El golpe de Estado de Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, dio paso a 17 años de dictadura. Casi dos décadas de intenso sufrimiento. Secuestros, torturas, exilios forzados, detenciones y asesinatos contra quienes pensaran distinto. Es una historia de resistencia. Hoy, 50 años después, las deudas del Estado chileno frente a las víctimas y sus familias son enormes: la mayor parte de casos está sin esclarecer ni juzgar, mientras madres, esposas e hijos han ido falleciendo sin ver un atisbo de verdad, Justicia y reparación.
Marta Vega tenía 18 años cuando el 16 de agosto de 1976, su padre, Julio Vega Vega, fue detenido y subido a un vehículo por militares, a pocos pasos de su casa. “Ahí empezó el karma de buscar”, afirma su hija con tristeza.
El hombre de 61 años, que era miembro del Partido Comunista, fue torturado, según testimonios posteriores de personas que estuvieron detenidas junto a él. Primero en el centro de detención Villa Grimaldi y luego en Simón Bolívar, en Santiago de Chile, “una casa de exterminio, porque de ahí nadie salió vivo”.
Pero la tortura también fue para su esposa e hijos, que lo buscaban intensamente. “Llegaban hombres a la casa en auto, entraban, se quedaban en la puerta, se ponían a fumar, se reían, a nosotros realmente nos molestaba mucho, éramos muy lolitos con mis hermanos, sentíamos mucho miedo”, recuerda Vega en conversación con France 24.
Su esposa no aguantó tanto dolor. “A los cinco años de no aparecer mi papá, mi mamá decía ‘yo me voy a morir porque ya no lo encuentro’, porque habían cerrado el caso de mi padre, y así fue, se murió de un día para otro”, lamenta Marta Vega, que tomó las riendas de la búsqueda de su padre, actualmente como secretaria general de la Agrupación Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Fue una ola de terror. «¡No se la lleven!», gritaba la hija de ocho años de Gloria Esther Lagos, una joven madre de 28 años, con tres hijos y embarazada, cuando fue arrestada en su casa por agentes al servicio de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el 26 de agosto de 1974, según el testimonio de su hija en el archivo digital de Memoria Viva. Tanto ella como el bebé que llevaba en su vientre siguen desaparecidos. Gloria, que se desempeñaba como secretaria del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), es una de las nueve mujeres embarazadas detenidas y desaparecidas por militares al servicio de Pinochet.
Solo habían pasado tres días del golpe de Estado cuando Víctor Jara, el cantautor y poeta que dio vida a canciones que son un poema al amor, la paz y la resistencia del pueblo obrero, se convirtió en uno de los miles de detenidos en el Estadio Chile. Los uniformados se ensañaron con él. Fue vilmente torturado y su cuerpo fue hallado en una vía de tren con 44 disparos.
El sacerdote Joan Alsina pidió a su agresor no vendarle los ojos antes de fusilarlo. “Mátame de frente porque quiero verte para darte el perdón», dijo al soldado el religioso español que llegó a Chile con el deseo de trabajar en los sectores pobres del país. Cayó al río Mapocho con varias heridas de bala. Sus últimas palabras carcomieron la mente de su asesino, que años más tarde confesó el crimen.
Sus casos son algunos entre los miles que sufrieron la crueldad de miembros de las Fuerzas Armadas, y también de civiles que operaron junto a los militares, denuncian los familiares de las víctimas. Durante la sangrienta dictadura, unas 40.175 personas fueron ejecutadas, detenidas y desaparecidas o torturadas como presos políticos, según el Ministerio de Justicia, con base en investigaciones de varias comisiones.
1.469 personas fueron clasificadas como víctimas de desaparición forzada, de las cuales 1.092 fueron detenidas y desaparecidas, mientras que 377 fueron ejecutadas y sus restos nunca fueron devueltos.
De 1973 a 1978 se cometieron los crímenes más cruentos del régimen militar. Entre los múltiples actos de crueldad bajo el mando de Pinochet, Chile conoció los llamados “vuelos de la muerte”, en los que personas vivas, atadas y con peso en los pies, eran arrojadas al mar. Una práctica confirmada tras el testimonio del suboficial en retiro Juan Guillermo Orellana, en 2018.
“Hay todo un daño transgeneracional”
Cuando el temor y la desconfianza eran latentes para acudir a la Policía o al Ejército, los afectados pedían ayuda a la Iglesia. Y ahí, casi desde el inicio, en octubre de 1973, surgen las primeras acciones judiciales para tratar de ayudar a las víctimas, una especie de fuerza opositora al régimen militar para defender los Derechos Humanos, encabezada por líderes católicos, cristianos y judíos. Algunos fueron asesinados por su labor.
Desde entonces, se fue acumulando un archivo –de cartas, recursos de amparo, y otras evidencias–, que da cuenta de los crímenes. Se convirtió en la base fundamental para los posteriores reclamos de Justicia: la hoy Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.
Y es que durante los primeros años, la dictadura negó, incluso, que las personas reportadas como desaparecidas hubieran existido en la faz de la Tierra. Entonces, “fue necesario tener certificados de nacimientos, de notas de colegio, todos los documentos que probaran que los detenidos desaparecidos tenían existencia legal”, señala a France 24 María Paz Vega, secretaria ejecutiva de la Vicaría, que tras más de 30 años de trabajo en el lugar conoce ampliamente el capítulo más doloroso de la historia chilena y sus investigaciones.
Para 1978 se hizo imposible negar las atrocidades por el hallazgo de los cuerpos de 15 campesinos que habían sido detenidos en 1973. “Fue el primer hecho que comprobó que los detenidos desaparecidos no solo existían, sino que además habían sido detenidos, asesinados por sus aprehensores y habían sido enterrados clandestinamente para que nunca más fueran encontrados”, subraya Vergara.
El archivo se amplió, además, con la ficha antropomórfica, que recoge detalles de peso, estatura, radiografías dentales, historiales clínicos, entre otros, de las personas desaparecidas.
Más de 47.000 expedientes recopilados en la Vicaría dan cuenta de la transformación de las causas judiciales, a medida que se ha ido conociendo de las brutalidades cometidas.
“Primero las causas eran por detenidos desaparecidos frente a los tribunales de Justicia, luego de ejecutados y ahora por víctimas sobrevivientes que fueron objeto de tortura y causas por los efectos en salud mental de las víctimas y sus familiares, hay todo un daño transgeneracional”, explica Vergara.
“En dos tercios de los casos de víctimas asesinadas o desaparecidas no ha habido una sentencia”
Los documentos de la Vicaría han servido como base para el trabajo de las comisiones de la verdad que han operado en el país: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, también llamada Comisión Rettig, creada en 1990, el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Valech I (2005), el Informe y Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, conocido como Valech II (2011).
Estas misiones sirvieron para identificar víctimas, tanto fallecidos, como desaparecidos y sobrevivientes de detenciones y torturas, al igual que para proponer medidas de reparación.
Sin embargo, las familias subrayan vacíos e insuficiencias. Vega destaca dos principales falencias: la temporalidad con que han funcionado esas comisiones y las dificultades de muchas familias para demostrar que sus seres queridos fueron detenidos y desde entonces se encuentran desaparecidos.
“Abrieron solo por un determinado tiempo, hemos pedido mucho que se mantengan abiertas para que cuando la gente se sienta preparada, pueda denunciar, porque la gente increíblemente todavía tiene miedo”, indica.
Además, resalta las complicaciones que vivieron las familias de las víctimas de las provincias, muchos de zonas rurales y con grandes problemas económicos, que no pudieron trasladarse en su momento a Santiago para dejar desde entonces constancia en los archivos sobre denuncias o recursos de amparo, documentación que décadas más tarde, en democracia, les fue exigido presentar para ser incluidos en los informes de las comisiones.
“Mucha gente quedó fuera de esas comisiones, nosotros pudimos demostrar porque teníamos la documentación, porque apenas desapareció nuestro familiar presentamos recursos de amparo para proteger su vida. No sirvieron, pero siempre apostamos a la Justicia (…) Las cifras pueden ser mayores, nosotras incluso en dictadura, en la Agrupación hablábamos de 3.000 porque mucha gente llegó a la Agrupación a denunciar que su familiar estaba detenido y desaparecido, pero en las comisiones no calificaron”, asegura la secretaria general de la organización de familiares de detenidos desaparecidos.
Ante este escenario, sostiene Vega, sus casos no han sido reconocidos ni contabilizados y tampoco han podido acceder a medidas de reparación, como el acceso a servicios médicos, el pago de una única indemnización o la recepción de una pensión. Esta última dispuesta para madres o esposas, no para hijos.
Después de 50 años, continúan las deudas del Estado chileno sobre verdad, justicia, reparación y la garantía de la no repetición, subraya a France 24 Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. “En dos tercios de los casos de las víctimas asesinadas o desaparecidas no ha habido una sentencia y solo lo ha habido en un 0,6% de las víctimas de prisión política y de tortura. No obstante, hay algunas políticas valiosas, pero en términos generales el panorama sigue siendo de impunidad”, sostiene Bustos.
A lo largo de los años, las autoridades han emitido algunas sentencias contra militares involucrados en las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet. Pero la implantación de Justicia, cuando la ha habido, ha sido tardía e insuficiente.
“Están investigando últimamente, pero ya se ha muerto la mayoría, la mayoría de genocidas y también de parte nuestra, nuestras madres, nuestra gente, esperando verdad, esperando Justicia, no saber nada es lo peor (…) Cada vez es un dolor más grande”, manifiesta Vega.
En el caso de la joven madre Gloria Esther Lagos, en 2014, el magistrado Leopoldo Llanos sentenció a 10 años y un día de prisión a cuatro exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): Manuel Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchenko, Orlando Manzo Durán y Basclay Zapata Reyes.
La sentencia por el crimen contra el cantautor Víctor Jara llegó hasta el pasado 28 de agosto. Siete militares en retiro fueron condenados a 25 años de cárcel, por la Corte Suprema. Uno de ellos se suicidó cuando un grupo de agentes llegó a su domicilio para detenerlo.
Por el fusilamiento del sacerdote español Joan Alsina, en 2005, el juez Jorge Zepeda dictó cinco años de prisión contra uno de los tres responsables: el oficial retirado del Ejército chileno Donato López. Los otros dos implicados ya habían fallecido para el momento del dictamen.
En muchos de los casos, las condenas van de los 5 a los 15 años o de los 8 a los 25 años de cárcel. Un tiempo mucho menor del que las familias han experimentado entre el calvario de perder a sus seres queridos y los años de lucha pidiendo Justicia. Sin contar los múltiples crímenes en los que no ha habido ninguna condena.
“El hecho de que muchos casos después de 50 años sigan en la impunidad significa que el Gobierno tiene que redoblar los esfuerzos a nivel de leyes, políticas públicas, mayores recursos para avanzar en verdad y Justicia. La Justicia debiera ser oportuna y lo que ocurrió en Chile, en cambio, es que no solo se cometieron crímenes atroces, sino que la Justicia y el Estado hicieron todo lo posible para que no hubiera verdad y no hubiera sanciones a los responsables (…) Muchos perpetradores han ido envejeciendo, muriendo y familiares de las víctimas también han ido muriendo y se ha generado impunidad biológica”, remarca el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
“La Justicia ha sido mezquina, injusta, porque mataron a nuestra gente, la torturaron de la peor manera, a medida de los años hemos sabido las torturas que les han hecho, cómo los mataron (…) En los tribunales hemos tenido que escuchar de boca de ellos cómo se jactan de lo que hicieron y no hablan de quiénes más están involucrados”, reclama por su parte Vega, quien sostiene que las autoridades muestran condescendencia hacia los implicados por ser ahora personas de avanzada edad.
Mientras “nosotros todos estos años sufriendo todo lo que les han hecho, sin saber dónde los dejaron porque ellos no lo hablan, ha sido brutal”, agrega Vega con voz entrecortada.
El pasado 30 de agosto, de cara a los 50 años del inicio de la dictadura, el actual presidente Gabriel Boric anunció el Plan Nacional de Búsqueda de desaparecidos, que apunta a esclarecer las circunstancias de la desaparición o muerte de las víctimas, el acceso de los familiares a información, certificar medidas de reparación y la garantía de la «no repetición» de esos delitos.
Un plan que las familias ven con cautela, pero sin dejar de depositar sus esperanzas, ya que este mecanismo tendrá en cuenta un 80% del plan de búsqueda diseñado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, asegura la organización que tras cinco décadas de trabajo recalca los requerimientos para que sea efectivo. Entre ellos, la exigencia de que los jueces expongan todo lo que han hallado durante las indagaciones.
“Que nos digan de verdad quiénes son los culpables, porque no son solo los que están presos en Punta Peuco, (la cárcel para violadores de Derechos Humanos) hay muchos más, faltan los civiles, no se ha tocado a ningún civil, civiles que trabajaron en dictadura, mandando, dando órdenes, hay algunos que incluso están en el Congreso, en cargos importantes, pasando desapercibidos”, señala Marta Vega.
Para el esclarecimiento de los abominables delitos, familias y expertos en derechos humanos coinciden en la necesidad de forzar a los militares a romper los llamados “pactos de silencio”, bajo los cuales durante décadas han sido protegidos miles de involucrados.
El máximo responsable falleció sin ser condenado por los brutales crímenes. “Al Estado de Chile y a la sociedad chilena en su conjunto siempre nos va a pesar que el exdictador Augusto Pinochet haya muerto en la más absoluta impunidad”, lamenta Bustos.
“Reparación no hay”: el tráfico de niños en la dictadura, víctimas que aún esperan Justicia
De la crueldad de la dictadura no escaparon ni los más pequeños. Al menos 20.000 niños fueron robados a sus madres, según estimaciones de la Policía de Investigaciones. Constanza del Río recuerda que a sus 39 años, hace 11, descubrió que fue una entre esos miles de bebés adoptados ilegalmente.
“Habíamos tenido una discusión y ya no nos hablábamos (con sus padres adoptivos) y ellos consideraron que era el minuto para contarme, porque la discusión tenía que ver con esto, mis sospechas acerca de mi origen. Me contaron que era adoptada y encima que había sido una ‘adopción distinta’. A los pocos días entendí que ese distinto significaba que yo había sido traficada”, afirma Del Río, que dos años más tarde constituyó legalmente la ONG Nos Buscamos, en un intento por hallar a sus padres biológicos y ayudar a otros en la misma situación.
“Quedamos sorprendidos porque no sabíamos que éramos tantos”, indica Del Río sobre cómo fue aumentando el número de inscritos en la página web que lanzó.
Ahora tienen más de 7.000 personas registradas y han ayudado a resolver más de 400 búsquedas, incluido el hallazgo de sus propios padres biológicos, con ayuda de la plataforma de genealogía MyHeritage.
Si haz comenzado tu búsqueda sobre tu familia biológica, te damos 5 consejos para tener el éxito asegurado https://t.co/VYCsAzxJpU#adoptados #bebesrobados #myheritage #adn @INFOGENES1 @HMSilencio1 @SOSBebesRoba2 @sosbebesrobados @abuelasdifusion @ongNPP @nosbuscamoscl pic.twitter.com/TKmkcG8tBF
— MyHeritage Español (@MyHeritageES) July 26, 2020
La ONG Nos Buscamos y otras organizaciones que por años han trabajado para esclarecer estos delitos denuncian que los menores fueron vendidos en una red ampliamente coludida entre funcionarios públicos. La trama operó en coordinación con distintos sectores del Estado, donde las asistentes sociales y médicos de hospitales públicos, hasta funcionarios del Registro Civil y jueces avalaron la entrega de miles de menores de forma irregular. Todo tras el pago de fuertes sumas de dinero por parte de los adoptantes.
Las víctimas fueron principalmente mujeres pobres o vulnerables que daban a luz en hospitales públicos o que dejaban a sus niños en jardines infantiles mientras asistían a sus trabajos. Al preguntar por ellos, obtenían una desalmada respuesta: murieron. Pero no les entregaban ni cuerpos ni actas de defunción.
Si bien esa práctica ilegal ha tenido lugar en otros momentos de la historia chilena, se consolidó como una política durante el régimen de Pinochet. Muchos de los niños fueron sacados hacia países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, Alemania y Suecia. Esta última fue una de las naciones que más recibió adoptados de forma ilegal, en medio de una estrategia transnacional, favorecida por los vínculos entre el régimen militar chileno y sectores de extrema derecha de ese territorio europeo. Otros niños fueron entregados a familias en Chile.
Si bien los daños son irremediables, para las víctimas de estos casos, no ha habido medidas de reparación ni Justicia. “Reparación no hay, ni siquiera hay culpables, no hay nadie preso, ni enjuiciado, siendo que la Policía de investigaciones de Chile, la PDI, estima que son alrededor de 20.000 los niños que salieron del país de forma ilegal, 20.000 niños significa 20.000 madres, estamos hablando de 40.000 víctimas del tráfico de niños en dictadura y no se ha hecho nada”, destaca Del Río, quien desde 2018 entabló una denuncia ante el juez Mario Carroza, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.
“Cada vez que pedimos una entrevista o una audiencia, la niegan sistemáticamente”, agrega.
Ayudando a otros a buscar, Constanza del Río ha cargado el peso de muchas historias. Algunas con un abrazo de reencuentro. A finales del pasado agosto, Jimmy Lippert Thyden, de 42 años, criado en Estados Unidos, se reencontró por primera vez con su madre biológica tras ser arrebatado al nacer. Ella, María Angélica González, una mujer de origen humilde, había creído en la versión de los funcionarios en el hospital de que su bebé había fallecido. “Te amo”, se dijeron ambos en medio de las lágrimas y la fuerza de un abrazo que intentaba compensar el tiempo perdido.
Pero esclarecer las adopciones ilegales ocurridas bajo la dictadura es una lucha contra el tiempo. Los padres han envejecido y algunos están muriendo. El pasado 2 de septiembre, María, una mujer criada en Suecia, llegó a Chile para abrazar a su madre, que agonizaba. “Le dice mamá, soy yo, soy María, y la madre despierta, sin poder abrir los ojos, ella susurra su nombre, levanta un bracito y la abraza, a las pocas horas Magdalena falleció”, señala Constanza, que presenció la reunión. Fue el primer y último abrazo con el que se despidieron después de décadas separadas.
A 50 años del inicio de la dictadura, que entre otros crímenes favoreció el tráfico de menores, el llamado es claro: “Le solicitamos a Boric que reconozca públicamente el tráfico de niños que robaron del país y levante un programa permanente bajo el Ministerio de justicia y Derechos Humanos de Chile para saber cuántos son realmente los niños que salieron del país (…) Tenemos claro de qué forma podemos levantar la información, pero no tenemos recursos ni la potestad porque debemos solicitar información a nuestro Registro Electoral, Registro Civil, hospitales, esa información no se la dan a la ONG, porque la gente que estuvo involucrada está tapando esto”, enfatiza la fundadora de Nos Buscamos, que intentó lograr avances en los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
Son años de crueldades sistemáticas, miles de víctimas y una enorme deuda del Estado chileno frente a las vidas arrebatadas o destruidas. “¿Dónde están?”, es el cuestionamiento que más repiten los afectados tras 50 años de dolor, un clamor por verdad, Justicia y reparación que permanece intacto a pesar del implacable paso del tiempo.