El debate sobre la legalización del aborto en Argentina está en la recta final: el próximo 8 de agosto el Senado votará el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo aprobado por la Cámara de Diputados el pasado junio. Una mayoría de votos positivos convertiría a Argentina en el primero de los grandes países latinoamericanos con una ley de aborto legal a plazos, similiar a la que ya tiene el vecino Uruguay. Pero los sectores más conservadores de la sociedad, encabezados por la Iglesia católica, han redoblado la presión en las últimas semanas para evitarlo.
Los números están muy igualados. Los votos de los 72 senadores están divididos, con una ligera ventaja a favor del No, lo que deja el resultado final en manos de los cinco parlamentarios indecisos. Para que la balanza se incline a su favor, algunos partidarios del aborto legal proponen introducir cambios -como incluir la objeción de conciencia institucional y bajar de 14 a 12 semanas el plazo para el aborto libre- que devolverían la iniciativa a Diputados para su aprobación definitiva. Otros, en cambio, se resisten a cualquier modificación.
Mientras se tejen alianzas intraparlamentarias, ambos bandos buscan conquistar la calle. Los detractores del proyecto fueron muy inferiores en número a quienes lo defendían en las cercanías del Congreso el día de la votación y han intensificado los llamados a la movilización para evitar que esa imagen vuelva a repetirse. Unidad Provida, una coalición de organizaciones contrarias al aborto, convocó para este lunes a una manifestación frente a la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires. «Organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y de los niños y niñas por nacer se concentrarán esta tarde, desde las 19, frente a la residencia presidencial de Olivos, y pedirán al Presidente que se abstenga de intervenir, por medio de sus ministros, en el debate abierto del aborto», señala el texto de la convocatoria.
El ministro de Salud argentino, Adolfo Rubinstein, se ha convertido en uno de los grandes blancos de las críticas de los grupos antiabortistas por su defensa del proyecto de ley que propone legalizar la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas. Intentaron, sin éxito, impugnar su presentación en el Senado, donde mostró estadísticas que daban cuenta de una reducción de la cifra de abortos en los países en los que es legal. Rubinstein también subrayó que legalizar esta práctica supondría un importante ahorro para las arcas estatales, que hoy hacen frente a cerca de 50.000 internaciones anuales por complicaciones derivadas de abortos inseguros.
Desde Unidad Provida critican las intervenciones del ministro y rechazan que Mauricio Macri habilitase el debate sin haberlo incluido de antemano en su programa electoral. Muchos de sus votantes tampoco lo ven con buenos ojos, como quedó reflejado hoy con el hashtag #MacriConAbortoNoTeVoto, que se convirtió en tendencia en Twitter. La ley actual contempla penas de entre 1 y 4 años de cárcel para la mujer que decide interrumpir su embarazo, excepto si es fruto de una violación o si pone en riesgo su vida. Aún así, en Argentina se registran entre 350.000 y 450.000 abortos al año, según estimaciones extraoficiales avaladas por el Ministerio de Salud, y cerca de medio centenar de gestantes mueren.
La Iglesia ha llamado a sus fieles a expresar en las calles su rechazo al proyecto de ley. «Como lo hemos dicho en otras oportunidades, apoyamos y animamos a participar a quienes deseen manifestarse públicamente como ciudadanos responsables para testimoniar el respeto por la vida», dijo la Conferencia Episcopal Argentina en un comunicado el pasado día 25. Los obispos convocaron hoy a una «misa por la vida» en la catedral, situada en la céntrica Plaza de Mayo, el mismo día de la votación, mientras que los partidarios del aborto legal celebrarán ese día una vigilia frente al Congreso.
Los curas villeros, con gran influencia en los barrios más pobres del país, anunciaron la creación de centros de contención y asistencia alimentaria, sanitaria y legal para mujeres sin recursos con embarazos no planificados. «Elegimos hacernos cargo comunitariamente de estas situaciones dramáticas y no esperamos acríticamente la instalación de una verdadera cultura del descarte humano», escribieron los curas en una declaración conjunta. Su propuesta se asemeja al polémico proyecto legislativo presentado por el presidente provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo, en el que proponía la adopción como alternativa al aborto.
El diario La Nación, uno de los de mayor tirada del país, se sumó este domingo a la ofensiva antiabortista con un editorial en el que rechaza incluso la interrupción del embarazo en casos de violación, un supuesto legal desde 1921 al que también se opone la vicepresidenta, Gabriela Michetti. «No es un aborto lo que puede borrar las tristes huellas de una violación; solo suprimirá al ser en gestación y sumará el sufrimiento de haber abortado», señaló el periódico. María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, advirtió hoy que de aprobarse la legalización del aborto «será difícil de aplicar». En diez días se conocerá si la campaña conservadora se impone y Argentina mantiene el aborto en la ilegalidad.