Los venezolanos que desde hoy quieran ingresar en Ecuador deberán presentar su pasaporte, una exigencia que complica aún más la vulnerable situación en la que llegan a la frontera del país andino, en busca de mejores condiciones de vida o en tránsito hacia otras naciones, huyendo de la crisis en Venezuela.
El inesperado anuncio el pasado jueves por parte del ministro del Interior, Mauro Toscanini, de la nueva disposición migratoria, ha levantado polémica en Ecuador, país que en los últimos meses ha visto llegar en difíciles condiciones a miles de venezolanos, muchos de los cuales han debido, incluso, dormir en parterres en Quito.
Sorprendido por la decisión, el analista Fernando Carrión la considera un “retroceso” en el camino que seguían los países a fin constituir la “ciudadanía suramericana” para facilitar la movilización sólo con la cédula.
Según el Gobierno, la medida se adoptó para “garantizar el ingreso seguro, regular y ordenado” de ciudadanos venezolanos tras conocerse casos de trata de personas y tráfico de migrantes, delitos que Carrión teme que aumenten a raíz de la nueva disposición.
“La migración venezolana no se va a detener porque la mayoría no viene a Ecuador sino que va hacia el sur”, analiza para Efe al especular que en lugar “de entrar a Ecuador por Rumichaca con los controles y las regulaciones que estaban especificadas,” ahora lo harán “por las rutas de sistemas de ilegalidad”.
Para Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, la decisión del Gobierno de Lenín Moreno -a la que se sumó el viernes el anuncio en igual línea de Perú-, pone en una situación de “vulnerabilidad mucho más alta” a sus compatriotas.
Asegura que muchos venezolanos están ya en camino de Ecuador, en autobús o a pie, sin posibilidad de conocer sobre la nueva disposición con la que se toparán al llegar al punto de migración.
“No podrán ir ni para atrás ni para adelante”, se lamenta al recordar que muchos de sus compatriotas se trasladan con escaso dinero, lo que dificulta la posibilidad de un viaje de regreso.
Regalado dice a Efe que los temas de trata o tráfico de personas se pueden abordar de otra manera y critica que por unos casos se perjudique a familias que ya emprendieron, con cédula en mano, su camino para reagruparse con sus parientes en otras naciones, como Perú y Chile.
La situación se complicará aún más para sus compatriotas por la dificultad de obtener un pasaporte en Venezuela, tanto por el costo como por el tiempo, que podría extenderse hasta a un año y medio, según Regalado, que vive en Ecuador hace una década, y para quien el anuncio del Gobierno ecuatoriano los tomó “por sorpresa”.
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Carrión valora que la migración venezolana en los últimos 20 años es “probablemente la más importante que ha vivido América Latina”.
Carrión -que participó durante cuatro años en una investigación sobre fronteras en América Latina, que se selló con la publicación de doce libros-, señala que la composición de los migrantes venezolanos cambió en las últimas dos décadas.
Ello porque originalmente salía gente con capitales y ahora lo hacen personas “con necesidades básicas insatisfechas”, reflexiona.
Catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Carrión considera que el tema de la migración venezolana no se debe tratar bilateralmente sino multilateral, aunque apunta que, ahora mismo, el proceso de integración regional no pasa por sus mejores momentos.
“En el Mercosur, fue expulsada Venezuela, en la CAN (Comunidad Andina de Nacional), no está Venezuela”, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) no logra reactivarse, y Caracas está en proceso de salir de la Organización de Estados Americanos (OEA), enumera Carrión.
Estima por ello que, en general, “América Latina y el continente, no tiene un espacio para encontrar una salida” a la situación de Venezuela y apuesta por “reflotar” Unasur, con sede en Quito, sobre las base de tres o cuatro misiones especificas, una de las cuales debería ser la migración venezolana, subraya.
Por lo pronto, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones sociales de Ecuador esperan la decisión de un tribunal de Quito a su petición de medidas cautelares para intentar frenar la decisión migratoria que rige desde hoy en la zona fronteriza, donde se intensifican los controles y la desazón de los venezolanos.