El proceso de los Estados Unidos de América contra el millonario venezolano Roberto Enrique Rincón Fernández por fraude y sobornos por al menos 1.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) da nuevas pistas sobre la corrupción en los gobiernos chavistas, e involucra sin nombrarlos a ejecutivos de la estatal, según las actas del caso.
La acusación menciona por letras claves y sin identificarlos con nombres propios, la complicidad de varios altos ejecutivos de Pdvsa que participaron en comités de licitaciones arregladas para favorecer a las compañías de Rincón y su socio Abraham José Shiera Bastidas.
El millonario Rincón Fernández se declaró culpable este jueves ante una corte de Houston, Texas, de haber estafado a Pdvsa con cerca de 1.000 millones de dólares, en contratos de suministro a favor de sí mismo y de uno de sus socios, informaron fuentes judiciales.
Según los autos del proceso, estos son algunos de los detalles más relevantes:
“Rincón y Shiera junto con otros procuraron procedimientos ilegales desde Pdvsa para asegurarse lucrativos contratos de Pdvsa a través de medios corruptos y fraudulentos, incluyendo el pago de sobornos a funcionarios de la empresa”, dice la acusación que se lleva en la Corte del Distrito Sur del estado de Texas, en Houston, Estados Unidos.
“Rincón y Shiera, junto con otros, asistieron a ciertos funcionarios de Pdvsa en la apertura de cuentas, incluyendo cuentas bancarias fuera de Venezuela, para que los funcionarios de Pdvsa recibieran pagos de sobornos”, explica.
Prosigue la demanda detallando cómo los dos ejecutivos se involucraron en transacciones monetarias junto con varias otras compañías, diseñadas para ocultar la naturaleza, fuente y titularidad de las actividades ilegales.
Para efectos de las leyes de Estados Unidos, ambos son considerados empresarios locales, pues viven y operan sus empresas en ese país.
También se destaca que las estafas involucran a Pdvsa Services, Inc, la filial estadounidense de Pdvsa localizada también en Houston, que muchas veces fue responsable de las compras para la casa matriz.
Bariven, la filial de Pdvsa responsable por compras internacionales de suministros, también es considerada como instrumento del Estado venezolano para efectos legales.
Shiera, de 52 años, radicado en Coral Gables, Miami Florida, también se declaró culpable en este caso. Pero lo hizo el 23 de marzo pasado, ante la misma corte de Houston, según informó oportunamente el Departamento de Justicia de EEUU en un comunicado.
El juicio de ambos casos está previsto para la semana que viene y la sentencia se espera para el próximo 8 de julio. Shiera fue detenido el 16 de diciembre de 2015 en Miami, acusado de 18 cargos que comparte con su socio Rincón, de 55 años.
“Dueño de múltiples compañías de energía basadas en Estados Unidos se declaró culpable de los cargos de sobornos en el extranjero y fraude por su participación en un esquema de corrupción para asegurarse contratos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa)” la empresa de energía que es propiedad y controlada por el Estado venezolano, señaló la notificación.
En este proceso también están involucrados otros cuatro sujetos: Moisés Abraham Millán Escobar, de 32 años, residente en Katy, Texas y ex empleado de Shiera, al igual que tres empleados de Pdvsa: José Luis Ramos Castillo (38 años), Christian Javier Maldonado Barillas (39) y Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz (53), que se declararon culpables de los cargos de lavado dinero y de aceptar sobornos.
Entre los numerosos cargos, a Rincón y Shiera se les acusa de complicidad con terceros para transferir dinero entre cuentas bancarias de sus respectivas empresas para ocultar los pagos, de crear falsas justificaciones para los sobornos u razones de las transferencias, definidas a veces como “comisiones”. Los pagos frecuentemente eran ordenados desde cuentas a nombre de compañías diferentes a las beneficiadas con los contratos.
Entre las evidencias se incluyen las transferencia de millones de dólares desde cuentas vinculdas.
También se recogen como evidencias múltiples comunicaciones, como correos, mensajes, órdenes de transferencias bancarias por varios miles de dólares “a los ejecutivos A, B, C, D y E” o a sus familiares y allegados, desde cuentas de Rincón o las compañías de éste y de su socio.
Rincón y Shiera son acusados de un delito de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, nueve delitos de violación del mismo instrumento legal, un delito de conspiración para lavado de dinero y siete delitos de lavado de dinero.
Los hechos de las acusaciones son complejos. En el proceso contra Rincón, se incluyen acusaciones de sobornos y comisiones por varios millones de dólares pagados a ejecutivos extranjeros que trabajan para Pdvsa, “para asegurar lucrativos contratos en Venezuela para los negocios de equipamiento y servicios del acusado”.
Las revelaciones arrojadas por este caso incluyen varios miles de páginas con los registros de centenares de cuentas bancarias localizadas en Suiza, Panamá y otras localidades donde presuntamente los sobornos fueron pagados.
El acusado es defendido por el prestigioso bufete Strasburger & Price, LLP, de Texas, reconocido como uno de los mejores de Estados Unidos según publicaciones especializadas.
Entre las razones de la detención alegadas oportunamente, se señala que Rincón Fernández es un ciudadano venezolano con cargos de lavado de dinero y de violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que ha vivido en el área de Houston por aproximadamente 10 años y posee una residencia con un valor de $5 millones.
“Sin embargo, el valor de esa residencia palidece en comparación con otros activos que posee alrededor del mundo”, por lo que la Corte desestima esa vivienda como un vínculo con la comunidad.
En esos esquemas, los sobornos fueron pagados a ejecutivos de Pdvsa para tener a las empresas de Rincón en la lista de compañías que fueron favorecidas en las licitaciones de contratos de Pdvsa. “En algunas ocasiones, solo las compañías afiliadas a Rincón estaban en ese grupo, y Rincón sobornaba individuos de modo de asegurarse que solo sus empresas estuvieran en la lista de suplidores de algún producto en particular”.
La investigación cubrió 730 cuentas bancarias, de las cuales 108 están relacionadas a Rincón, sus familiares o sus compañías.
La acusación persigue la confiscación de tres cuentas en bancos suizos en las cuales el Gobierno de EEUU ha rastreado $100 millones provenientes del esquema de sobornos. No ha podido rastrear más fondos transferidos debido a la ley de secreto bancario de Suiza.
“Por lo tanto, es posible que haya otras cuentas bancarias controladas por Rincón además de esas conocidas por el gobierno”, señala uno de los documentos.
“Entre 2009 y 2014 sobre mil millones de dólares fueron dentro de esta conspiración. De ese monto, $750 millones rastreados hasta Rincón entre 2009 y 2013. Solamente a un ejecutivo Rincón pagó sobornos por $2,5 millones”, explica el escrito que sustancia el caso.
Rincón es amigo personal de Hugo Carvajal, un general retirado venezolano (hoy diputado del chavista Partido Socialista Unido de Venezuela, Psuv) que es buscado por la corte del distrito sur de Nueva York por tráfico de drogas y que fue detenido en Aruba a bordo de un avión de Rincón en julio de 2014.
Aruba declinó extraditarlo a Estados Unidos invocando su estatus diplomático.
Rincón tiene residencias en España y Aruba. En agosto de 2014 revocó su estatus legal de residente permanente de Estados Unidos y quedó con visa de negocios, por lo que solo podía estar seis meses del año en ese país. Antes de su detención había pasado 41 días en suelo norteamericano.
La esposa de Rincón, así como su mamá y sus hijos son ciudadanos venezolanos. Tres de los hijos son residente legales en EEUU, un cuarto tiene visa de turista. La mamá de Rincón estaba en Venezuela al momento de la detención.
Cuando comenzó el proceso, los oficiales de la corte inicialmente recomendaron una fianza de 10 millones de dólares, incluyendo 5 millones en efectivo, así como cauciones de todos los miembros de la familia y la retención de sus pasaportes. Pero después de escuchar los testimonios en la corte, cambiaron su recomendación a la de detención.
La lista de bienes de Rincón enumerados en la audiencia previa fue clave cuando decidieron la detención en vez de la libertad bajo fianza. Esa lista, junto con las numerosas cuentas bancarias controladas por el empresario, llevó a la Corte a concluir que cinco o seis millones de dólares no garantizaban la comparecencia futura del acusado ante la corte, por cuanto éste dispone de cientos de millones de dólares en activos en todas partes capaces de financiar el estilo de vida de un fugitivo.
Una recomendación de quitarle los pasaportes a la familia no hubiera podido evitar que consiguieran otros documentos desde Venezuela, destacan los autos procesales.
También destacaron que su país no tiene acuerdos de extradición con Estados Unidos e inclusive si él no regresaba a Venezuela tenía medios para huir a cualquier lugar y mantenerse por el resto de la vida.
Traducción de El Estimulo