Una familia venezolana después de vivir 15 años en EE.UU, está a punto de perderlo todo.
Milagros Yanes ve cada vez más cerca el momento en que deba coger un avión y dejar atrás todo lo que construyó con esfuerzo y trabajo en los 20 años que ha vivido en Estados Unidos: un título universitario, un empleo exitoso, un hogar y una vida tranquila al lado de su esposo y sus dos hijos.
Esta venezolana reconoce que cometió un error al firmar su salida voluntaria del país en el 2010 por una decisión impulsiva y porque en ese entonces estuvo mal asesorada jurídicamente. Pero ahora está a punto de ser deportada a un país sumido en una crisis social y humanitaria sin precedentes.
“A ellos no les interesa si me muero de hambre o no en Venezuela […] Tengo más [tiempo] de mi vida viviendo en este país que en Venezuela. Acá estudié, trabajé y nacieron mis dos hijos», dijo en una entrevista con el Nuevo Herald. “Somos personas honradas, sin récord criminal, y hemos trabajado duro y con disciplina para llegar donde estamos”.
Aunque el gobierno del presidente Donald Trump ha adoptado una política dura hacia Venezuela exigiendo la salida de Nicolás Maduro y la “restauración” del sistema democrático, las autoridades de inmigración continúan deportando venezolanos. El número de venezolanos deportados aumentó en un 36 por ciento en el último año; de 182 personas en el 2016 a 248 en el 2017, según cifras oficiales. Y entre el 1o de octubre y el 16 de abril de este año 150 venezolanos han sido expulsados de EEUU.
Mientras tanto, Estados Unidos no ofrece protección de la deportación para los miles de venezolanos indocumentados y las solicitudes para que se otorgue una protección temporal han sido ignoradas por el gobierno.
«Se trata de un doble discurso en el que se imponen sanciones, pero al venezolano común cada vez le cuesta más vivir en Venezuela, huye del país y no están recibiendo la protección adecuada en Estados Unidos», opinó la abogada de inmigración Adriana Kostencki, quien preside la AsociaciónVenezolana-Americana de Abogados (VENAMBAR). «Nos estamos olvidando de la gente y es a ellos a quienes el gobierno debería también proteger».
20 años en Estados Unidos
Yanes llegó a Estados Unidos en 1998 junto a sus padres, cuando tenía 17 años. Dejaron su ciudad natal Caracas después de «haberlo perdido todo debido a los gobiernos corruptos» y se radicaron en el sur de la Florida.
Esta venezolana dijo que siempre tuvo claro que para salir adelante en este país debía prepararse. Primero estudió Administración de Negocios en el Miami Dade College y años después obtuvo su título universitario en Marketing de Florida International University (FIU).
Su experiencia laboral incluye organizaciones como el grupo Cisneros y HBO Latinoamérica, y hasta hace pocas semanas fue directora comercial de Inversiones y Bienes Raíces de Anthony Abraham Enterprises, cargo al que renunció ante la llegada de la fecha de su deportación, dijo.
Este último año se ha convertido en una «pesadilla» para ella y su esposo, Luis Mejía, quien llegó de Ecuador a Florida con visa de estudiante en 1998 y con quien se casó en el 2011. Ambos excedieron el periodo de sus visas, firmaron su salida voluntaria de este país en agosto del 2010 y tienen una orden final de deportación.
«Firmamos la salida voluntaria en un momento de desesperación y de rabia. Estábamos cansados de poner nuestras vidas en las manos de personas que te sacan la plata, se aprovechan y te dejan en el aire», dijo Milagros.
A pesar de que Yanes y Mejía estaban decididos a irse y tenían comprados los boletos para enero del 2011, una trágica noticia cambió sus planes: a solo un mes de su partida, a los padres de la venezolana les diagnosticaron cáncer, su padre en etapa 4 y su madre en etapa 2.
Yanes, quien es hija única, decidió quedarse en EEUU para cuidar de ellos y en el 2012 lograron la aprobación de la solicitud de aplazamiento de deportación o remoción, la cual les permitía tener un permiso de trabajo y licencia de conducir. Con este estatus lograron permanecer legales en este país, trabajar y comprar una casa en Brickell.
Cada año debían presentarse en la oficina de inmigración en Miramar, en el condado Broward, en un proceso que describió tan simple «como ir a un banco y hacer un depósito”.
‘La nueva administración no quiere a personas como usted’
Sin embargo, esto cambió en una visita a la oficina de inmigración en agosto del año pasado, ya bajo el gobierno del presidente Trump.
A Yanes le dijeron que regresara en un mes, algo que no era usual para ella. Cuando indagó sobre el cambio en el proceso, la respuesta la sorprendió: » ‘Es que la nueva administración no quiere a personas como usted en este país’, me dijo el oficial de inmigración».
Nestor Yglesias, vocero de ICE en Miami, dijo que «es muy difícil corroborar las denuncias de abuso verbal con respecto a un incidente que ocurrió hace casi un año por un oficial de ICE, especialmente sin el nombre del oficial».
Sin embargo, dijo que «las acusaciones de mala conducta contra empleados de la agencia se toman en serio y se investigarán a fondo» y que en caso de que sean fundamentadas, «se tomarán las medidas apropiadas».
Cuando Yanes regresó con su esposo en septiembre, les informaron que la solicitud de aplazamiento de deportación o remoción había sido denegada y les ordenaron volver de nuevo en diciembre, pero esta vez a la oficina del Programa de Comparecencia de Supervisión Intensiva (ISAP) en Miami.
Sin embargo, esto cambió en una visita a la oficina de inmigración en agosto del año pasado, ya bajo el gobierno del presidente Trump.
A Yanes le dijeron que regresara en un mes, algo que no era usual para ella. Cuando indagó sobre el cambio en el proceso, la respuesta la sorprendió: » ‘Es que la nueva administración no quiere a personas como usted en este país’, me dijo el oficial de inmigración».
Nestor Yglesias, vocero de ICE en Miami, dijo que «es muy difícil corroborar las denuncias de abuso verbal con respecto a un incidente que ocurrió hace casi un año por un oficial de ICE, especialmente sin el nombre del oficial».
Sin embargo, dijo que «las acusaciones de mala conducta contra empleados de la agencia se toman en serio y se investigarán a fondo» y que en caso de que sean fundamentadas, «se tomarán las medidas apropiadas».
Cuando Yanes regresó con su esposo en septiembre, les informaron que la solicitud de aplazamiento de deportación o remoción había sido denegada y les ordenaron volver de nuevo en diciembre, pero esta vez a la oficina del Programa de Comparecencia de Supervisión Intensiva (ISAP) en Miami.
Yanes, al igual que muchos venezolanos, no cuenta con un pasaporte porque el que tenía se le venció. Lo intentó renovar el año pasado en el consulado de Caracas en San Juan, Puerto Rico, pagó el trámite y luego le dijeron que no estaban dando pasaportes porque «no había papel para imprimirlos», según le dijeron funcionarios del Consulado.
“Soy huérfana de mi propio país y la única en la familia sin pasaporte», dijo, consternada. «Mi esposo tiene el [pasaporte] ecuatoriano [por lo que sería deportado a Ecuador], mis hijos el americano y mi madre el venezolano”.
Kostencki, la abogada de inmigración, quien no representa a Yanes, explicó que «bajo la figura del derecho internacional, Venezuela está en la obligación de recibir a sus ciudadanos deportados de Estados Unidos con o sin pasaporte».
Yanes tiene la esperanza de que haya una última opción jurídica —como el asilo político— que los salve de la deportación.
De presentar una solicitud de asilo, Yanes se sumaría a una lista de decenas de miles de compatriotas. Las peticiones de asilos de venezolanos en EEUU se han disparado drásticamente hasta alcanzar una cuota histórica de 29,250 peticiones en el 2017, más del doble que el año anterior, de acuerdo con cifras gubernamentales. Los ciudadanos del país sudamericano fueron los que más solicitudes de asilo presentaron en el 2017.
Por el momento este martes logró que le quitaran el grillete que llevaba en su tobillo desde diciembre y que fuera removida del programa de ISAP, según le dijo a el Nuevo Herald. Su esposo, sin embargo, sigue con el grillete y le pospusieron su deportación para el 31 de julio. De ser deportado en esa fecha, se enfrentarían a la separación de la familia.
«En mi caso no me dijeron cuál va a ser el próximo paso, sino que ya no tenía que reportarme en ISAP. No sé qué va a pasar conmigo, pero paso a paso vamos avanzando», dijo.
Si Yanes no logra quedarse en EEUU, espera obtener su pasaporte venezolano para emigrar con su familia a Ecuador, un país desconocido para ella y sus hijos y al que su esposo no ha vuelto desde hace 24 años, pero en una mejor situación social y económica que Venezuela.
Luis Mejía, el esposo de Yanes, dejaría atras a su madre y hermana, residente legal y ciudadana estadounidense respectivamente. Además tendría que abandonar todo lo que ha construido en Miami, incluyendo su propia empresa de mensajería.
“Planificar una vida y llevarla para otro lugar ha sido bastante traumático para todos, pero hemos batallado con la fortaleza de Dios. No vamos a dejar que ni el gobierno de Venezuela ni el de acá nos sigan rechazando. Seguimos adelante sea donde sea”, dijo Yanes.
De todos modos, a Yanes le preocupa cómo afectará a sus pequeños Isabela y Andrés abandonar el país en el que nacieron.
«Nosotros estamos obligados como padres a sacarlos de su país», dijo entre lágrimas. «Eso los va a privar de ciertas cosas que se merecen tener y quizá en un futuro, si nos vamos, mi hijo me lo va a reprochar. Pero no puedo hacer nada. Lo que sí les prometo es que van a estar bien, en donde sea vamos a estar bien», reseña El Nuevo Herald
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