De acuerdo con un reporte de Bloomberg, Disney puso en licencia por 30 días a todos sus trabajadores amparados por TPS y advirtió que quienes no puedan presentar otra evidencia de residencia legal en EEUU serán despedidos. La medida responde a una decisión de la Corte Suprema que suspende el beneficio.
Walt Disney Co. notificó a los empleados con sede en Florida que están perdiendo la residencia legal temporal en Estados Unidos que sus contratos de trabajo podrían terminar el próximo mes después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la administración Trump podría revocar las protecciones para 350.000 venezolanos.
La compañía envió un correo electrónico a los empleados afectados, entre ellos venezolanos, bajo Estatus de Protección Temporal o TPS donde indicó que habían sido colocados en una licencia no remunerada de 30 días efectiva desde el 20 de mayo. Aquellos que no puedan proporcionar una nueva autorización de trabajo válida al final de la licencia serán despedidos, según la comunicación interna vista por Bloomberg.
Un empleado venezolano amparado por la figura del TPS, que trabajaba para un resort de Disney no pudo acceder a las instalaciones cuando se presentó a trabajar el martes 20 de mayo, dijo el trabajador, quien solicitó no ser identificado, indicó Bloomberg.
«Mientras resolvemos las complejidades de esta situación, hemos puesto a los empleados afectados en licencia con beneficios para asegurarnos de que no estén violando la ley», dijo Disney en un correo electrónico.
«Estamos comprometidos a proteger la salud, la seguridad y el bienestar de todos nuestros empleados y sus familias, y nuestros equipos de recursos humanos y legales ayudan a los empleados que pueden estar navegando por las cambiantes políticas de inmigración y cómo podrían afectarles a ellos o a sus familias», dijo la corporación multinacional de entretenimiento en su email.
Los derechos de los inmigrantes venezolanos se han convertido en un tema recurrente de la Corte Suprema, señala Bloomberg. La semana pasada los jueces prorrogaron una orden que impide a la administración federal utilizar una ley en tiempo de guerra para enviar a unos 176 presuntos pandilleros venezolanos a una prisión salvadoreña.
La última decisión permite al Departamento de Seguridad Nacional cancelar una prórroga del TPS que la administración Biden puso en marcha justo antes de dejar el cargo. La medida afectará a más de la mitad de los 600.000 venezolanos amparados ahora por el programa. Otros seguirán protegidos hasta septiembre.
Un juez federal en California tiene previsto celebrar una audiencia la próxima semana sobre el caso que desafía los planes de la administración Trump de poner fin al TPS para los venezolanos. El juez de distrito estadounidense Ed Chen había bloqueado previamente el fin de las protecciones, diciendo que la justificación del gobierno «carece por completo de apoyo probatorio».
El fallo del Tribunal Supremo no abordó el fondo de la demanda original, pero dio permiso al gobierno para poner fin al programa mientras continúa el litigio.
En Florida residen unas 360.000 personas con estatus de TPS, el 60% de las cuales proceden de Venezuela. El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para proteger a los emigrantes de países que sufren conflictos armados, desastres medioambientales u otras catástrofes.
Hoy en día, nacionales de 17 países están cubiertos por el programa. Venezuela se añadió a la lista en 2021.