El caso de una niña indígena de 8 años, que fue violada y quedó embarazada, ha indignado a la comunidad internacional, luego de que las autoridades de Panamá no le permitieran abortar por su avanzado estado de gestación.
Por semana.com
Al parecer, la menor habría sido abusada por una persona de su “entorno familiar”, y dada su situación de vulnerabilidad su embarazo habría avanzado, al punto que por legislación no se le permitiría interrumpir voluntariamente la gestación, por lo que esta niña sería sometida a una cesárea, según lo informó el Ministerio de Salud de Panamá.
El documento de la cartera explica que fue desde el 22 de diciembre de 2021, cuando la Fiscalía de Familia recibió el parte médico sobre la situación de la menor de edad, quien había sido víctima de una violación, denuncia que había presentado uno de los familiares de la niña.
A continuación, recalca que un grupo de ginecólogos le practicaron un ultrasonido el 23 de diciembre en la Clínica de Embarazo de Alto Riesgo de la Maternidad del Hospital Santo Tomás, en el que se determinó que esta niña estaba pasando por la semana número 23,4 de embarazo, por lo que se le habría negado la opción de abortar, y se habría estipulado que esta necesitaría una cesárea.
Entre tanto, los médicos afirmaron que se puso en marcha el protocolo de manejo de alto riesgo por el tiempo de gestación. Seguidamente se le notificó de la situación a la dirección del Hospital del Niño para que su equipo efectuara las intervenciones necesarias.
Aunque la polémica se desató por la negativa de practicar un aborto a la menor, el ministerio insistió en que la legislación vigente solo permite el aborto hasta las 8 semanas de embarazo, si este es producto de una violación, y hasta 22 semanas si la mujer o el feto están en riesgo de muerte.
Agregaron que la menor había sido debidamente tratada con el apoyo psicoemocional y pediátrico que necesitaba. “En la Maternidad del Hospital Santo Tomás y en el Hospital del Niño actualmente se le realizan a la menor los respectivos controles del embarazo, tomando en cuenta además los riesgos inherentes por la edad de la paciente”, afirmó la cartera, haciendo énfasis en los cuidados que esta iba a necesitar de acuerdo a su estado de vulnerabilidad.
Con respecto al método para el parto, se confirmó que los médicos que atendían a la menor estaban discutiendo con las autoridades y técnicos del Ministerio de salud, pero se mantienen en la necesidad de utilizar una cesárea.
La menor fue remitida a la sala de alto riesgo de la Maternidad del Hospital Santo Tomás tras iniciar su tercer trimestre de embarazo, ya que el equipo médico buscaba tener una vigilancia más cercana de la situación.
La cartera afirmó que ellos también mantienen un seguimiento interinstitucional para la paciente, que incluyen a igual que el Minsa, al Ministerio de Desarrollo Social y Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Además, agregó que la atención no solo está relacionada con el embarazo, sino también con el bienestar psicológico, social y físico de la menor.
“El agresor sexual de la menor se mantiene detenido a órdenes del Ministerio Público por la comisión de delito de violación sexual con el agravante de ser cometido contra una menor de edad”, aseguraron las autoridades con respecto a las investigaciones sobre el caso de abuso y su responsable.
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