Las elecciones más disputadas desde 2003 arrancan con unas primarias obligatorias en la que Macri, principal opositor, asegura que «hay muchos robos de boletas»
Los argentinos llevan muchos años, al menos desde 2003, en los que las elecciones están sentenciadas antes de empezar. El kirchnerismo arrasó en 2007 y en 2011 prácticamente sin rival. Pero esta vez todo está mucho más igualado. Por eso los 32 millones de argentinos llamados a las urnas en unas primarias que no son decisivas pero sí marcarán las elecciones de octubre votaban en un ambiente de gran tensión entre los partidos, que movilizaron a decenas de miles de personas para controlar las elecciones. El opositor PRO denunció desde primera hora que en varios colegios les robaban sus papeletas para impedir que les votaran. Las encuestas indicaban que el peronismo de Daniel Scioli se impondría, pero pequeñas diferencias de unos puntos arriba o abajo podrían dejar todo abierto para las elecciones de octubre. La clave está en la diferencia entre el más que probable vencedor, Scioli, el segundo, Mauricio Macri, y el tercero, el peronista disidente Sergio Massa, cuyos votos serán clave en una posible segunda vuelta entre los dos primeros. Los datos no empezarán a llegar hasta las 6.00 de la mañana hora española.
Los 32.037.323 argentinos con derecho a voto estaban obligados por ley a acudir a las urnas, lo que sumado a un sistema de votación arcaico, con papeletas enormes y complejas –de hasta 1,20 metros- provocaba enormes colas en todos los colegios. Votar, sobre todo en los alrededores de Buenos Aires, inundados después de días de lluvia torrencial, era toda una aventura. El PRO denunció desde primera hora que le estaban robando boletas en muchas escuelas. “Empezó el robo de boletas, algunos entran flacos y salen gordos del cuarto oscuro” aseguró el principal candidato de la oposición, Mauricio Macri, después de votar en una escuela del barrio de Palermo, aunque después matizó que son «casos aislados».
Se refería a una práctica frecuente en zonas del conurbano de Buenos Aires. Las papeletas están dentro del cuarto oscuro, y alguno de los que entra se lleva escondidas las papeletas de los otros partidos, de manera que cuando otros ciudadanos ingresan no encuentran la que les gustaría votar. Otros dirigentes del PRO como Fernando Niembro o Patricia Bullrich también denunciaron robos de boletas. Para evitarlos, todas las formaciones han desplegado a decenas de miles de fiscales –interventores-. El PRO de Macri, el que más problemas tiene en el conurbano de Buenos Aires, corazón del peronismo, asegura que tiene hasta 100.000 por todo el territorio.
Y sin embargo, son muy poca cosa al lado del aparato del peronismo. En la escuela de la calle Descartes, en Grand Bourg, corazón del conurbano, la única fiscal del PRO iba y venía controlando también otros colegios. José Luis González, del Frente para la Victoria, el partido de Scioli y de los Kirchner, asegura que allí no hay ningún problema pero ironiza: “El que no puede fiscalizar una elección no puede gobernar un país”. Esto es, si Macri no logra controlar las elecciones en cada colegio, no puede pretender hacerse con el poder.
Es una idea parecida a la que lanzó Massa, el peronista disidente que precisamente controla estas zonas del conurbano. “Terminemos con el cuento de que en la Argentina se hace fraude. Todos los partidos tienen la responsabilidad de cuidar sus votos. Hay que cuidar el voto de nuestras fuerzas y el derecho de la gente”, sentenció. Esto es, todos niegan el fraude pero insisten en que el PRO no debe quejarse sino poner más fiscales. Mientras, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, votó en Río Galledos, en la provincia patagónica de Santa Cruz, y denunció que se había llegado a las elecciones tras una «campaña sucia» por las denuncias por presunto tráfico de efedrina contra su jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, candidato a gobernador de Buenos Aires.
En otra escuela de Malvinas Argentinas, un municipio controlado por la gente de Massa, los fiscales del PRO señalaban que ahí no había robo de boletas. “Acá no hubo problemas”, aseguraba Juan. “En José C Paz [otro municipio] sí hubo. Solo había boletas de Scioli y hubo que esperar media hora a que trajeran las demás”, explicaba Marcelo, otro fiscal de esta formación. El PRO tiene dificultades para encontrar fiscales y en este caso no son militantes del partido, sino de un sindicato, el de camioneros, que tiene un candidato local que ha pactado con el PRO. Por eso ellos son fiscales del partido de Macri pero para presidente votan a Scioli, porque son peronistas.
Los fiscales entran cada 10 o 15 votantes en las cabinas para comprobar que siguen ahí las papeletas. A veces las roban, otras solo las esconden un poco. A los fiscales del PRO les han recomendado que lleven bolígrafos de distintos colores para firmar los sobres con los que se votan: es una forma de dificultar aún más el fraude, en el que el sobre es la clave. Por eso muchos reclaman implantar en todo el país el sistema del voto electrónico que funcionó muy bien en las elecciones locales de Buenos Aires, en julio. Pero de momento el peronismo lo ha rechazado y sigue con este sistema que permite microfraudes y provoca una enorme movilización y coste para evitarlos.
Para impedir el riesgo de quedarse sin papeletas por los robos, se han impreso hasta cuatro veces más de las necesarias. Carlos Figueroa, fiscal de los fieles a Massa, ejerce como jefe local a las puertas de la escuela y asegura que hay hasta 150 fiscales que van y vienen en una escuela donde votan 4.000 personas. Las calles embarradas de alrededor complican el acceso, pero la escuela está llena y todo el mundo espera largas colas para votar. Además de las primarias presidenciales, en las que se podía elegir entre 15 fórmulas distintas, había primarias para las listas de 24 senadores y 130 diputados. Argentina decide su futuro y pese a las múltiples denuncias de pequeños problemas, todos los candidatos admiten que en este país no hay un problema de fraude generalizado y desde el regreso de la democracia en 1983 el ganador nunca ha sido discutido por este motivo.
CARLOS E. CUÉ / ALEJANDRO REBOSSIO/El País