En los sectores afectados, y bajo el decretado estado de excepción, las personas han optado por hacer un “autotoque de queda”, pues luego de las 6 de la tarde las calles quedan solas.
Tras una semana de haberse cerrado la frontera, los colombianos no son los únicos que se han visto afectados ya que los venezolanos paralizaron sus actividades cotidianas para cuidar sus casas de los militares que se encuentran desplegados en la zona.
De acuerdo a informaciones publicadas por el diario El Tiempo, la situación “además de triste es tensa”: “Las familias han optado por salir únicamente desde muy temprano a los supermercados a comprar alimentos, pues los comercios menores, como bodegas, no han abierto sus puertas por la incertidumbre de que se generen situaciones de orden público en las que puedan perder sus mercancías”.
“¿Qué vamos a comer si la frontera está cerrada, abran el puente para que podamos ir a comprar la leche y los pañales de los niñosporque, según ustedes –el Gobierno–, iban a aparecer miles de cosas y las cosas empeoraron”, reclamó Yessica Puentes.
A continuación el texto completo publicado por el medio:
Una semana después del cierre de frontera entre Venezuela y Colombia, se sienten con dureza las consecuencias, no solo en pérdidas monetarias en los negocios de la zona, sino entre los habitantes de San Antonio del Táchira, sin importar si son de aquí o son de allá.
Todavía se recuerdan las lágrimas, peleas, gritos y tristeza en el lugar, de donde, por ejemplo, fueron deportados tres ancianos, que en el parque de la Confraternidad, de San Antonio, esperaban que las autoridades les indicaran la razón por la que fueron desalojados de los improvisados hogares donde vivían desde hace 18 años. Dos de ellos se dedicaban a barrer calles y otro, a pedir limosna en un semáforo.
Hoy la zona se divide en dos: en una se ven los escombros de lo que hace una semana eran estructuras donde vivían colombianos; y en otra, las casas que aún están marcadas, a la expectativa de qué puede pasar.
En algunas, la famosa R, que significa que ya fueron revisadas y no hay algún colombiano, y otras con la letra D, a las que les espera la demolición en sectores de La Invasión, Mi bella Barinas o Ernesto Guevara, custodiadas por convoyes de la Guardia Nacional Venezolana, que vigilan quién entra y sale de la zona.
Pero no por pobres, en realidad han sido expulsados tras ser señalados como paramilitares por el gobernador de Táchira, José Vielma Mora, quien afirmó que se instalaron en La Invasión ilegalmente, bajo complicidad del anterior gobernador –y opositor–, César Pérez Vivas, a quien además acusó de pagarles para realizar actos terroristas en el Táchira.
La situación, además de triste, es tensa. Los habitantes paralizaron sus actividades cotidianas para cuidar sus casas de los militares que pasan día y noche allí. Las familias han optado por salir únicamente desde muy temprano a los supermercados a comprar alimentos, pues los comercios menores, como bodegas, no han abierto sus puertas por la incertidumbre de que se generen situaciones de orden público en las que puedan perder sus mercancías.
UN AUTOTOQUE DE QUEDA
En los sectores afectados, y bajo el decretado estado de excepción, las personas han optado por hacer un “autotoque de queda”, pues luego de las 6 de la tarde las calles quedan solas.
Solo la presencia de los uniformados verdes es la que se siente y escucha, pues muchos habitantes de San Antonio denuncian violencia psicológica de estos, que en ocasiones van gritando: “A los colombianos y bachaqueros los vamos a sacar como perros”.
A pesar de los temores, con el correr de los días quienes quedaron en la zona han denunciado que la Guardia Nacional Bolivariana se lleva consigo alimentos, dinero o medicamentos cuando allanan las casas. También rompen adornos, desordenan gavetas, destienden camas.
La que se llamaba ‘la frontera más viva de Latinoamérica’ por su dinámica cultural, deportiva, económica y académica, actualmente es como un desierto. Reducida al mínimo su actividad, la gente dice estar nerviosa por la falta de alimentos y, aunque algunos abastos y comercios han abierto sus puertas, las colas de gente en busca de cualquier cosa superan las de semanas atrás en longitud y tiempo de espera.
Afuera de un supermercado, bajo el sol, en una cola que empezó a las 4:00 de la mañana, Yessica Puentes reclama al Gobierno venezolano: “¿Qué vamos a comer si la frontera está cerrada, abran el puente para que podamos ir a comprar la leche y los pañales de los niños porque, según ustedes –el Gobierno–, iban a aparecer miles de cosas y las cosas empeoraron”.
Lo mismo que escasean los alimentos lo hacen la opinión, la queja, la expresión. Aunque bajo el decreto de estado de excepción se establece como intocable el derecho a la información de los ciudadanos, esto parece quedar en el papel.
Las autoridades militares han impedido el trabajo de la prensa regional, nacional e internacional. No permiten grabar testimonios o imágenes de viviendas, instituciones, comercios e inclusive las calles. La orden es que eliminen los videos o, de lo contrario, serán detenidos.