La propuesta, que atribuyeron a un planteamiento de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, establece que, después de la designación de las nuevas autoridades judiciales y electorales, prevista para finales de 2026. Asimismo, consideraron que establecer una fecha para las elecciones contribuiría a generar certidumbre sobre el futuro político del país y ofrecería un horizonte para el proceso de transición
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ratificaron este jueves 5 de noviembre su respaldo a una propuesta que contempla la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela durante 2027, una vez renovadas las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En una declaración conjunta difundida desde Madrid, durante la XXX Cumbre Iberoamericana, ambos dirigentes señalaron que la definición de un calendario electoral es necesaria para avanzar hacia la transición política y el restablecimiento de la institucionalidad democrática.
La propuesta, que atribuyeron a un planteamiento de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, establece que, después de la designación de las nuevas autoridades judiciales y electorales, prevista para finales de 2026, deberá declararse la falta absoluta del presidente y convocarse a elecciones dentro de los seis meses siguientes.
Machado y González indicaron que ese plazo permitiría celebrar los comicios alrededor del 24 de julio de 2027, fecha del natalicio del Libertador Simón Bolívar, que, según señalaron, ha sido planteada por aliados internacionales y sectores del movimiento ciudadano venezolano.
Avalamos este plan como vía razonable para avanzar hacia la plena recuperación del orden constitucional en Venezuela», expresaron.
Asimismo, consideraron que establecer una fecha para las elecciones contribuiría a generar certidumbre sobre el futuro político del país y ofrecería un horizonte para el proceso de transición.
En el pronunciamiento, los dirigentes también hicieron referencia a la situación de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, e instaron a los gobiernos iberoamericanos a reforzar su compromiso con la defensa de la democracia y las libertades fundamentales.
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Por otra parte, propusieron que Caracas sea la sede de la XXXII Cumbre Iberoamericana, prevista para 2030, y reiteraron su disposición a impulsar acuerdos nacionales orientados a la reconstrucción institucional de Venezuela.