Baltazar Garzón nuevo abogado de Alex Saab en Cabo Verde

El empresario colombiano Álex Saab, señalado por múltiples casos de corrupción en el país, ha contratado los servicios del exjuez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a EE UU que afronta en Cabo Verde, confirmó este 13 de julio a Efe el abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro.Garzón integrará el equipo legal del empresario y le defenderá en demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde ante organismos judiciales internacionales y de ese país insular de África occidental.

En concreto, el exjuez, que ejerce como abogado, va a «liderar un proceso contra EEUU y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab en cuanto enviado especial de Venezuela», explicó Pinto por teléfono a Efe en Praia, la capital caboverdiana.

Indemnización por daños de imagen

Garzón también intentará abrir ante la Justicia del archipiélago «un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen» de Saab, detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal.

El valor de la indemnización que se planea solicitar se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.

Garzón dirige actualmente el bufete Ilocad, con sede en Madrid, y entre sus clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, preso en el Reino Unido a la espera de que se decida si debe ser extraditado a Estados Unidos.

En su carrera como juez, Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el exdictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990) lo que le mantuvo detenido durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.

Por otro lado, el empresario, según la misma fuente, no está contento con las condiciones de su detención en Sal, adonde fue trasladado el pasado día 3 desde la cárcel de Ribeirinha, en la septentrional isla de San Vicente, por motivos de seguridad.

El empresario ha exigido una celda con más espacio y comodidad, se ha quejado de las picaduras de los mosquitos y ha solicitado la visita periódica y reglamentada de un médico que supervise su estado de salud, además de considerar inadecuada su alimentación, «bastante diferente de la dieta a la que está habituado».

Saab fue arrestado el 12 de junio en este país africano en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.

La Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EE UU, y tiene un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.

En estos casos, de cualquier modo, no es el Gobierno el que toma la decisión final, sino el Poder Judicial.

Agente de Venezuela, dice el Gobierno

Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se encontraba «en tránsito» en Cabo Verde para volver al país.

El empresario presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del archipiélago dos «habeas corpus» (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando su «encarcelamiento ilegal», pero ambos fueron desestimados.

El abogado Pinto sostiene que el empresario «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde».

Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de «ser uno de los testaferros de Maduro».

Saab, nacido en Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al Gobierno venezolano alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).