Actos de vandalismo ocurridos en la marcha por los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 dejaron pérdidas de unos 100 millones de pesos (5,09 millones de dólares), informó este viernes la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
En una entrevista con Grupo Radio Fórmula, el presidente de la Canirac, Francisco Fernández, precisó que, según les comunicaron restaurantes como Toks, La Gloriosa o el Hotel Hilton, las pérdidas ascienden «cuando menos» a 100 millones de pesos (unos 5,09 millones de dólares) teniendo en cuenta pérdidas materiales y las derivadas de cerrar el establecimiento.
Comentó que los restaurantes que cuenten con el capital para reparar los daños podrán «recuperarse más rápido».
Mientras que habrá otros que tengan que cerrar unos días y por tanto no facturarán, o tendrán problemas porque habrá clientes asustados de regresar.
En cualquier caso, subrayó que «hay una afectación importante».
Según su presidente, a la Canirac lo que más le preocupa «no son tanto las pérdidas materiales que pueda haber, sino cómo se pone en peligro a la integridad física» de los clientes y trabajadores de los establecimientos.
«No se vale, no, que llegue un grupo de gente que irrumpa y rompa y destroce y es realmente lo que lamentamos, que este tipo de acciones se permitan«, criticó.
Y agregó que también molesta que estas personas «tengan la libertad durante dos horas de hacer lo que quieran», algo que consideró «realmente reprobable».
A esta protesta sumó una crítica al gobierno capitalino, quien a su juicio, «no se hace presente».
«Esta gente son criminales», dijo sobre los que cometieron estos actos, que fue un grupo reducido durante la marcha en la capital de miles de personas para recordar la tragedia de Ayotzinapa, en la que desaparecieron 43 estudiantes un 26 de septiembre de hace cinco años.
El centro histórico de la capital amaneció este viernes con pintadas que culpaban el Estado de la desaparición de los estudiantes y que exigían encontrarlos cuanto antes.
Algunos establecimientos ya habían pintado de nuevo sus paredes y habían extraído los cristales rotos, mientras en otros todavía se podían observar cristales agrietados por los golpes de los manifestantes.
Arturo, trabajador de una pizzería que presenció los hechos, contó a Efe que una hora antes de la marcha fueron avisados por autoridades municipales que un grupo reducido de manifestantes venía causando destrozos.
«Los que iban más atrás llegaron rompiendo vidrios, las mesas las sacaron, las aventaron para atrás, prendieron fuego, grafitearon…», explicó Arturo, quien quedó «asustado» junto a un grupo de clientes.
Pocos minutos después de que se fueran los manifestantes, contó el empleado, autoridades municipales llegaron al restaurante para ayudar a retirar los cristales rotos y limpiar las pintadas.
En un comunicado, la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, explicó que su gobierno «privilegió en todo momento la seguridad y protección de la ciudadanía, por lo que la Policía intervino una vez que se descartó cualquier peligro para los manifestantes».
Sheinbaum reprobó «los actos vandálicos» y señaló que «acciones van en contra del progreso de una sociedad libre, democrática y justa«.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó en conferencia de prensa que los actos vandálicos fueron realizados por «conservadores».
«¿Cómo van a ser anarquistas los que destruyen? (…) Eso no tiene nada que ver con el movimiento progresista de izquierdas, eso tiene que ver con el conservadurismo«, dijo.
Hace cinco años, la noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en el municipio de Iguala, ubicado en el sureño estado de Guerrero.
En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura al confundirlos con miembros de una banda rival, según la versión oficial.
Pero una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que configuró un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso donde participó Buitrago, señaló con pruebas científicas que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El Gobierno de México, encabezado por López Obrador, se encuentra investigando de nuevo el caso buscando por fin esclarecer los hechos.
