Una ex fiscal general de Venezuela que desafió al presidente Nicolás Maduro al aliarse con sus opositores, fue implicada en un importante caso de corrupción que involucra a un empresario venezolano que esta semana se declaró culpable de pagar sobornos por un millón de dólares, informaron el jueves dos personas al tanto del caso.
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La exfiscal, Luisa Ortega, no aparece mencionada por su nombre en el caso federal en Miami. Pero al declararse culpable el lunes de un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos, el empresario Carlos Urbano Fermín admitió haber pagado alrededor de un millón de dólares a un “fiscal de alto rango” en Venezuela a manera de “seguro” contra cualquier investigación de sus enormes contratos de construcción con el gigante petrolero estatal PDVSA.
La funcionaria venezolana es Ortega, aseguraron dos personas con conocimiento del caso, que accedieron a dar detalles a cambio de mantener el anonimato ya que no debían hablar sobre una investigación en curso.
Ortega no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero el año pasado, cuando Fermín fue acusado, indicó que los señalamientos de soborno derivaban de la detención del hermano de Fermín y eran un intento del gobierno de Maduro para obtener una confesión forzada y manchar su reputación.
Ortega, quien era admiradora del difunto presidente Hugo Chávez, se distanció del gobierno socialista de Venezuela en 2017 debido a lo que describió como el descenso del país hacia una dictadura cuando Maduro desmanteló la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y creó una Asamblea Constitucional para gobernar sin obstáculos.
Debido a su postura, fue cesada como fiscal general y poco después escapó a la vecina Colombia, donde ella y un equipo de fiscales exiliados aumentaron sus ataques a los actos de corrupción en su país y presentaron evidencia ante la Corte Penal Internacional de supuestos abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno de Maduro.
Aliados del líder opositor Juan Guaidó salieron en su defensa, señalándola como la fiscal general “legítima” de Venezuela y tratando de aprovechar su deserción para crear una coalición más grande en contra del mandatario venezolano.
Pero nunca pudo sacudirse por completo su reputación de persona leal al gobierno que fungió como la jefa de la justicia de la revolución bolivariana durante una década. Estados Unidos siempre mantuvo la distancia, negándose a concederle una solicitud para viajar a Washington, dijeron dos funcionarios estadounidenses a The Associated Press en 2017. No ayudó que en un discurso ante la Asamblea Nacional en 2015, Ortega criticase a los “poderosos” del norte por sus “designios coloniales” sobre la riqueza petrolera del país. AP