Un proyecto en el norte de Chile trasladará agua salada desde el océano Pacífico hasta el desierto de Atacama. A través de casi 200 kilómetros de territorio árido, para abastecer operaciones mineras ubicadas a más de 4 mil metros de altitud.
La Companhia Mineradora Doña Inés de Collahuasi lidera el proyecto C20+, diseñado para garantizar el suministro de sus faenas y reducir la presión sobre fuentes continentales como ríos y acuíferos.
El desierto de Atacama está entre los territorios más secos del planeta y enfrenta una escasez hídrica permanente. Esa condición convierte el agua de mar en una alternativa viable para mantener la actividad extractiva en la región. El plan contempla captar agua del mar y desalinizarla para hacerla apta para los procesos mineros, que demandan miles de litros diarios.
De la costa al desierto: una red de 195 kilómetros
La operación comienza en Puerto Patache, en la región de Tarapacá, donde una planta desalinizadora producirá 1.050 litros por segundo mediante tecnología de ósmosis inversa. Desde allí, tuberías de casi 195 kilómetros transportan el líquido tratado hacia las instalaciones mineras del sector de Ujina, en plena altura desértica.
Para superar el desnivel entre la costa y las zonas de extracción. El sistema contará con cinco estaciones de bombeo y una estación de transferencia, con capacidad para almacenar unos 49.500 metros cúbicos de agua.
El diseño incorpora además una turbina Pelton que recupera energía durante el recorrido, aprovechando la caída entre distintos puntos del trayecto para reducir el costo energético del sistema.
Controversia ambiental frena el avance
El tamaño de la infraestructura no disipa las dudas sobre su impacto en el entorno natural. La desalinización genera salmuera concentrada como residuo, material que debe regresar al mar bajo supervisión ambiental estricta.
Comunidades costeras y organizaciones indígenas han expresado preocupación tanto por la extracción del agua como por el destino de ese desecho y sus efectos sobre actividades tradicionales y el uso del territorio marítimo cercano a Punta Patache.
El Segundo Tribunal Ambiental de Chile acogió una reclamación de asociaciones indígenas de Caleta Chanavaya y anuló, el 15 de mayo de 2026, el permiso ambiental que respaldaba el proyecto. La resolución obligó al Servicio de Evaluación Ambiental a revisar aspectos relacionados con las comunidades locales y el ecosistema marino, incluido el vertido de salmuera.
Bombeo operativo, pero proyecto aún incompleto
Las obras del sistema de bombeo comenzaron en 2022 y la constructora Techint confirmó que las terminó en abril de 2026. Sin embargo, ese avance no significa que el proyecto completo esté operativo. La planta desalinizadora y el transporte del agua son etapas distintas que todavía no han comenzado a funcionar de manera integral.
Mientras se resuelven los cuestionamientos ante el Servicio de Evaluación Ambiental, el esquema completo continúa sujeto a revisiones técnicas y consultas comunitarias adicionales, según informó Itatiaia.
El uso de agua de mar en operaciones mineras ya es una realidad en el continente. Cochilco estima que representa hoy el 8% del consumo de las mineras chilenas y que su participación llegará al 35% en los próximos años.
Sin embargo, los costos de bombearla hasta grandes altitudes y territorios distantes del litoral todavía limitan la viabilidad de algunos proyectos. Antofagasta Minerals, por su parte, opera el proyecto Esperanza, que utiliza exclusivamente agua marina captada en Puerto y conducida hasta la planta por un acueducto de 145 kilómetros.
El costo de llevar el agua hasta las zonas altas
El principal obstáculo para este tipo de solución es el costo de bombear el agua desde el litoral hasta las zonas de operación, que suelen estar a gran altitud y lejos del mar. En algunos casos, ese costo llega a hacer inviables proyectos que, de otro modo, serían posibles.
En la práctica, esto significa que la distancia y la altitud pesan tanto como la disponibilidad de agua. Por eso, la decisión de usar agua de mar depende de un cálculo entre el costo del bombeo y el beneficio de contar con un suministro que no dependa de ríos o acuíferos.