Los tenedores de bonos de deuda de Pdvsa 2020 no deben sentirse presionados para aceptar la oferta condicionada de reestructuración lanzada por el gobierno de Nicolás Maduro, porque la mayoría de los fondos involucrados espera una decisión judicial que permita liquidar acciones de Citgo para cobrar las acreencias pendientes.
De acuerdo con una nota de la agencia especializada Argus, el gobierno interino reconocido por Estados Unidos, liderado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, estaría a un paso de perder el juicio que sigue un tribunal de Delaware por el caso de los bonos Pdvsa 2020, que tienen otro vencimiento de intereses el próximo 27 de octubre, y cuya deuda en default se estima entre 1.800 y 1.900 millones de dólares.
Fuentes financieras indicaron que, incluso, la propuesta hecha por la administración Maduro puede ser utilizada como argumento a favor de los bonistas, porque implica un reconocimiento «injustamente condicionado» de unos compromisos financieros derivados de una inversión lícita y que los acreedores podrían no cobrar, si la justicia estadounidense no protege los intereses de los inversionistas.
Por ahora, la liquidación de Citgo solo tiene el obstáculo de la licencia establecida por el Departamento del Tesoro que obliga a solicitar autorización expresa del gobierno de Estados Unidos para liquidar o hacer cualquier operación que suponga afectar la propiedad de la empresa refinadora.
«La suspensión se ha renovado cada 90 días desde que se emitió por primera vez en octubre de 2019, y su próximo vencimiento será el 20 de octubre, la víspera del vencimiento de los bonos, así como de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, en las que Donald Trump aspira a un nuevo mandato de cuatro años», dice Argus.
«La causa venezolana es un tema clave de la campaña de Trump, debido a atrae a un grupo de votantes latinos del estado de Florida. Como resultado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento derenel Tesoro de EE.UU., podría renovar la suspensión por otros tres meses, en lugar de exponer a la principal oposición venezolana a otra vergonzosa derrota. Eso lleva la próxima expiración hasta la inauguración presidencial de enero, ya sea de Trump o de su rival Joe Biden. Para entonces, Venezuela habrá perdido su valor de campaña, facilitando a los EE.UU. dejar que los tenedores de bonos ejecuten la acreencia garantizada por el 50,1% Citgo».
De acuerdo con el análisis de la agencia especializada, basado en consultas con fuentes financieras y jurídicas, la reclamación de los tenedores de bonos, entre los que se encuentran destacados inversores institucionales como Ashmore, Fidelity y T Rowe Price, tiene ventaja sobre las hechas por la minera canadiense quebrada Crystallex, ConocoPhillips y otros acreedores.
Los analistas señalan que es muy poco probable que el Tribunal de Nueva York, donde la administración Guaidó ha demandado la nulidad de la emisión del Pdvsa 2020, apruebe la moción venezolana, por lo que la cuestión será resuelta, finalmente, en Delaware, sea en octubre o en enero.
«El argumento (de la nulidad de la emisión) no ha ganado fuerza, en parte porque sentaría un precedente para que otros emisores extranjeros se alejen de sus obligaciones con EE.UU., basándose en cambios políticos en su país, dicen los expertos en deuda».
Según Argus, parte de las defecciones en el equipo internacional de Guaidó -la más reciente fue la del presidente de Pdvsa ad hoc, Luis Pacheco- se deben, en buena medida, al reconocimiento de las dificultades cada vez mayores y evidentes para proteger la propiedad de Citgo.
«Una última opción para la oposición liderada por Guaidó sería declarar a las dos empresas matrices de Citgo en bancarrota, de acuerdo con el capítulo 11 de la ley de Quiebras de Estados Unidos. Pero el largo proceso tendría el mismo precio político para Guaido de perder efectivamente un activo que se había comprometido a proteger», dice la agencia.
El gobierno de Maduro lanzó una oferta «condicionada» de renegociación por una deuda en bonos que suma 65.508 millones de dólares, como base. Las dos condiciones básicas son que los tenedores renuncien a las demandas que han hecho o a presentar nuevas y que consigan las licencias necesarias para renegociar lo que parece será un canje de bonos.
La propuesta supone que los inversionistas deben entrar en un conflicto directo con la política exterior de Estados Unidos, que considera al gobierno chavista venezolano como una «amenaza» para la región.