El presidente estadounidense, Joe Biden, incluyó a Venezuela en la lista de «principales países de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas» –casi todos pertenecientes a la región de América Latina y el Caribe–, en la que figuran Estados que en el criterio de Washington no hacen lo suficiente para frenar el narcotráfico.
Según consta en un memorándum dirigido al secretario de Estado, Antony Blinken fechado el 15 de septiembre, en el listado también aparecen Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania –Myanmar–, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá y Perú.
No obstante, en el documento se puntualiza que «la razón por la que los países se colocan en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas, incluso si un gobierno se ha involucrado en medidas sólidas y diligentes de control de narcóticos y aplicación de la ley», sin que ello equivalga exactamente a «los esfuerzos antidrogas de su gobierno ni del nivel de cooperación con los Estados Unidos».
Pese al matiz, el mandatario señala –con base en una ley interna– que incluye a «Afganistán, Bolivia, Birmania –Myanmar– y Venezuela por haber fallado de manera demostrable en realizar esfuerzos sustanciales durante los 12 meses anteriores tanto para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos».
«Estados Unidos se siente alentado por la prohibición de Afganistán sobre el cultivo, la producción y el tráfico de adormidera –amapola–, y supervisará la implementación de esta prohibición. Estados Unidos también se siente alentado por los esfuerzos antinarcóticos de Bolivia durante el año pasado, incluida una mayor cooperación con socios internacionales», se comenta en otro punto del texto.
Empero, también se instruye a La Paz «a tomar medidas adicionales para salvaguardar los mercados lícitos de coca del país de la explotación criminal, para reducir el cultivo ilícito de coca que continúa excediendo los límites legales bajo las leyes nacionales de Bolivia para uso medicinal y tradicional, y para continuar la colaboración internacional para interrumpir a los traficantes de drogas».
Bolivia y Venezuela suspendieron su cooperación con la Oficina para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en la década de los 2000; Afganistán lidera el cultivo de amapolas (actividad que no se redujo durante los 20 años de ocupación estadounidense) y reportes oficiales de la Casa Blanca indican que en Myanmar, la agencia antidrogas estadounidense pudo operar sin problemas hasta el golpe de Estado de 2021.
En el caso de Venezuela, desde la expulsión de la DEA en 2005, las autoridades han reportado incautaciones históricas de drogas, principalmente cocaína producida en Colombia y el país ha sido certificado por la Organización de Naciones Unidas como territorio libre de cultivos ilícitos.
Por solo citar dos casos recientes, el pasado 5 de septiembre, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, informó de la incautación de 2,8 toneladas de drogas en las costas del estado Falcón y el 9 de septiembre, efectivos de la FANB decomisaron en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, 2.260 kilogramos de cocaína de alta pureza.
La administración Biden asegura que «los programas de los Estados Unidos que apoyan a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela son vitales para los intereses nacionales de los Estados Unidos», aunque no se precisa si estos incluyen exclusivamente los destinados a la llamada lucha contra las drogas.
El paso siguiente tras la designación de Afganistán, Bolivia, Myanmar y Venezuela dentro de la lista de grandes productores o que funcionan como rutas de trasiego de drogas, es que el secretario Blinken presente «memorandos de justificación» para dar cobertura al accionar estadounidense.