La administración Trump decidió derogar dos regulaciones fundamentales en Estados Unidos: la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), que se proponía limitar el uso de empresas fachada para el lavado de dinero, y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que prohíbe los sobornos en transacciones internacionales. Paralelamente, se desmantelaron varias unidades del Departamento de Justicia dedicadas a la corrupción en el extranjero y se preveían recortes significativos en otra unidad que investigaba la corrupción doméstica.
Expertos en criminología advierten que la estrategia del gobierno del expresidente Donald Trump podría facilitar que el crimen organizado continúe beneficiándose de prácticas ilícitas, a medida que se debilitan las leyes enfocadas en combatir el lavado de dinero y la corrupción.
La administración Trump decidió derogar dos regulaciones fundamentales en Estados Unidos: la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), que se proponía limitar el uso de empresas fachada para el lavado de dinero, y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que prohíbe los sobornos en transacciones internacionales. Paralelamente, se desmantelaron varias unidades del Departamento de Justicia dedicadas a la corrupción en el extranjero y se preveían recortes significativos en otra unidad que investigaba la corrupción doméstica.
El gobierno justificó estas medidas alegando que las leyes impusieron obstáculos innecesarios a las empresas y perjudicaron la competitividad de las compañías estadounidenses. Sin embargo, expertos como Scott Greytak, director de Incidencia Política de Transparencia Internacional, han criticado estos cambios, afirmando: «Estamos retrocediendo en el tiempo y alejándonos de las mejores prácticas». Greytak advierte que estas decisiones podrían llevar a consecuencias lamentables en el futuro.
Estados Unidos, un punto clave en el sistema financiero mundial, es responsable de alrededor de US$300.000 millones en lavado de dinero anualmente, según el Departamento del Tesoro. Los cambios en la regulación potencialmente permitirán a los criminales operar sin temor a la acción legal. A pesar de la dificultad de cuantificar el lavado a través de estas empresas, los analistas coinciden en que éstas son herramientas cruciales para el crimen organizado, especialmente en América Latina, donde se han desarrollado esquemas multimillonarios en los últimos años.
La CTA tenía la intención de aumentar la transparencia en la propiedad de las empresas, requiriendo que se identificara a los propietarios reales de dichas entidades. Sin embargo, el Departamento del Tesoro anunció el 21 de marzo que no aplicaría estos requisitos a personas y empresas estadounidense. Ian Gary, director de la FACT Coalition, calificó esta decisión como «una subversión inconstitucional de la intención del Congreso».
Aunque algunos en el sector empresarial consideran que la CTA impone una carga innecesaria, los defensores sostienen que se pueden hacer ajustes a la ley sin eliminarla por completo. Experts sugieren alternativas como simplificar las reglas para definir la propiedad real o mejorar la educación sobre cómo cumplir con las regulaciones.
Además de la CTA, el 10 de febrero, Trump ordenó la suspensión de la aplicación de la FCPA durante 180 días mientras se revisaban las directrices, algo crítico puesto que esta ley ha abordado aproximadamente el 44% de todos los casos de corrupción vinculados a sobornos en América Latina desde su promulgación en 1977.
La administración también buscó reducir recursos en la unidad de integridad pública del Departamento de Justicia, que investiga corrupción dentro del gobierno estadounidense, evidenciando un enfoque desregulador hacia las leyes de transparencia y anti-corrupción que podría tener repercusiones significativas en la lucha contra el crimen organizado. Los efectos catastróficos de esta estrategia aún están por verse, pero las voces de preocupación por un retroceso en las iniciativas contra la corrupción son cada vez más fuertes.