Pagó 10 mil pesos por un supuesto amparo y terminó extorsionado por quien se hacía pasar por abogado en México

Pagó mil pesos supuesto amparoImagen generada por inteligencia artificial

Un residente de Lomas Altas en Mexicali entregó 10 mil pesos a un impostor que se presentaba como abogado, creyendo que le tramitaría un amparo contra una supuesta orden de aprehensión. La trampa inicial derivó en extorsión sistemática, intimidación por mensajería y coerción para firmar compromisos financieros fraudulentos.

El engaño coordinado incluyó amenazas presenciales, documentos firmados bajo presión y grabaciones forzadas en las que la víctima aceptaba una deuda ficticia de hasta 800 mil pesos.

El imputado, identificado como José Luis «N», nunca contó con una credencial profesional de licenciado en derecho. Por eso, el amparo nunca existió.

Cómo operó el fraude

La maniobra comenzó en julio de 2025, cuando el falso abogado convenció a la víctima de que existía una orden de aprehensión. 

Después de recibir el dinero inicial, cambió de táctica: la víctima comenzó a recibir por WhatsApp amenazas y mensajes con información supuestamente proveniente de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Los contactos le exigían otros 200 mil pesos.

El 12 de julio, el imputado interceptó al hombre en el mismo fraccionamiento, acompañado por cómplices que lo amenazaron.

Cuando la víctima buscó refugio en la casa de un vecino, un tercer involucrado fingió negociar para ganarse su confianza. Entró en el domicilio y lo obligó a firmar cuatro pagarés en blanco, mientras otros involucrados le quitaban la credencial de elector para cotejar las firmas.

Grabación bajo coacción y decisión judicial

Los extorsionadores grabaron a la víctima bajo coacción mientras aceptaba una deuda de 800 mil pesos. El registro buscaba legitimar reclamos futuros, e después desaparecieron del lugar y dejaron al hombre sin documentos, atrapado en un compromiso fraudulento.

Un juez de control vinculó a José Luis «N» a proceso por extorsión agravada y decretó prisión preventiva como medida cautelar. El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. 

Durante ese periodo se determinarán el alcance de la red delictiva y la participación de los cómplices identificados en los hechos.

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