Corte de Apelaciones del 11° Circuito reactivó la investigación judicial que involucra directamente a Horacio Medina, presidente de la Junta Administradora Ad Hoc de Petróleos de Venezuela, junto con otras figuras vinculadas al llamado “Gobierno Interino” de Juan Guaidó, por presuntos delitos de obstrucción de la justicia, intimidación digital y extorsión. Leroy A. Garrett en nombre de Petroamigos de Venezuela.
La saga por el destino de Citgo continúa en Estados Unidos. La Corte de Apelaciones del 11° Circuito reactivó el caso que involucra directamente a Horacio Medina, presidente de la Junta Administradora Ad Hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), junto con otras figuras vinculadas al llamado “Gobierno Interino” de Juan Guaidó, por presuntos delitos de obstrucción de la justicia, intimidación digital y extorsión.
La orden judicial del caso 25-12067-E, firmada el 22 de julio por el secretario del tribunal David J. Smith, contradice de forma tajante lo afirmado por Pdvsa Ad Hoc días antes en sus canales oficiales.
“El caso no solo está abierto, sino que ahora se encuentra en etapa activa de renovación de mociones”, indicó una fuente cercana al proceso, echando por tierra la narrativa que el pasado 15 de julio difundió la Junta Ad Hoc en su cuenta de X, donde aseguraban que el proceso había sido “definitivamente desestimado”.
El comunicado institucional argumentaba que la demanda carecía de sustento legal y que los acusados habían sido desvinculados de toda responsabilidad jurídica. Sin embargo, la Corte concedió formalmente la moción para reinstaurar la apelación y dio un plazo de 14 días para que las partes procesales definan sus próximos pasos legales.
La demanda apunta a una presunta campaña sistemática de difamación, amenazas y persecución digital articulada desde las redes institucionales y personales de Medina, así como de otros señalados: el exembajador en Canadá Orlando Viera-Blanco, el comunicador Gustavo Lainette y el politólogo José Vicente Carrasquero.
La batalla por Citgo
La reapertura del proceso llega en un momento clave, cuando el control y destino de Citgo, la filial de Pdvsa en Estados Unidos, enfrenta una puja legal y financiera sin precedentes.
La empresa, valorada entre 13.000 y 18.000 millones de dólares según el abogado experto en litigios internacionales, Ramón Aguilar, se encuentra actualmente en proceso de subasta por orden del Tribunal del Distrito de Delaware, como resultado de una serie de laudos arbitrales en favor de acreedores internacionales que fueron afectados por las expropiaciones del gobierno de Hugo Chávez.
El primero de estos casos fue el de Crystallex, que sentó jurisprudencia al establecer que Citgo y la República Bolivariana de Venezuela son, jurídicamente, un “alter ego”, por tanto, representan a la misma entidad.
Este criterio legal abrió la puerta para que 15 empresas, entre ellas ConocoPhillips y Gold Reserve, reclamen pagos por más de 18.900 millones de dólares a través de la subasta de acciones de PDV Holding, la empresa matriz de Citgo.
El asesor especial del tribunal, Robert Pincus, recomendó aceptar una oferta de 7.382 millones de dólares liderada por Gold Reserve. La audiencia final está fijada para el 18 de agosto, cuando el juez Leonard Stark podría adjudicar la propiedad de la refinería o posponer la decisión.
«Es un fraude lo que se quiere ejecutar»
Pero no todos los actores están de acuerdo con el curso que ha tomado la situación. El abogado Carlos Ramírez López, experto en litigios internacionales, afirmó que “aquí es un fraude lo que está en trámite para ejecutarse”.
Según su argumento, los laudos del Convenio Ciadi que dieron origen al proceso se dictaron en ausencia de una representación legal legítima del Estado venezolano. “La Constitución establece que el Procurador General debe representar a la República. Eso no ocurrió. Se usurpó esa función y eso invalida los laudos. El proceso es nulo desde su origen”, sentenció.
Ramírez López también alerta sobre otro aspecto que considera ilegal: “Citgo fue condenada al pago de demandas sin haber sido parte del juicio original. ¿Cómo vas a condenar a una empresa que no tuvo oportunidad de defenderse? Eso viola el debido proceso y el derecho a la defensa consagrados en la ley estadounidense”.
Extrajadores piden suspensión de subasta
Estas observaciones alimentan otras acciones judiciales recientes, como la presentada por Leroy A. Garrett en nombre de Petroamigos de Venezuela, una organización que agrupa a 23.000 extrabajadores de Pdvsa despedidos durante el paro petrolero de 2002 y que se autodenominan víctimas del “Holocausto Petrolero Venezolano”.
Según la periodista Maibort Petit, Garrett introdujo una moción el pasado 21 de julio ante el Tribunal de Delaware solicitando una suspensión temporal de la subasta de Citgo, así como una investigación formal sobre la Junta Ad Hoc de Pdvsa, a la que acusan de “inacción” y de omitir los reclamos de miles de víctimas.
“El objetivo es garantizar justicia para quienes han sido ignorados por años”, indica la moción, que también hace referencia a una serie de informes e investigaciones que involucran a figuras del llamado “gobierno interino” en presuntos casos de corrupción, incluyendo un reportaje de El Mundo, que en junio de 2025 reveló supuestos sobornos a funcionarios españoles vinculados a la gestión de fondos humanitarios en 2019.
La moción también sostiene que la administración de Horacio Medina, con licencia de la Ofac para supervisar Citgo, no ha hecho lo suficiente para defender a la empresa ni para preservar la integridad del proceso de licitación.
Se exige además que se divulguen todas las comunicaciones internas de la Junta Ad Hoc relacionadas con el proceso de subasta y las reclamaciones de las víctimas.
El abogado Ramón Aguilar, especialista en derecho corporativo y sanciones, ofreció una visión estructural del problema en una entrevista con Evtv Miami. “Citgo no ha dado dividendos a Pdvsa desde que está bajo control del gobierno interino. Eso lo prohíben las sanciones de la Ofac. Todo está paralizado, y el dinero no sube a Pdvsa, ni a PDV Holding, ni mucho menos a la Asamblea Nacional. Citgo está técnicamente embargada”, puntualizó.
Aguilar también adelantó que, en la audiencia del 18 de agosto, el juez Stark tiene varias opciones sobre la mesa: “Puede adjudicar la venta, reanudar el proceso, o diferir la decisión esperando la resolución sobre los bonos Pdvsa 2020 en Nueva York. Pero, en todo caso, cualquier venta tiene que ser aprobada por la Ofac”.
El caso reabierto en la Corte de Apelaciones no solo expone fracturas internas en el aparato opositor, sino que también amenaza con socavar la legitimidad de sus acciones pasadas en la administración de los activos más estratégicos del país.