La presidenta apeló la suspensión del nombramiento de Lula; el Colegio de Abogados también pide el impeachment
Por Alberto Armendáriz | La Nación (Argentina)
La incertidumbre acerca de la suerte de Dilma Rousseff se profundizó ayer aún más. Tras la decisión de un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de suspender la designación del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva como su jefe de Gabinete, nuevas denuncias de corrupción sacudieron al gobierno, mientras influyentes voces respaldaron el proceso de impeachment contra la jefa del Estado como única salida a la abismal crisis brasileña.
Con la nominación de Lula como jefe de Gabinete, Dilma pretendía mejorar la articulación política del gobierno para asegurarse un mayor respaldo en el Congreso frente al impeachment, a la vez que le ofrecía a su mentor cierta inmunidad ante el juez federal Sergio Moro, que lleva adelante el megacaso de corrupción en Petrobras por el cual el ex presidente está investigado. Pero su jugada despertó la ira de gran parte de la población cuando Moro reveló el contenido de escuchas telefónicas en las que se trató el “blindaje legal”; después de varias idas y venidas, anteanoche el magistrado del STF Gilmar Mendes suspendió la asunción de Lula y decidió que las pesquisas sobre el ex presidente queden en la jurisdicción de Moro.
“El objetivo de la falsedad es claro: impedir el cumplimiento de una orden de prisión de un juez de primera instancia. Una especie de salvoconducto emitido por la presidenta. O sea, la conducta demuestra no sólo los objetivos de desvío de finalidad, sino también la intención de engañar”, señaló Mendes.
El gobierno, a través del Abogado General de la Unión, adelantó ayer que apelará la decisión al plenario del STF, pero una resolución tomará aún tiempo. Esta semana, por los feriados de Pascua, la Corte Suprema no sesionará; sólo podría reunirse si es convocada extraordinariamente. Así, Lula no podrá asumir sus funciones este martes, como era el plan original desde que el jueves último fue designado ministro.
De cualquier manera, nuevas denuncias contra Lula y Dilma volvieron ayer a agitar aún más el ambiente. El arrepentido ex jefe de la bancada del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Delcídio Amaral -detenido en noviembre por su participación en el escándalo del petrolão-, aseguró a la revista Veja que Lula dirigía la red de sobornos en la petrolera estatal, y dio más detalles de cómo Dilma intentó bloquear las investigaciones del caso.
“Lula negoció directamente con las bancadas el nombramiento de los directores de Petrobras y tenía pleno conocimiento del uso que los partidos hacían del directorio, principalmente en relación con el financiamiento de campañas. Lula comandaba el esquema”, dijo Amaral en una entrevista con Veja.
“Dilma heredó el esquema, que financió sus campañas electorales, y se benefició directamente de él. Ella también sabía todo; la diferencia es que fingía no tener nada que ver con el caso -agregó-. Dilma solía repetir que tenía cinco ministros en el STF. Era clara la estrategia para hacer lobby en los tribunales superiores y usar jueces afines a la causa para detener las investigaciones.”
Las explosivas declaraciones de Amaral llegaron luego de que la prestigiosa Orden de los Abogados de Brasil (OAB) -autora del pedido de impeachment que llevó a la renuncia del presidente Fernando Collor de Mello en 1992- declaró su apoyo al juicio político a Dilma. La semana pasada, la Cámara de Diputados creó una comisión especial de impeachment que deberá emitir su parecer el próximo mes; la mandataria es responsabilizada por la adulteración de las cuentas públicas en los últimos años para esconder el déficit y asegurarse la reelección en 2014.
“La institución de la presidencia de la república fue utilizada para atender principios que no son los de la república”, resaltó el presidente de la OAB, Claudio Lamachia.
Ayer también se expresó en esa dirección el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, de la mayor fuerza opositora al PT, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
“Llegué a apoyar que ella [Dilma] tuviese un gesto de grandeza y renunciara (…) Pero con la incapacidad que se nota hoy para que el gobierno funcione, para que ella resista y haga funcionar al gobierno, creo que ahora el camino es el impeachment. Si entendí bien, fue también lo que gritaron las calles”, dijo Cardoso en referencia a las manifestaciones opositoras.
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El gobierno sancionará las filtraciones
En medio de la tensión política por las investigaciones de corrupción que tienen en jaque al gobierno, el nuevo ministro de Justicia de Dilma Rousseff generó una fuerte ola de críticas al asegurar que no tolerará filtraciones a la prensa de parte de policías y fiscales.
“Si huele a filtración de las investigaciones por un agente nuestro, el equipo entero será sustituido. No necesito tener pruebas. La Policía Federal está bajo nuestra supervisión”, advirtió en una entrevista al diario Estado de São Paulo el ministro Eugenio Aragão, quien también calificó de una suerte de “extorsión” los acuerdos de delación premiada que firmaron con la justicia varios empresarios y políticos oficialistas incriminados en el esquema de sobornos de Petrobras a cambio de reducciones en sus condenas.
La reacción de la Policía Federal y los fiscales no tardó en llegar. “Eso demuestra dos cosas: la vulnerabilidad de la Policía Federal que no tiene su autonomía garantizada en la Constitución y la ley, y la aparente prisa por acabar con la mayor investigación sobre combate al crimen organizado en la historia de Brasil”, se quejó el presidente de la Asociación de Comisarios de la Policía Federal, Carlos Sobral.