El fiscal nacional de Chile, Jorge Abbott, anuló este lunes un convenio de colaboración suscrito el pasado 30 de abril con la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) para indagatorias relacionadas con clérigos involucrados en casos de abusos sexuales.
Así lo informó en un comunicado la Fiscalía Nacional, reconociendo que la decisión obedeció a una serie de críticas desatadas por el convenio, principalmente de agrupaciones de víctimas de abusos cometidos al interior de la Iglesia católica chilena.
“La Fiscalía Nacional lamenta profundamente que la firma del documento, como acto simbólico, haya generado desconfianza y producido un impacto doloroso en las víctimas, situación que no fue ni prevista ni deseada por la institución”, precisó el texto.
La Fiscalía aseguró que “las víctimas de delitos, sobre todo aquellas que han sufrido delitos sexuales y violaciones de sus derechos humanos, han estado siempre en el centro de su preocupación”.
La Fiscalía, y Jorge Abbott en particular, debieron afrontar diversas críticas tras la presentación del convenio, entre ellas de Juan Carlos Cruz, víctima del cura Fernando Karadima, quien le atribuyó al fiscal nacional haber “traicionado la esperanza de víctimas”.
“No voy a parar hasta que renuncie para que alguien se preocupe de víctimas y no las venda”, dijo Cruz.
Juan Andrés Murillo, también víctima de Karadima y presidente de la Fundación para la Confianza, demandó directamente la anulación del convenio que, a su juicio, “viene a decirle a la sociedad y en especial a las víctimas que los poderes se coluden y las dejan en la total desprotección”.
El acuerdo en cuestión se firmó el 30 de abril en un acto en que participaron Abbott y el secretario general de la Conferencia Episcopal, el obispo Fernando Ramos.
En el texto se indicaba que su objetivo era “favorecer el intercambio de información concerniente a investigaciones pasadas, presentes y futuras respecto de delitos de carácter sexual cometidos por clérigos diocesanos en contra de niños, niñas o adolescentes, o de personas en situación de discapacidad al momento de los hechos, protegiendo la confidencialidad solicitada por las personas que han acudido a la Conferencia Episcopal”.
Ya el pasado viernes, frente a los pronunciamientos de las víctimas, el Ministerio Público había puesto en duda la continuidad del acuerdo, hasta que este lunes optó por anularlo,
En el comunicado, la Fiscalía indicó que le son prioritarias las acciones que se adopten para facilitar que una víctima sea acogida, escuchada, protegida y reparada.
Entre esas acciones, destaca la atención oportuna, prioritaria y especial en casos de delitos contra niños, niñas y adolescentes, promover una mayor especialización de la persecución penal en estos delitos, impulsar e implementar la Ley sobre Entrevistas Videograbadas, y participar activamente en la tramitación del proyecto de ley sobre imprescriptibilidad de los delitos sexuales.
Durante la firma del convenio ahora anulado, el fiscal Jorge Abbott informó además que las causas abiertas por abusos en el clero han aumentado a 166, y las víctimas a 248, de las que 131 eran menores de edad al sufrir los delitos, mientras las personas relacionadas con Iglesia que son investigadas suman 221.
Entre estas últimas, hay 10 obispos, 152 sacerdotes, 9 diáconos, 15 laicos, 8 personas de las que no se dispone información y 27 pertenecientes a órdenes o congregaciones sin ser clérigos, informó la Fiscalía Nacional.