El inédito juicio por presunto espionaje político y malversación de fondos públicos a Ricardo Martinelli (2009-2014), el primer expresidente panameño en sentarse en el banquillo de acusados, encara su recta final con el inicio este jueves de la fase de alegatos y en medio de una gran expectación.
Tras cinco meses de juicio, tres magistrados decidirán en los próximos días si Martinelli creó una red de espionaje con dinero público que interceptó las comunicaciones a decenas de políticos, activistas sociales, empresarios y periodistas durante su mandato.
La Fiscalía lo acusa de cuatro delitos que suman 21 años de cárcel: interceptación de las telecomunicaciones sin autorización judicial (4 años de prisión), seguimiento y vigilancia sin autorización judicial (4 años), peculado por sustracción (10 años) y peculado de uso (3 años).
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, explicó a Efe que los alegatos finales terminarán previsiblemente el mismo jueves y que el tribunal anunciará 24 horas después si es culpable o inocente. De ser condenado, la pena se conocerá unos días después.
«Aquí lo que está en juego, más que el destino del señor Martinelli, es el destino de la Justicia panameña, su confiabilidad y su credibilidad», dijo Araúz, quien prefirió no aventurar cuál cree que va a ser el sentido del fallo para no «polarizar» el ambiente: «Lo más sano para el país es no pronunciarse».
Tanto la defensa como la Fiscalía se muestran confiados y creen que van a ganar el caso, que se abrió en 2015 en el Supremo porque Martinelli tenía fuero al ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pero que terminó recayendo en la Justicia ordinaria en diciembre de 2018 después de que el expresidente renunció a su escaño.
El fiscal Aurelio Vásquez dijo el lunes que «el sentir de las víctimas es la mejor prueba de la Fiscalía», mientras que la defensa renunció ese mismo día a presentar más testigos al considerar que ya estaba suficientemente probada la «inocencia» del exmandatario.
Martinelli, un multimillonario empresario de 67 años aquejado de varias dolencias crónicas, defiende que es víctima de una persecución política orquestada por su sucesor y antiguo vicepresidente, Juan Carlos Varela.
«Estoy seguro de que vienen mejores tiempos y perdono a todos los que me han perjudicado y les pido perdón a todos los que puedan creer que he ofendido o hecho algo«, indicó Martinelli este miércoles en sus redes sociales.
El exgobernante, que tiene otras causas pendientes por corrupción, huyó de Panamá en enero de 2015 cuando la Justicia le abrió el primer proceso, y fue entregado a las autoridades panameñas el 11 de junio de 2018 por Estados Unidos, donde estuvo un año en prisión mientras batallaba contra la extradición.
Tras pasar un año en una cárcel de mínima seguridad a las orillas del Canal de Panamá, un tribunal ordenó a mediados del pasado junio su pase a arresto domiciliario.
Para el analista y experto constitucionalista Ernesto Cedeño, los pinchazos «ya están acreditados» y ahora «solo falta por saber si Martinelli es responsable de ellos».
«La sentencia va a sentar precedente e, independientemente de su sentido, los panameños han aprendido con este juicio que las personas que ostentan el poder tienen que respetar las comunicaciones«, añadió a Efe.
Por este mismo caso, ya fueron condenados el pasado enero a cuatro años de cárcel los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garúz y Gustavo Pérez por ser los brazos ejecutores de las escuchas ilegales.
También están imputados otros dos exfuncionarios, Ronny Rodríguez y William Pitti, que están en paradero desconocido y que en un principio iban a declarar como testigos en el juicio a Martinelli, pero al final no se presentaron.
La activista y portavoz del Movimiento Independiente (Movin), Anette Planells, indicó a Efe que en este juicio «se han puesto en evidencia las debilidades del sistema» y que el Supremo «nunca debió perder la competencia» para juzgar a Martinelli.
«Está en juego nuestro sistema judicial y el mensaje que se le manda a la comunidad internacional. Vamos a ver si el sistema tiene el valor de condenar a un expresidente que todavía mantiene mucho poder porque tiene su propio partido político y sus propios medios de comunicación», concluyó.