El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), José Gregorio Rodríguez, formalizó la propuesta de que en Venezuela se adopte un sistema binomentario, en el que circulen legalmente el bolívar y el dólar, tal como ocurre en el caso del Perú, donde existe un banco central realmente autónomo y se ha implantado un modelo de disciplina macroeconómica y monetaria.
El dirigente gremial considera que no es procedente dolarizar plenamente la economía, al compartir el criterio del economista Leonardo Buniak, quien cuestiona la sustitución plena del bolívar por la divisa norteamericana, porque el Banco Central perdería su capacidad de señoreaje o de emitir moneda, de ser necesario, para corregir cualquier desequilibrio.
Venezuela, a juicio de Rodríguez, tiene una ventaja clave que es su condición de productor petrolero competitivo, de manera que el ingreso petrolero, potenciado por los recientes acuerdos firmados, serviría de base sólida para formalizar un sistema bimonetario eficiente.
José Gregorio Rodríguez reconoce que, al inicio de la implantación del modelo bimonetario, habrá un período de shock inflacionario, porque se debe llegar a un tipo de cambio real de equilibrio; sin embargo, refiere que la experiencia peruana muestra que el resultado de estabilización se puede alcanzar en un plazo razonablemente breve.
Consecomercio plantea soluciones de fondo
El presidente de Consecomercio señala que es indispensable combatir la inflación con políticas de ortodoxia monetaria y fiscal, al mismo tiempo que se tomen medidas para activar el financiamiento bancario en divisas, ya que el crédito en Venezuela promedia alrededor de 13% del PIB, cuando en América Latina equivale a una media de 50%.
«La cartera de créditos total de la banca venezolana, la tiene una sucursal de un banco grande en Bogotá», puso un ejemplo el presidente de Consecomercio.
Rodríguez indicó que son necesarias varias reformas para formalizar lo que es «una realidad de hecho», que es la circulación de dólares y bolívares. Lo primero sería reformar convenios cambiarios que mantiene el Banco Central de Venezuela.
Al mismo tiempo eliminar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), porque en la práctica pecha a un conjunto muy grande de operaciones con moenda extranjera sin ninguna razón lógica.
«No es una gran transacción financiera cuando un ama de casa, que recibió billete de 20 o 50 dólares de remesa, va a un supermercado a comprar alimentos de primera necesidad. Tampoco es una gran transacción financiera cuando se paga la reparación de un aire acondicionado. Nos parece contradictorio que se hayan abierto canales que permitan la circulación de divisas y que se vincule el sistema financiero nacional con el internacional, mientras permanece este impuesto», advierte el presidente de Consecomercio.
Rodríguez señala que el IGTF tiene un efecto multiplicador que puede derivar en una carga fiscal para las operaciones en divisas de entre 6% y 9%, en función de cómo opere la cadena de comercialización.
El ejemplo peruano
Para José Gregorio Rodríguez, presidente de Consecomercio, el caso peruano es digno de estudio, porque a pesar de las fuertes convulsiones políticas que el país suramericano ha vivido, con 10 presidentes en la última década, ha logrado una estabilidad macroeconómica sólida, con un bajo nivel de inflación.
«En ese mismo período ha habido un solo presidente del Banco Central que está a punto de cumplir 20 años en el cargo. El sol peruano es una moneda estable que, incluso, la población la prefiere en lugar del dólar«, señala.
Y, por contraste, añade: «En Venezuela, como resultado de la circulación de remesas, de la actividad económica de intercambio comerciales, circulan o existen entre 4.000 o 5.000 millones de dólares que no se pueden transar directamente, ni se pueden convertir en financiamiento«.
La crisis de los servicios públicos: un escollo fundamental
Por otra parte, el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, destacó que la crisis de los servicios públicos es un «escollo fundamental» para potenciar el crecimiento económico del país, por lo que se requieren soluciones eficaces y aplicadas con criterios de emergencia.
El dirigente gremial puso el acento en el sector eléctrico. «Se están suscribiendo convenios con empresas internacionales en materia de servicios públicos que -entendemos- van en la dirección adecuada. Se está comenzando a hacer lo que se debió concretar desde el año 2008».
«Se necesita dar prioridad al sector eléctrico por la demanda que requiere un crecimiento económico que será superior a 10% en los próximos años. No en este año, cuando estará por debajo de 10%, por las afectaciones de los terremotos, que si bien es cierto no trastocaron capacidades productivas, se van a desviar recursos para atender la situación de emergencia», precisa el presidente de Consecomercio.
Debido a la nueva situación planteada para la industria petrolera y al efecto multiplicador de la actividad económica aguas abajo que genera, Rodríguez señala que habrá crecimiento de doble dígito del Producto Interno Bruto por lo menos hasta 2030, si se cumplen las proyecciones de inversión y producción de crudo.