El debate sobre los atributos del gobierno de los hombres (la discrecionalidad del poder ejercido por líderes sabios o carismáticos) vs la previsibilidad del gobierno de las leyes (el ordenamiento jurídico impersonal que acota y regula el poder) atraviesa la historia del pensamiento político occidental, desde Aristóteles hasta los fundadores del constitucionalismo moderno. Confiar exclusivamente en la probidad, la buena fe o las intenciones reformistas de un gobernante para transformar un Estado patrimonialista en un Estado impersonal y con poderes independientes, exhibe una contradicción de fondo. Los hombres son falibles, temporales, están sujetos a pasiones e incentivos de poder. Las instituciones, en cambio, diseñan los incentivos que permiten que gobiernen incluso los más ambiciosos y díscolos, sin que ello ponga en riesgo la libertad pública en el corto o largo plazo.
Como advertía James Madison en El Federalista N.º 51 (1788), si los hombres fuesen ángeles no sería necesario ningún gobierno, ni leyes, ni controles. Depositar la confianza en la decencia intrínseca del gobernante para que este debilite voluntariamente sus propias prerrogativas, equivale a pedirle al beneficiario de un monopolio que lo disuelva por convicción moral. El Estado liberal moderno del que habla Fukuyama, por otro lado, debería operar en las antípodas del Estado patrimonial. Para que exista, la burocracia, los recursos públicos y las decisiones judiciales deben ser despersonalizados. Si las reformas dependen de la voluntad del Ejecutivo de turno, el aparato estatal seguirá siendo botín de quien gane la elección. Así, lo previsible es que el traspaso de mando sin cambio sustantivo de reglas de juego sólo reemplace a los ocupantes del poder, perpetuando la fragilidad institucional.
Esta tensión se vuelve urgente al examinar la coyuntura venezolana. Ante una eventual transición, el debate sobre el orden de los factores institucionales no es ni un tecnicismo académico ni una frívola expresión de tirria contra líderes y mayorías circunstanciales, sino una cuestión de supervivencia republicana. El problema acá vuelve a ser la ilusión de incorruptibilidad de los llamados a ejercer el poder, la misma falacia del líder bueno y virtuoso que nos descaminó en 1998. En este punto, cabría preguntarse por qué los “salvadores de la patria” fallan, una y otra vez, aquí y allá. Afirmar que un cambio político profundo puede sostenerse sólo sobre los hombros de un gobernante «honesto» o «bienintencionado» ignora la lección central del institucionalismo: que el poder tiende a corromper y concentrarse a menos que existan contrapesos estructurales que lo limiten.
El sistema político en Latinoamérica, de hecho, ha tendido históricamente hacia esa concentración de poder en el Ejecutivo, un fenómeno que Linz denominó la “inestabilidad del presidencialismo”. A diferencia del parlamentarismo, el presidente ostenta acá una doble legitimidad de origen: es jefe de Estado y jefe de Gobierno, elegido por votación popular directa. Cuando este modelo se combina con mayorías legislativas automáticas o ausencia de frenos reales, el sistema deriva fácilmente hacia el hiperpresidencialismo o el autoritarismo competitivo. Para evitarlo, un diseño institucional robusto debe articular mecanismos de control cruzado que neutralicen la tentación hegemónica. El éxito democrático no dependerá entonces de encontrar al gobernante «perfecto», sino de blindar una arquitectura de Estado con frenos institucionales tan sólidos que gobernar fuera de la ley sea materialmente imposible.
Es cierto que, en procesos de salida de regímenes autoritarios, no es inusual la presión por elecciones inmediatas bajo la premisa de que la legitimidad de las urnas resuelve cualquier déficit institucional. La experiencia comparada demuestra, no obstante, que celebrar comicios sin rediseño previo del marco procedimental que blindará el nuevo orden puede ser un dislate estratégico de insalvables repercusiones. Tras décadas de dictadura dinástica de los Duvalier y gobiernos militares en Haití, por ejemplo, se celebraron las primeras elecciones libres y democráticas en diciembre de 1990, en las que triunfa Jean-Bertrand Aristide con un abrumador 67% de los votos. Al confiar en la inmensa popularidad y «probidad» inicial del nuevo presidente como líder de los sectores populares, no se blindó el sistema judicial, no se desmantelaron las estructuras pretorianas ni se construyeron acuerdos de gobernabilidad con sectores tradicionales y el Parlamento. Apenas siete meses después, en 1991, la falta de controles institucionales y el choque entre el Ejecutivo y el Congreso derivaron en un golpe de Estado, sumiendo al país en una espiral crónica de violencia, inestabilidad y tutelaje externo de la que aún no se recupera. Por contraste, la Venezuela de 1958 ofrece espejo virtuoso. Las élites políticas comprendieron que convocar a elecciones sin un acuerdo previo era suicida. Antes de ir a las urnas, pactaron un sistema de gobernabilidad que garantizaba la inclusión de las minorías, el respeto a los resultados, la alternabilidad, la exclusión de los extremismos y el reparto institucional del poder. Ese diseño permitió que Venezuela viviera su período más largo de estabilidad democrática hasta que las fallas acumuladas en el modelo, a finales de los 90, rompieron el equilibrio.
La preocupación, pues, no es baladí: al celebrar elecciones bajo las normas hiperpresidencialistas, centralizadas y distorsionadas que se heredan del autoritarismo, lo previsible es el nuevo gobierno asuma el mismo andamiaje de poder omnímodo que se pretende superar. Incluso con un presidente democráticamente motivado, la tentación de utilizar esos resortes hegemónicos para «facilitar la gobernabilidad» o «neutralizar a los adversarios» bloquearía la posibilidad de construir un Estado de Derecho independiente. Las reglas deberían anteceder a la competencia, entonces. Primero se define el árbitro y la cancha, luego se juega el partido.
Lamentablemente, los actores políticos venezolanos han caído en el error recurrente de priorizar la repartición del poder inmediato por encima de la arquitectura institucional que debe regularlo. Pero si lo que se desea hoy es transitar hacia una democracia constitucional y plural, en lugar de limitarse al cambio de elenco, la agenda de reformas debería abordar al menos cuatro pilares estructurales. Por un lado, la reducción del período presidencial, a sabiendas de que un mandato excesivamente prolongado y con escasos mecanismos de control intermedio sólo fomenta la personalización y la colonización de poderes públicos por parte del Ejecutivo. La historia reciente ha sido prolífica ilustrando este punto. Acortar ese ciclo restablece la alternabilidad, esa certeza de que en democracia el poder es un “lugar vacío” (Lefort), y disminuye los incentivos para la perpetuación en el cargo. Por similares razones, es inaplazable la eliminación de la reelección indefinida, incluso la consecutiva ilimitada, condición que desdibuja la frontera entre Estado y partido, permitiendo que el gobernante utilice recursos de la nación para hacer campaña permanente. Dicha corrección es un blindaje republicano básico para garantizar que ningún individuo se vuelva indispensable ni se asuma dueño del aparato estatal.
Otro eje de esa empresa de reinvención republicana es el rescate de la representación proporcional de las minorías. Los sistemas electorales mayoritarios puros o hiper-distorsionados silencian a los disidentes y polarizan a la sociedad en bloques absolutos. Restablecer una robusta representación proporcional asegura que las minorías políticas y sociales tengan voz y voto en el Parlamento, fomentando la negociación, el pacto y el reflejo fiel de la pluralidad nacional. En ese sentido, es vital considerar el retorno a la bicameralidad del Congreso. La unicameralidad en Venezuela facilitó la suplantación del Poder Legislativo y la pérdida de filtros técnicos y políticos en la deliberación de las leyes. El retorno a un sistema con una Cámara de Diputados que exprese la proporcionalidad poblacional y un Senado que garantice representación territorial, otorgaría mayor calidad técnica, peso político y contrapeso real frente al hiperpresidencialismo.
La prolongada crisis nacional confirma que la democracia no se consolida gracias a la fe depositada en la bondad de un salvador. Apresurar procesos electorales sin anclar previamente estas reformas constitucionales es condenar a la democracia naciente a repetir el ciclo del mesianismo político. Así que, antes que definir quiénes disputarán el poder mañana, conviene entonces que la urgencia de los actores democráticos se centre en responder cuáles serán los límites infranqueables que tendrán los eventuales designados para ejercer ese poder.
@Mibelis