El más reciente informe de IDEA Internacional, The Global State of Democracy 2026: Democracy in an Age of Conflict, arroja luces adicionales sobre las limitaciones de los enfoques tradicionales frente a la autocratización. El documento confirma un estancamiento democrático y un declive preocupante en la libertad de expresión, la efectividad legislativa y el acceso a la justicia a nivel global.
Para Venezuela y América Latina hay allí advertencias ineludibles. Por un lado, destaca la paradoja del conflicto: países que mantienen ciertos estándares y procedimientos democráticos -fachadas institucionales- pero que carecen de competencia política real y derechos exigibles, tienen un riesgo significativamente mayor de incubar condiciones que provoquen conflictos violentos. La relación entre democracia y paz tiene la forma de una «U invertida», con regímenes híbridos o autoritarismos competitivos que se presentan como los más inestables. Asimismo, se confirma que la democracia en la región sigue bajo asedio, sometida a tensiones extremas debido a la polarización, los ataques a las instituciones electorales y la desinformación. En torno a ese preocupante panorama, no faltan las recomendaciones. La rendición de cuentas generada por una sociedad civil activa es un factor clave para mitigar conflictos. Lo ideal es invertir a largo plazo en la cohesión social y el compromiso cívico como cimientos de una paz positiva.
Tales señalamientos hacen más pertinente la añeja observación de que la sola denuncia opositora no basta para promover cambios. Pese a que en un sistema autoritario esta opera casi como la única herramienta disponible, también toca admitir que el escenario venezolano sigue experimentando cambios, de modo que el mismo repertorio que antes funcionó como recurso para mantener la relevancia hoy corre el riesgo de convertirse en una forma de inercia: la comodidad de señalar lo que está mal sin disputar, todavía, quién construye lo que vendrá.
Partiendo del informe de marras, reiteramos que la verdadera contención del conflicto y la reconstrucción democrática pasan por fortalecer el tejido social desde adentro. De allí la sospecha de que el tránsito desde una postura puramente reactiva a una agencia política proactiva sigue siendo, quizás, el desafío más complejo y urgente para la oposición y la sociedad civil venezolana. En tal sentido, y aun cuando la reflexión de teóricos como Pierre Rosanvallon (quien afirma que la legitimidad democrática ya no se reduce al voto mayoritario) aplica a las dinámicas de las democracias contemporáneas, podría decirse que durante años nuestro disfuncional ecosistema político también se ha anclado a eso que el francés asocia a la política del rechazo: una dinámica fundada en la desconfianza organizada y la denuncia sistemática, no pocas veces compulsiva. A merced de esa limitación, la capacidad de los ciudadanos para proponer proyectos positivos comunes se debilita. Si bien la denuncia es un imperativo ético frente al autoritarismo, como estrategia política se vuelve estéril si no va acompañada de la construcción de alternativas tangibles y de resolución de los problemas cotidianos de la ciudadanía. Ante una práctica que se reproduce, ahora bajo tutelaje, ¿cómo dar el salto sustantivo desde la queja a la proposición; cómo replantear los marcos de la acción política aun en las condiciones limitadas que el contexto despliega?
Amén de Imparcialidad (gracias a instituciones independientes que garanticen que el poder no sea capturado por intereses particulares) y Reflexividad (los mecanismos que permiten a la democracia corregirse a sí misma), Rosanvallon apunta una condición esencial para asegurar legitimidad democrática: Proximidad. Hablamos de la capacidad de atender las situaciones concretas y particulares de los ciudadanos, más allá de las reglas generales (mediación, atención a la diversidad, reconocimiento de casos individuales). Sobre esa base, mirando a un largo plazo que suele ser tragado por la incontinencia, y pensando en la necesidad de erigir pilares firmes para una democratización exitosa y perdurable, habría que revisar la pertinencia de algunos abordajes que hasta ahora sólo han agudizado la impotencia. Ese divorcio entre expectativas y realidades que deja a una oposición siempre al borde del deseo fallido, el “exitus interruptus”, también debería examinarse a la luz de la proximidad sacrificada por el homérico “final”, un hijo de la nada, un utópico fruto sin cultivo previo.
He allí otra de las fatales consecuencias de haber tercerizado la propia agencia (y peor aún: de no aceptar ahora la responsabilidad por los costos no previstos de esa gestión, de haberse entregado ayer al atolondrado brindis sin consciencia del mañana). La dependencia del tutelaje o del apoyo irrestricto de Washington impone un tablero con reglas que escapan al control interno. Está visto que, cuando la estrategia interna se subordina a las sanciones internacionales o a la «presión máxima», la oposición se convierte en un actor pasivo al que apenas le queda esperar por resoluciones de los actores con poder y leverage real. Esa atrofia de la agencia política ha generado una ilusión de inminencia anclada al “salvador” de turno, una que desmoviliza a la ciudadanía y desconecta al liderazgo de las bases.
En un país donde los partidos prácticamente se han licuado y cedido sus identidades programáticas -unos para fundirse utilitariamente con el aparato estatal o con el patronazgo de ocasión, los llamados “partido de empleados”; otros para entregarse a la ilusión de alianzas express en torno a un liderazgo único e incuestionable- la situación parece inclinar la balanza hacia un aprovechamiento más efectivo de los apoyos externos por parte de la sociedad civil (incluido el frente de potenciales ingresos que abre el acuerdo petrolero). Se trata de ver ese respaldo como una palanca temporal y no como sustituto de la propia organización, que debe emplearse mientras se construye la capacidad doméstica que tendrá que sobrevivirlo. En las antípodas de la faena puramente reactiva, decía Arendt que la política no es la gestión de lo inevitable, sino la capacidad humana de iniciar algo nuevo, de actuar en pluralidad. Ante el vacío de mediación y representación (que tiene que ser atendido antes de pensar en elecciones, según avisa Marco Rubio), los ciudadanos organizados siguen interpelados por la urgencia de superar la condición de espectadores de su propia tragedia para convertirse en constructores de realidades, y constituirse así en fuente de esa legitimidad que preconiza Rosanvallon.
Al tanto de estas premisas, ¿a qué aplicaciones prácticas nos remite el informe de IDEA Internacional, asumiendo que un eventual cronograma electoral pudiese inaugurarse con la convocatoria a comicios regionales/ locales? Entre otras, cabría mencionar la reconstrucción del capital social justamente desde esos espacios. Como advierte Robert Putnam, la democracia requiere redes de confianza y reciprocidad. La dirigencia está obligada a insertarse en las dinámicas cotidianas y reconocer las realidades complejas que vive cada región -crisis de servicios públicos, educación, salud- no sólo para documentar el colapso, sino para cogestionar soluciones junto a las comunidades. La creación de foros e instancias de deliberación local ayudará en ese caso a romper el aislamiento y la desesperanza, así como el desarrollo de una comunicación propositiva que, de cara a un ecosistema digital minado por la polarización y el acoso algorítmico, transite del catastrofismo a la pedagogía del posibilismo.
Asimismo, frente a un Estado que ha abdicado de sus funciones, a la sociedad civil le toca seguir tejiendo redes de apoyo, desde iniciativas de salud comunitaria hasta programas de educación alternativa. Resolver problemas reales, por pequeños que sean, devuelve a la gente el sentido de eficacia política, la convicción de que organizarse sirve para algo. Hay trayectoria y desempeños reveladores al respecto, de paso. Pese a todo lo vivido, la oposición ha desplegado un potencial electoral considerable a nivel local, pero ese potencial rara vez se ha traducido en capacidad sostenida de gobierno, tanto por el trapicheo institucional del partido-Estado como por debilidades organizativas propias. En un entorno político menos restrictivo quizás habría allí un terreno de agencia disponible e históricamente desaprovechado, que permita construir desde ya el músculo social y organizativo sin el cual cualquier elección encontrará a la oposición en las mismas condiciones de fragmentación y dependencia que hoy se diagnostican.
No se trata, claro está, de autolimitarse o de abandonar las grandes exigencias nacionales, pero sí de aplicar algo que la teoría de la acción colectiva ha documentado en otros contextos. Elinor Ostrom explica que la gestión de bienes comunes (y los servicios públicos esenciales bajo escasez extrema lo son) rara vez se resuelve mejor desde un arreglo nacional único que desde arreglos anidados y localmente responsables, construidos por quienes efectivamente usan y necesitan esos servicios. Archon Fung y Erik Olin Wright (2003) llaman a esto “gobernanza participativa con poder de decisión”: devolver capacidades reales a comunidades organizadas en el plano local no es sólo una táctica de supervivencia política, sino una vía normativamente sólida para reconstruir un aparato público desmantelado por dos décadas de centralismo y depredación institucional.
@Mibelis