La nueva Constitución de Cuba reconocerá la propiedad privada, el mercado y la inversión extranjera, en tanto repondrá la figura del presidente de la República y del primer ministro, siempre bajo el ojo vigilante del Partido Comunista (PCC).
El proyecto de reforma constitucional mantiene como principios esenciales la propiedad socialista del pueblo sobre los medios fundamentales de producción, pero «añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada», según detalles del documento que publicó el sábado el diario oficial Granma.
También ratificará «constitucionalmente la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país, con las debidas garantías».
Desde que se aprobó la nueva ley de inversiones en marzo de 2014, se han aprobado 110 nuevos negocios con firmas extranjeras, según cifras oficiales. La mayoría de esos emprendimientos son sociedades con el Estado cubano.
Tras el triunfo de la revolución y casi cuatro décadas de propiedad mayoritariamente estatal, en 2008 el entonces presidente Raúl Castro inició reformas económicas para impulsar el trabajo privado, que hoy abarca a 591.000 personas y representa el 13% de la fuerza laboral del país.
Sin embargo, todos estos cambios necesitaban tener un piso legal, porque la actual constitución «se encuentra desfasada respecto a las transformaciones socioeconómicas realizadas en los últimos años y previstas en el mediano plazo», opinó en su blog el economista Pedro Monreal.
De tal forma, la pequeña y mediana empresa privada nacerán al amparo de la nueva Carta Magna. Muchos trabajadores ya operan como tales.
«La Constitución debería actualizarse en el reconocimiento legal de la pequeña y mediana empresa y ya no repetir que todos son trabajadores por cuenta propia (…) Son mucho más que un trabajador contratado por otro», dijo a la AFP el abogado constitucionalista José Antonio Fernández.
Pero nuevas normas dictadas esta semana limitan a una sola licencia de negocio por persona, que apuntaría a evitar la acumulación de riqueza personal en la isla, un límite bien remarcado por el gobernante y único PCC.
Se trata de «regular la concentración de la riqueza, dado que se limita a una sola licencia por persona. Es una medida populista que busca detener el aumento de la desigualdad de los ingresos», dijo a la AFP el economista cubano Pavel Vidal, de la universidad Javeriana de Colombia.
Todo encaja dentro de la «conceptualización» de las reformas económicas aprobadas por el PCC para «actualizar» el modelo de corte soviético.
Castro dejó claro desde abril de 2016 que «no se permitirá la concentración de la propiedad (…) tampoco de las riquezas, la empresa privada actuará bajo límites bien definidos».
La nueva Constitución, que se espera sea sancionada por el Parlamento el próximo fin de semana, será sometida a un referendo popular antes de su aprobación final.
El texto reafirma «el carácter socialista» del sistema político, económico y social, y el papel rector del gobernante y único PCC «como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado».
Cuba también volverá a tener una forma de gobierno semejante a la que ostentaba antes de 1976, con presidente y vicepresidente de la República -que seguirá siendo elegido por el Parlamento- y un primer ministro. Sobre este último puesto no se han dado detalles sobre sus funciones ni sobre cómo será elegido.
Sin embargo, se mantendrá sin cambios la dinámica de elección presidencial, a cargo del Parlamento, seleccionado entre sus diputados.
El presidente es elegido «por un periodo de cinco años, y puede ejercer ese cargo hasta dos mandatos consecutivos, luego de lo cual no lo puede desempeñar nuevamente», dice la Carta Magna. El período máximo de diez años fue el que cumplió Raúl Castro y que ejercería su sucesor Miguel Díaz-Canel.
La nueva norma dejará en claro el derecho a la no discriminación por identidad de género, que abre el camino al reconocimiento de algunas demandas LGBT.
«Si comparamos con la Cuba de los setenta donde se botaba a los homosexuales de los centros de trabajo y las universidades, ahora es otra realidad (…) Sí creo que es un elemento fácil de incorporar a la constitución, incluso contra la voluntad de mucha gente de la Asamblea Nacional, permitir el matrimonio igualitario», consideró el constitucionalista Fernández.
Según adelantó a la AFP hace unas semanas la diputada Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, la reforma constitucional abrirá el camino para tomar decisiones en favor de los derechos de las personas LGBT, entre ellos la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, reseña desde La Habana Agencias