La Guardia Civil denunciará a los responsables de la construcción del pozo ilegal de Totalán (Málaga) y de las obras posteriores que movieron la piedra que usó el pocero Antonio Sánchez para tapar el agujero a través del cual se cayó Julen el 13 de enero.
Así lo confirman fuentes de la Benemérita a EL MUNDO, que trasladará un informe con los trabajos ilegales que allí se realizaron a los organismos públicos competentes para que fijen las sanciones administrativas correspondientes.
Este escrito ya había llegado al Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga que paralelamente investiga si el dueño de la finca o el pocero pudieron incurrir en un presunto delito de homicidio imprudente al no haber garantizado las medidas de seguridad necesarias para evitar que el sondeo fuese una trampa mortal para el niño de dos años.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) enviará su informe sobre el sondeo ilegal a la Dirección General de Minas de la Junta y a la de Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. En él se incluye otra prospección sin autorización que realizó el pocero en la misma parcela, aunque en este caso sí que estaba sellada correctamente. Los agentes han elaborado otro escrito con las obras ilegales que se realizaron tras abrir el pozo el 18 de diciembre.
El dueño, de nombre David, quería hacerse una casa y ordenó rebajar terreno a la montaña y hacer una zanja donde estaba previsto un muro de contención que evitase desprendimientos sobre la vivienda. La maquinaria empleada movió la piedra que tapaba el orificio a través del que se precipitó Julen.
La Guardia Civil se encuentra identificando a todas las personas que participaron en esos trabajos para tomarles declaración. «Queremos saber todas las empresas que hicieron las obras y saber si estaban en regla. Puede ser que hubiese trabajadores que no estuviesen dados de alta y que tengamos que denunciarlo ante la Inspección de Trabajo.
No podremos denunciar al dueño de la parcela y a los artífices de las obras por un delito contra la ordenación del territorio porque aún no habían edificado nada», dice un agente.Los agentes ya interrogaron al pocero y al propietario y pareja de la prima del padre de Julen.
Ambos se responsabilizaron mutuamente de la falta de autorizaciones. «El pocero nos dijo que el dueño de la finca había gestionado los permisos y el otro, lo contrario», comenta un agente. Éste apunta que las sanciones se aplicarán tanto al dueño por no haber solicitado los permisos como al pocero por haber hecho el sondeo sin exigirle al dueño las autorizaciones. Los agentes quieren aclarar por qué el pozo de 111 metros tenía un relleno de tierra a los 71 metros.
Desde la Benemérita señalan que los últimos pozos ilegales detectados han sido sancionados con 6.000 euros, aunque al haberse producido un final trágico por no haber sellado bien el agujero, las multas podrían ascender hasta los 300.000 euros, según la Ley de Aguas.
El Seprona contabilizó el año pasado 3.306 infracciones relacionadas con la Ley de Aguas, que «en gran parte» se deben a pozos ilegales. En relación a las posibles multas por las obras que se hicieron sin el permiso del Ayuntamiento de Totalán, las sanciones podrían oscilar entre los 3.000 euros hasta un porcentaje del presupuesto de ejecución de la obra, reseña El Mundo