La Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela (Corpoelec) fijarán tarifas eléctricas que regirán la actividad minera de criptomonedas en el país.
fEl Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, entre el Ministerio de Energía Eléctrica y la Sunacrip, fue firmado en Caracas por el ministro Néstor Reverol Torres y el superintendente, Joselit Ramírez, según informó la agencia fiscalizadora de criptomonedas.
Reverol Torres dio a conocer que uno de los aspectos del convenio es que Corpoelec elaborará informes de factibilidad y de potencia para los proyectos de minería de Bitcoin, lo que será necesario para el otorgamiento de licencias. Es decir, si la corporación determina que no están dadas las condiciones para que en un lugar específico se ejecuten las labores de minería, entonces no será emitida una licencia.
La Sunacrip también fijó un plazo de 60 días para que los interesados se inscriban en el Registro Integral de Minería (RIM) «cumpliendo con todos los protocolos de forma legal». Este proceso se realiza directamente en el sitio web de la superintendencia, según reseña CriptoNoticias.
El funcionario recalcó que quedará establecida una «tarifa justa» para el sector industrial minero que permita desarrollar y mejorar la prestación del servicio. Sin embargo, no queda claro cuáles son los lineamientos que definirán los montos a pagar, si serán honrados en bolívares, divisas o en criptomonedas.
– Minería de Bitcoin como actividad económica –
Al ser decretada la minería de Bitcoin y criptomonedas como una actividad de beneficio económico para el país, el convenio también abarca parámetros legales. Se trata de un marco regulatorio que comprende elementos jurídicos, energéticos y técnicos. Quienes no los cumplan serán sancionados.
«Estos parámetros debidamente articulados de manera conjunta entre la Sunacrip y Corpoelec, permitirá que la minería digital genere beneficios para todos. Las empresas que no cumplan con los requisitos establecidos por los órganos rectores en la materia, quedarán al margen de la ley y se aplicarán las medidas sancionatorias correspondientes», explicó Ramírez.
La intención de las autoridades es evitar perturbaciones en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y aplicar condiciones que permitan su optimización. En este punto hay que mencionar que diversas regiones de Venezuela reciben el servicio de energía eléctrica de forma racionada.