJ, de 79 años y jubilado en 2015, que negó injerencias del poder en el sistema judicial, y a Enrique Parody, secretario de la sala plenaria de ese tribunal, que defendió la «autonomía judicial» en Venezuela.
También Ortega viajó a Londres, pero su participación en el juicio fue limitada por la jueza a un testifical escrito.
Fulton presentó por su parte los testimonios de Manuel Rodríguez Armesto y Ricardo Villasmil, actual y previo presidentes de la junta del BCV nombrada por Guaidó, así como de Enrique Sánchez Falcón, «procurador especial» también designado por la oposición a Maduro.
Se apoyó así mismo en informes de varios organismos de la ONU y diversas oenegés sobre las acciones del gobierno venezolano, entre las que denunció amenazas y «presiones, incluidas sanciones y hostigamiento, contra jueces y fiscales».
«Este caso no es un juicio al régimen de Maduro» sino la estimación del reconocimiento de decisiones de un tribunal extranjero, insistió Lissack en sus argumentos finales. AFP
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