El Senado mexicano aprobó este jueves, en lo general y en lo particular, la reforma educativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la cual se abroga la polémica legislación en la materia, promulgada en 2013 por el entonces mandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Con 97 votos a favor, 22 en contra y una abstención quedó aprobado, en lo general y lo particular, el dictamen con el cual se reforman los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución mexicana en materia educativa.
Al tratarse de una reforma a la Constitución mexicana, se requiere el aval de la mitad más uno de los 32 congresos estatales, con base en el artículo 35 constitucional; tras ello, en caso de su aprobación, deberá ser remitida al Ejecutivo para su promulgación.
Alrededor de una hora fueron discutidas en el pleno senatorial las reservas al proyecto de ley, el cual fue votado en contra por el Partido Acción Nacional (PAN-derecha), que adelantó el sentido negativo de su voto.
En la discusión de reservas, María Guadalupe Murguía, del PAN, reclamó que la reforma no está acompañada de un impacto presupuestal y señaló que implica un retroceso constitucional.
«Preocupa que la reforma educativa para ningún nivel cuenta con un estudio de impacto presupuestal que señale los recursos que se requiere para su implementación», puntualizó la legisladora.
La víspera, en un periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que reforma los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución mexicana, en materia educativa, devuelta por el Senado de la República y modificada por las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales.
El documento fue avalado en lo general por 396 votos a favor, 68 en contra y una abstención. Se devolvió a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, donde este día es discutida.
¿Cuál es la propuesta?
El documento, que ya ha sido discutido y votado un par de veces en ambas cámaras, pondría fin a la Ley General del Servicio Profesional Docente, el eje legal de la cuestionada reforma educativa hecha en 2013 durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que condicionaba la permanencia de los maestros en sus plazas a una evaluación.
El dictamen también destaca que la admisión, promoción y reconocimiento de los profesores se regirán por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, lo que permitirá garantizar que las plazas magisteriales serán otorgadas por concurso, una de las demandas centrales de la CNTE.
El texto aprobado también establece que hasta que el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación.
Con este dictamen, se eliminaría al primer órgano autónomo en la educación, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y, en su lugar se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que mantiene autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión.
La promesa de López Obrador
El dictamen contiene la reforma educativa que impulsa la Administración de Andrés Manuel López Obrador y que ha sido respaldado, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, por los legisladores de Morena, partido que lo llevó a la presidencia y que cuenta con la mayoría en el Congreso.
Desde el inicio de su mandato, el presidente López Obrador se comprometió a echar abajo la reforma educativa, enviando al Congreso, en diciembre pasado, una iniciativa de ley para cancelarla.