Cientos de miles de personas manifiestan este martes en Francia en nuevas protestas contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, quien busca una salida al cada vez más violento conflicto social, pero sin retirar su impopular ley.
«La movilización sigue siendo igual de importante» con «muchos jóvenes» en las marchas, aseguró desde Clermont-Ferrand (centro) el líder del sindicato CGT, Philippe Martinez, para quien esto es «la prueba de que el movimiento no se agota».
Desde el 19 de enero, los sindicatos organizaron diez jornadas de protestas masivas contra este impopular proyecto, que aumentaron en intensidad a mediados de marzo cuando Macron lo adoptó por decreto para evitar perder el voto en el Parlamento.
Las últimas movilizaciones estuvieron marcadas por disturbios y choques entre manifestantes radicales y fuerzas de seguridad en las grandes ciudades. El jueves, hubo 457 detenidos y 441 policías y gendarmes heridos, según las autoridades.
En este contexto de creciente tensión, el gobierno y los sindicatos buscan cómo calmar los ánimos, pero firmes en sus posiciones: las organizaciones sindicales quieren la retirada o la suspensión de la reforma, y Macron dice no.
El vocero gubernamental, Olivier Véran, rechazó este martes la última propuesta de Laurent Berger, líder del principal sindicato, CDFT, de buscar una «mediación» para hallar una vía de salida, y afirmó que pueden «hablarse directamente».
Sin embargo, en un gesto poco habitual durante esta crisis, los diputados centristas de MoDem, miembro de la alianza oficialista de Macron, apoyaron la propuesta de Berger para «tratar de encontrar el diálogo» con cierta perspectiva.
El presidente liberal se halla bajo presión. Una mayoría de franceses lo considera responsable de la situación actual por no querer escuchar el malestar sobre una reforma que el gobierno considera crucial para evitar un déficit en la caja de las pensiones.
Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se opone además a esta reforma que retrasa gradualmente la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42) para cobrar una pensión completa.
La Torre Eiffel, en huelga
A la espera del dictamen del Consejo Constitucional sobre su validez, previsiblemente en abril, el gobierno busca pasar página rápidamente con otras prioridades como la salud, la educación y garantizarse una mayoría estable en el Parlamento.
Mientras tanto, los sindicatos no tiran la toalla y las jóvenes son cada vez más numerosos en las protestas. Las autoridades esperan que su presencia «se duplique o triplique» este martes, respecto a jornadas anteriores.
«Queremos mostrar nuestro descontento y decir que, aunque seamos adolescentes (…), tenemos el derecho de decir que estamos en contra», dijo el lunes Selma, mientras bloqueaba su centro de secundaria en Montreuil, al este de París.
Las protestas adquieren además desde hace semanas múltiples formas: miles de toneladas de basura acumuladas en las calles de París, bloqueos de depósitos y refinerías que dejaron a un 15% de gasolineras sin combustible, entre otros.
Este martes, los trenes circulaban al ralentí, y en París, el transporte público registraba «perturbaciones», según su operador RATP. Y la Torre Eiffel permaneció cerrada al público.
Las autoridades esperan «de 650.000 a 900.000 manifestantes» en total en Francia, donde desplegaron un «dispositivo de seguridad inédito» de 13.000 agentes, el mayor organizado hasta el momento.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, alertó de la presencia en París de «más de 10.000 radicales, algunos desde el extranjero», cuando el gobierno intenta criminalizar las protestas, que siguen contando con un gran apoyo popular.
Sin embargo, la gestión policial de las protestas contra las reformas, así como de la manifestación contra un embalse agrícola que dejó dos personas en coma el sábado, está en el punto de mira de las organizaciones de defensa de derechos humanos.
En ambos casos, «hay un uso desproporcionado de la fuerza que ya habíamos denunciado durante [la protesta social en 2018 y 2019 de] los chalecos amarillos», dijo a la AFP Jean-Claude Samouiller, de la oenegé Amnistía Internacional. AFP
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