En cuatro ciudades del país, varios millares de manifestantes condenaron lo que consideran una “persecución política” del oficialismo contra la expresidenta interina y su antiguo Ejecutivo. El Movimiento al Socialismo, sin embargo, les acusa de haber sido partícipes en un “golpe” contra Evo Morales en 2019.
Se acentúa la polarización política en Bolivia después de registrarse durante la pasada noche varias protestas en diferentes grandes ciudades del país contra la detención de la expresidenta interina, Jeanine Áñez, y dos de sus exministros. El oficialismo les acusa de haber sido partícipes de la dimisión forzada de Evo Morales en 2019, pero ellos sostienen que se trata de una “persecución política”.
Los principales centros de las marchas fueron las ciudades de La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, siendo esta última donde más personas se concentraron contra el Gobierno de Luis Arce, un candidato aliado con el expresidente Evo Morales. Santa Cruz es el principal bastión conservador del país y uno de lo sitios donde el MAS de Morales cuenta con menos apoyos.
En la marcha de esta ciudad participaron varios actores políticos relevantes a nivel local y regional, como el alcalde y el gobernador del estado. Además, numerosos colectivos ciudadanos tomaron parte también. Estas personas se comprometieron a ofrecer ayuda a los “presos”.
Manifestantes ondean banderas en la manifestación contra el Gobierno de izquierdas de Luis Arce. En La Paz, Bolivia, el 15 de marzo de 2021.
En La Paz, sede del poder legislativo y ejecutivo del país, las marchas estuvieron bajo el paraguas del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), una de las organizaciones que fueron más activas durante octubre de 2019 contra Evo Morales.
«No nos vamos a rendir, vamos a dar batalla hasta conseguir que se revierta esta situación de criminalización que se ha dado en el país», dijo a la agencia de noticias EFE el vocero del Conade, Manuel Morales.
En Sucre, la capital constitucional y sede del poder judicial, la marcha opositora llegó hasta el edificio de la Fiscalía General del Estado con el objetivo de protestar por la detención de Jeanine Áñez y de Yassir Molina, líder de la llamada Resistencia Juvenil Cochala, una organización que es considerada como “agrupación ciudadana” por la oposición, pero que el oficialismo tacha de paramilitar.
Primera noche de Áñez en prisión
La justicia boliviana ordenó que durante los próximos cuatro meses la exmandataria interina esté recluida en una prisión de La Paz a la espera de que sea juzgada por el tribunal de turno por los hechos de 2019.
Áñez fue trasladada bajo un fuerte resguardo policial al Centro de Orientación Femenina de Obrajes mientras se realizan las investigaciones pertinentes del denominado “Caso golpe de Estado”.
El director general del Régimen Penitenciario en Bolivia, Juan Carlos Limpias, manifestó en EFE que Áñez recibirá un monitoreo constante de salud durante los próximos 15 días por la crisis de coronavirus y que tras eso se le asignará uno de los 13 dormitorios comunes que hay en el penal para más de 200 presas. El funcionario enfatizó que “ningún privado de libertad tiene privilegios en este centro”.
Áñez está acusada, junto con el exministro de Justicia, Álvaro Coímbra y el de Energía, Rodrigo Guzmán de “sedición, terrorismo y conspiración” en la crisis de 2019 que desembocó en la renuncia forzada de Evo Morales en noviembre de ese año.
Entre los opositores existe polémica debido a que se está juzgando a Áñez como exsenadora y no como expresidenta del país, Si se juzgase a la política por esta segunda vía tendría un régimen especial de responsabilidades.
La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió la liberación de todos los detenidos y aseguró que existe una “persecución judicial contra los políticos opositores”.
Por su parte, el expresidente Morales dijo en Twitter que no le extrañaba que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, defienda a Áñez porque «él también debería ser juzgado por propiciar el golpe de Estado y por crímenes de lesa humanidad en Bolivia».
Almagro nunca se pronunció por los 36 asesinatos, más de 800 heridos, 1.500 detenidos ilegalmente y el centenar de perseguidos. No nos extraña su defensa a Áñez porque él también debería ser juzgado por propiciar el golpe de Estado y por crímenes de lesa humanidad en #Bolivia.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 15, 2021
Durante esas semanas de 2019, la oposición se unió en acusaciones contra el líder izquierdista que aseguraban que había hecho fraude electoral para ganar los comicios. Las protestas llegaron a la calle, donde miles de personas se enfrentaron a las autoridades exigiendo la renuncia del mandatario. Además, aseguraban que Morales ya había excedido el número de periodos a los que se podía presentar.
Morales renunció junto a la plana mayor del Movimiento al Socialismo después de haber sufrido presiones y de que mandos militares le retiraran su apoyo y salió del país. Pero tras esto, en 2020 se volvieron a celebrar elecciones en Bolivia y el MAS obtuvo una aplastante victoria con el 55% de los votos a nivel nacional, algo que ayudó a legitimar al partido izquierdista frente a la comunidad internacional.
Con información de EFE