La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos de Guatemala detuvo este jueves a ocho exfuncionarios de una oficina de previsión para el retiro de trabajadores municipales tras establecer que sustrajeron más de 21,8 millones de quetzales (2,84 millones de dólares) entre 2011 y 2015.
Los ocho exfuncionarios detenidos del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, entre los que se encontraba el ex gerente general de la entidad Werner Eduardo Montiel Aldana, son sospechosos de los delitos de peculado por sustracción (hurto al erario) y abuso de autoridad.
Sin embargo, Montiel Aldana también fue señalado por la Fiscalía de haber cometido el delito de «estafa mediante informaciones contables», falta que también le fue achacada al ex contador general y encargado del buen funcionamiento de la entidad Alfredo Antonio Cerezo Carranza, quien además es investigado por «falsificación de documentos».
Luego de que la Fiscalía desarrollara 13 allanamientos, también fueron detenidos Emmanuel Beletzuy Cajas (ex receptor pagador), Delbert Israel de León Vicente (ex receptor pagador del Crédito Hipotecario Nacional) y Luis Guillermo Monterroso García (ex auxiliar de tesorería de la alcaldía de Retalhuleu, sur del país).
Igualmente, Hugo Estuardo Castillo Méndez (ex receptor pagador del banco), Carlos Isaú Puac de la Cruz (ex jefe de agencia de la entidad bancaria en Retalhuleu) y Marlyn Korina Paiz Morales (extesorera).
Según las pesquisas preliminares, la investigación arrancó cuando la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos denunció hallazgos de transacciones sospechosas realizadas por el ex delegado municipal de la oficina del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal del período 2011-2015, Leopoldo Arturo Moreno de la Cruz, preso desde 2017 por este caso y sujeto de juicio por supuesto enriquecimiento ilícito y caso especial de estafa.
Los fondos provenían de cheques emitidos a nombre de la oficina de las cuentas de las municipalidades de San Sebastián y Retalhuleu, en el departamento sureño de Retalhuleu, y de la alcaldía de Cuyotenango, del también departamento sureño de Suchitepéquez, según explicó la portavoz de la Fiscalía, Julia Barrera.
La investigación determinó que no había justificación «legal evidente» sobre las operaciones ejecutadas y encontró que hubo funcionarios, empleados municipales y bancarios que «consintieron con sus actos la sustracción de los fondos».
El Plan de Prestaciones del Empleado Municipal se creó en septiembre de 1968 con el fin de conseguir un beneficio para los funcionarios municipales del país centroamericano, salvo aquellos que trabajan en la capital guatemalteca, mediante un régimen de pensiones y prestaciones que cubren la vejez, discapacidad y muerte