Con horas de retraso sobre lo previsto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desvelaba las medidas para frenar la pandemia en la región, centrándose en particular en 37 áreas sanitarias en las que viven casi 900.000 personas (858.000).
Después de 48 horas de incertidumbre, Ayuso anunciaba una estrategia que ya han puesto en marcha en otras comunidades (aunque con una menor incidencia de contagios) y que se centra fundamentalmente en restringir de forma parcial la movilidad de los vecinos afectados.
Hay cierre perimetral pero se permite salir y entrar de los barrios para infinidad de actividades. Además, se reducen los contactos sociales estableciendo un límite máximo de reunión de 6 personas. Como firme propósito está el de detectar a los ciudadanos infectados y vigilar que cumplen la cuarentena. Para ello, Ayuso pedirá ayuda al ejército: esta es la gran novedad respecto a otras medidas adoptadas por gobiernos autonómicos. Según la presidenta de Madrid, la relajación en el ámbito familiar y social ha sido uno de las causas principales de la expansión del virus. Las restricciones entrarán en vigor el lunes y durante dos semanas revisables. Las multas por saltarse las normas oscilarán entre los 600 y los 600.000 euros.
La presidenta, que compareció con el vicepresidente Ignacio Aguado y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explicó que las 37 áreas sanitarias se sitúan en 8 municipios: Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Getafe, Fuenlabrada, Parla, Humanes y Moraleja de Enmedio. En Madrid capital, las áreas sanitarias afectadas por el plan son las de Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal. Todos ellos, según la Comunidad de Madrid, superan los 1.000 infectados por 100.000 habitantes, una “cifra gravísima”, indicó. Sin embargo, hay otras áreas con niveles similares, como Lavapiés (1.100 casos por 100.000 habitantes) que no entran en las restricciones.
La responsable del Ejecutivo madrileño reiteró que las medidas adoptadas tienen como objetivo detectar los contagios en estas áreas, por lo que la semana que viene se realizarán un millón de test de antígenos. “La población afectada representa el 13% de total de la región, pero son el 25% de los contagios”, justificó.
Mientras se hacen esas pruebas, ese casi millón de ciudadanos no podrá salir de su área sanitaria, aunque las excepciones son tantas que la movilidad no se notará en exceso y los medios de transporte, especialmente el Metro y el Cercanías, se prevé que seguirán abarrotados de personas como hasta ahora (la línea 1 del Metro de Madrid conecta directamente el área más afectada, Puente de Vallecas, con el norte de la ciudad, pasando por el centro). En relación al transporte público no se ha adoptado ninguna medida.
Situación límite
La presidenta califica la situación de “gravísima” y no descarta ampliar las medidas y áreas.
Se permitirá salir de esas zonas para trabajar, ir al colegio o la universidad, para ir al médico, cuidar a personas dependientes, a acudir a citaciones judiciales, renovar documentación, realizar exámenes o por cualquier otra causa de fuerza mayor. Además, el resto de ciudadanos podrá atravesar esas áreas por carretera siempre que el origen y el destino estén fuera de las zonas sobre las que se actúa. El resto de la población que no se encuentre en las excepciones antes citadas podrá moverse por el barrio, aunque se recomienda que permanezcan en casa el mayor tiempo posible.
Unas restricciones de movilidad que a priori no parecen muy efectivas (la mayoría de la población afectada no puede teletrabajar, es decir, se tendrá que desplazar), que se completan con la estrategia de prevención y de aislamiento de los casos positivos y sus contactos estrechos.
Precisamente, el sistema de rastreo y diagnóstico ha sido el gran lastre de esta comunidad y que explica la expansión del virus. Los ciudadanos con sospechas de infección han tenido que esperar hasta una semana que les dieran el resultado de la PCR y el número de rastreadores que ha buscado a los contactos estrechos ha sido muy escaso. Muchas personas han circulado libremente sin saber si estaban infectadas o seguían trabajando a la espera de unos resultados que no llegaban ante el miedo de perder el trabajo.
Ahora, se hará un cribado en las áreas afectadas y los que den positivo tendrán que guardar cuarentena. Sus contactos también. Para ello, según Ayuso, se buscará la ayuda del ejército. Este nuevo conjunto de medidas deberá ser ratificado por un juez, que deberá comprobar si vulneran los derechos individuales de los ciudadanos.
Si obtiene el beneplácito judicial, el lunes entrarán en vigor unas medidas que también incluyen, además, las reducciones de aforos en los comercios y bares al 50% (tanto en el interior como en las terrazas) y el cierre de los mismos a las diez de la noche. Para impedir los botellones y las reuniones juveniles nocturnas se cerrarán los parques y jardines públicos.
A los catorce días se comprobará si se ha doblegado la curva en estas áreas. De lo contrario, se prorrogará las restricciones. No se descarta que algunos puntos de la región, con una incidencia acumulada que supera los 800 contagios por 100.000 habitantes, sean los siguientes si no se frena la expansión del virus.
Otras medidas
Se limitan las reuniones a 6 personas y se cierran los bares a las 22 horas
Expertos en salud pública consultados creen las medidas adoptadas son insuficientes por “laxas” dada la situación epidemiológica de la región. Actuar sobre unas áreas y no sobre otras que también están objetivamente en una situación “grave” no logrará frenar el avance de un virus, “que encuentra cualquier resquicio para expandirse y hacerse fuerte”, señalan.