Una profunda polémica se vive en Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro firmara este martes 11 de junio el denominado “decretazo”, el cual convoca una consulta popular sobre temas laborales que había sido previamente hundida por el Senado de la República.
La medida del mandatario ha sido calificada por amplios sectores políticos y jurídicos como una acción inconstitucional, que desconoce el acto administrativo del Congreso colombiano en el que se negó la convocatoria de la consulta, desencadenando una serie de acciones legales ante altos tribunales como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
«Si se cae en la Corte, entonces se recogerán 8 millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida la Asamblea Nacional Constituyente», afirmó el mandatario en entrevista con la cadena CNN desde la ciudad de Cali.
«Que no me beneficia a mí, porque para esa época ya estaré terminando mi mandato», agregó Petro, en un intento de disipar preocupaciones sobre sus motivaciones.
Además de lo dicho por el jefe de Estado, el ministro designado de Justicia, el exfiscal general Eduardo Montealegre, confirmó en declaraciones a Blu Radio que el gobierno de Gustavo Petro podría impulsar una Asamblea Constituyente de origen “popular” y a través de un polémico mecanismo que evitaría el trámite en el Congreso de la República.
Según Montealegre, «Cuando existen 8 millones de firmas (el 20% del censo electoral) de una iniciativa legislativa (…) ese proyecto de ley no necesitaría pasar por el Congreso». En su lugar, indicó, el proyecto de Asamblea Constituyente «va directamente a control constitucional de la Corte, y la Corte decide si convocar».
La propuesta de Montealegre se basa en una cuestionada interpretación de una ley estatutaria que regula mecanismos de participación ciudadana de uso solamente para los territorios (municipios y departamentos), pero que a criterio del exfiscal podría ser aplicada a nivel nacional.
De esta manera, con la propuesta de una Asamblea Constituyente y el método sugerido para convocarla, se abre un nuevo frente de debate y profunda polémica entre amplios sectores y el Gobierno de Gustavo Petro, en medio del ya difícil escenario político e institucional que vive el país.